Frente común en el Parlamento Europeo para frenar la deriva autoritaria de Viktor Orbán en Hungría. Todos los grupos, salvo la extrema derecha, han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que muestran su preocupación por la situación del estado de derecho en ese país, en concreto por la persecución de las personas LGTBI y por una nueva ley que restringe la libertad del profesorado. PPE, socialdemócratas (S&D), liberales (RenewEurope), verdes (The Greens/EFA) y la izquierda (GUE/NGL) piden al gobierno comunitario que rechace el primer desembolso de los fondos europeos solicitado por Hungría ante la degradación del estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales.
Lo que consideran es que el gobernante ultraderechista incumple algunos de los compromisos adquiridos con la UE y que la Comisión Europea debe tomar cartas en el asunto en tanto y cuanto una de sus funciones es actuar como guardiana de los tratados comunitarios.
La primera cuestión sobre la que llaman la atención de la Comisión es el impulso a una ley que “restringe los derechos fundamentales de los profesores, su libertad de expresión, reduce su autonomía profesional y recorta drásticamente sus derechos laborales, incluyendo el de huelga”. En la misiva, relatan que esa norma limita la expresión de opiniones que son críticas con el Gobierno, incluso si son fuera del espacio laboral. “Permita al empleador monitorizar los dispositivos electrónicos que los profesores usan para la enseñanza, incluso si no ha sido proporcionado por el empleador. Esto afectará no solo a más de 100.000 profesores sino también al derecho a una educación de calidad de 1,3 millones de niños”, advierten los portavoces de esos grupos, que representan al 70% de los eurodiputados.
El otro proyecto normativo que destacan en el que permite a los ciudadanos denunciar actividades que van en contra de “la forma de vida húngara y la Constitución, incluyendo aquellas actividades que violan el papel del matrimonio y la familia. Consideramos que estas disposiciones, una vez implementadas, suponen una grave amenazada a los derechos de las personas LGTBI y a la libertad de expresión”, señalan.
Los cinco grupos consideran que la actuación del Gobierno húngaro no cumple con algunos hitos relevantes establecidos en su plan de recuperación y resiliencia. En concreto se refieren a la mejora del atractivo de la profesión docente y a la mejora de la calidad de la elaboración de las leyes y la participación efectiva de las partes interesadas y los interlocutores sociales en la toma de decisiones. Este segundo punto consideran que se ha vulnerado por que la norma educativa sólo estuvo abierta a consulta pública seis días. “En nuestra opinión, esto hace imposible dar una valoración positiva a la primera solicitud de pago”, afirman.
También recuerdan que el Parlamento Europeo ha dejado de considerar a Hungría una democracia plena y emplaza a los 27 a seguir dando pasos en línea con el procedimiento para bloquear fondos europeos por la decadencia del estado de derecho. En diciembre, la UE decidió congelar 6.300 millones de euros por la deriva autoritaria de Orbán, aunque supuso una reducción de los 7.500 millones planteados por Bruselas para sortear el bloqueo de Hungría a las ayudas a Ucrania y al impuesto del 15% a las sociedades.
“La igualdad, la dignidad y los derechos fundamentales son el núcleo de la fundación de la UE y confiamos en tu compromiso para actuar cuando un estado miembro deliberadamente infringe estos valores”, se despiden los portavoces.