La guerra en Siria no ha terminado e Idlib lo sabe. Situada en el norte del país y en la frontera con Turquía, es la única ciudad que en la práctica todavía está fuera del control del Gobierno sirio y sus aliados y está dirigida por Hayat Tahrir al-Sham (antes Jabhat al-Nusra), calificada por la ONU como organización terrorista, y otras facciones armadas rebeldes. Allí, los aviones rusos y sirios siguen lanzando bombas y la salida y entrada del año han sido especialmente duros.
En uno de esos bombardeos el pasado 11 de noviembre, cinco miembros de la familia de Ali Al-Khader fallecieron. “Mi hermano, su esposa y sus dos hijos pequeños, junto con mi hijo de siete años murieron. Yo me golpeé la cabeza y como resultado tengo problemas de audición”, dice a elDiario.es a través de una grabación de audio.
Ali es uno de los tantos desplazados internos de Siria. Llegó a Idlib procedente del campo de Alepo y ahora vive en una granja ubicada cerca de Ma'aret Misrin, en la campiña de Idlib. Unas 4,2 millones de personas viven en la zona y la mitad ha llegado desplazada de otras ciudades, según la Organización de Coordinadores de Respuesta de Siria.
Ali dice que 16 personas de la familia estaban sentadas cuando escucharon el ruido del avión. De repente “vi fuego y pasó el golpe, las piedras estaban encima de mi cabeza. Grité a mi hermano, pero no me respondió. Estaba muerto detrás de mí. También los demás: estaban todos muertos”.
“Dicen que atacaron a terroristas. ¿Mi hijo y los hijos de mi hermano son terroristas?”, lamenta el hombre mostrando fotografías de los menores fallecidos. Fuentes de la zona aseguran que el lugar atacado era una instalación civil y no una instalación militar o un depósito de armas.
Ataque a una planta de agua
En las primeras horas de 2022, mientras el mundo, incluido Moscú, celebraba el Año Nuevo, aviones de combate rusos y sirios disparaban misiles contra barrios residenciales en la ciudad de Idlib, específicamente en la zona de Jisr al-Shughur, según han denunciado testigos y ONG. Algunos países como Estados Unidos y Francia también han responsabilizado a Siria y Rusia de los ataques contra objetivos civiles.
Tanto la ciudad como el campo son sometidos frecuentemente a bombardeos aéreos y de artillería. Pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Rusia y Turquía en marzo de 2020, la escalada continúa. El primer ataque de 2022 mató a una mujer y dos niños y dejó una decena de heridos, según la información publicada por los Cascos Blancos y el Observatorio Sirio de Derechos humanos.
Uno de los proyectiles cayó el dos de enero sobre la planta de agua de Signar, que suministra agua a miles de personas de Idlib. Un trabajador de la instalación, Mohammad Jamal Diban, dice a elDiario.es que unos 400.000 civiles se habían quedado sin agua potable, lo que hizo que la gente tuviera que recurrir de nuevo a camiones cisterna para abastecerse. “Necesitamos el apoyo de las organizaciones internacionales para reparar la estación y restaurarla a lo que era antes”.
Un alto cargo de la ONU confirmó que la planta de agua quedó “gravemente dañada”. “El país ya se enfrenta a una crisis de agua y la continua destrucción de infraestructura civil solo provocará más sufrimiento. Los ataques contra los civiles y la infraestructura civil debe parar”, afirmó Mark Cutts, coordinador humanitario adjunto para Siria.
“Fuentes fiables señalan que aviones de combate rusos han bombardeado los alrededores de la planta de agua de Signar, dejándola fuera de servicio por el daño causado a las tuberías”, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
En los últimos días de 2021 los aviones de combate intensificaron sus bombardeos en la región rebelde del noroeste de Siria. Entre los lugares atacados se encuentran varias granjas avícolas, que quedaron totalmente destruidas, además de la estación del agua y fábricas de alimentos, dice a elDiario.es un portavoz de los Cascos Blancos, Firas Al-Khalifa.
Al-Khalifa sostiene que este tipo de ataques se dirigen específicamente contra los civiles, ya que tienen por objetivo atacar su seguridad alimentaria, desestabilizar económicamente y mantener a la región “en un estado de no guerra y no paz” al mismo tiempo.
Balance de la tragedia
Según la Red Siria para los Derechos Humanos, 1.271 personas murieron en el país durante 2021, incluidos 299 niños y 134 mujeres. Más de cien fallecieron como consecuencia de torturas, indica la misma fuente. La organización sostiene que la mayor proporción de muertes fue a manos de las fuerzas del Gobierno sirio. Por su parte, la ONG responsabiliza a las fuerzas rusas de la muerte 65 civiles, incluidos 32 niños y 7 mujeres.
A pesar de la disminución del número de violaciones de derechos humanos registradas en comparación con años anteriores, en Siria las ejecuciones extrajudiciales siguen estando entre las más altas del mundo. El director de la Red Siria para los Derechos Humanos, Fadel Abdel Ghani, dice a elDiario.es: “Comparar las cifras de víctimas de este año con años anteriores puede ser engañoso porque hay que tener en cuenta otros ángulos, el más destacado de los cuales es que estos números son acumulativos. La tragedia va en aumento, a pesar de la disminución de muertos. Siguen produciéndose grandes violaciones de derechos humanos por parte del régimen y Rusia. Los secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas continúan y son crímenes de lesa humanidad”.
Abdel Ghani cree que Bashar al Asad y su Gobierno deben rendir cuentas para devolver la estabilidad a Siria y que no puede haber estabilidad en el país mientras el dirigente y su aparato de seguridad “salvaje” –respaldados por Rusia e Irán– sigan actuando contra la población. “Todavía nos queda un largo período de sufrimiento”, afirma, lamentando la falta de interés de la comunidad internacional en la situación actual en Siria.