El 8 de agosto tiene un valor simbólico en la historia de la presidencia de Estados Unidos. La fecha elegida por los agentes del FBI para registrar la mansión de Donald Trump de Mar-a-Lago, en Florida, en busca de material clasificado sustraído por el expresidente, coincidió este lunes con el aniversario de la dimisión de Richard Nixon.
El 8 de agosto de 1974, Nixon renunció a su cargo después de una larga batalla para no entregar las cintas que él mismo grabó de sus conversaciones en la Casa Blanca y que le incriminaban en la operación para encubrir el asalto a la oficina del partido demócrata en el edificio Watergate de Washington, entre una larga lista de abusos de poder. Cuatro años después, el Congreso aprobó la ley sobre documentos y registros presidenciales, el Presidential Records Act, que dejó claro que todo el material producido durante una presidencia, en forma de cartas, notas, grabaciones o cualquier otro tipo de soporte, pertenece al Estado y no al presidente de turno. La legislación obliga a la entrega inmediata del material, que debe ser clasificado y puesto a disposición de la opinión pública y de las posibles investigaciones del Congreso. La ley es parte de las reformas de transparencia, control de la Casa Blanca, regulación del FBI y la CIA y nuevos estándares para las agencias públicas que salieron del escándalo del Watergate.
Las reformas por el Watergate
“El Watergate es una historia esperanzadora. Es una historia sobre cómo funciona nuestro gobierno y nuestra democracia, sobre cómo nos enfrentamos a un presidente corrupto y que abusaba del poder, lo sacamos de su cargo y lo llevamos ante la Justicia. Y al mismo tiempo llevó a un increíble período de reforma de la democracia”, explicaba Garrett Graff, autor del libro más completo sobre el escándalo y sus consecuencias, Watergate: A New History (Simon & Schuster, 2022), en una entrevista con elDiario.es este junio. “Hasta ahora. Una de las cosas que me preocupan ahora es que todavía no estamos viendo el mismo apetito de abordar los abusos de poder de Donald Trump”.
El lunes por la noche, Trump mencionó en un comunicado el Watergate en sus quejas sobre el registro del FBI autorizado por un juez dentro de la investigación sobre la posible sustracción de información clasificada y que pertenece a los archivos nacionales, según la ley y según recordó el encargado de la institución federal en una carta en febrero dirigida a la presidenta de la comisión del Congreso encargada del control presidencial y que revelaba que el expresidente se había llevado a Mar-a-Lago al menos 15 cajas de documentos presidenciales que no debía. Según Trump, el registro oficial se parece al fallido asalto a la oficina demócrata de un grupo de exagentes y chapuzas a sueldo de la campaña de Nixon en 1972.
Como historiador experto en el escándalo de Nixon, Graff explicó este lunes que el asalto al Watergate no se parece en nada al registro del FBI, autorizado por un juez después de haber justificado que hay indicios de delito y que puede haber pruebas de ello en la mansión de Florida. La operación no fue a hurtadillas y se hizo después de informar al servicio secreto que todavía protege al expresidente. Un periodista local, de un medio especializado en política de Florida, fue el que dio la exclusiva del registro poco después de que concluyera.
En cualquier caso, Graff dice que “esta es una de las acciones más significativas, sensibles y políticamente explosivas que hayan tomado nunca el Departamento de Justicia y el FBI: una de las poquísimas veces que ha investigado a un presidente. Conclusión: el FBI y el Departamento de Justicia deben saber que ahí hay tomate”.
El director del FBI, Christopher Wray, fue nombrado por Trump y ha continuado su labor durante la Administración Biden. La continuidad es lo habitual: los presidentes no cambian al líder de la agencia de investigación nacional, a diferencia de lo que hizo Trump, que en 2017 despidió al director del FBI anterior, James Comey, por resistirse a sus presiones en la investigación del apoyo ruso que el republicano recibió en la campaña presidencial de 2016.
Trocitos de papel en el retrete
El hábito de Trump de destruir, llevarse o no preservar documentación está ampliamente documentado desde el inicio de su presidencia. Incluso el borrado de tuits puede entrar en la clasificación de destrucción de información que pertenece a los archivos nacionales y no al presidente. Politico reveló en 2018 la destrucción de notas y otra documentación clave –en algunos casos, el personal de la Casa Blanca intentaba pegar los papeles para guardarlos– y sus asesores han contado tanto a medios como a investigaciones del Congreso que Trump rompía papeles de manera habitual.
Unas horas antes del registro del FBI de la mansión de Mar-a-Lago, la periodista del New York Times Maggie Haberman publicó las fotos de retretes con trocitos de papel con la letra de Trump que coinciden con el relato que le han hecho varios antiguos empleados de la Casa Blanca a la reportera y que recoge en su nuevo libro sobre Trump, que se publicará en octubre en EEUU. El expresidente ha negado haber destruido así documentación pese a los testimonios del personal de la Casa Blanca de atascos de retretes con papeles.
Además de la destrucción de documentación en el momento, los trabajadores de los archivos nacionales encargados de clasificar la información se dieron cuenta de que habían desaparecido cajas de documentos que seguían existiendo. Después de varios intentos durante 2021, los trabajadores de Archivos Nacionales lograron recuperar 15 cajas que Trump se había llevado a Mar-a-Lago y que contenían desde servilletas con anotaciones hasta el carteo con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Entre los materiales recuperados, había “elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional”, según la carta de febrero firmada por el archivero jefe, el bibliotecario David S. Ferreiro.
A principios de este año, el personal de los archivos nacionales seguía haciendo el inventario de documentos, por lo que no podía aclarar si había más documentos que no se hubieran localizado y pudieran estar en manos de Trump, y seguía en contacto con el expresidente y su círculo para recuperar materiales que no se habían depositado correctamente o se habían eliminado (en particular mensajes entre el personal de la Casa Blanca y mensajes borrados en redes sociales).
En la carta, Ferreiro hace referencia a los papeles que, según la revelación de 2018, el entonces presidente rompía y que algunos de sus asesores pegaban después para que pudieran ser guardados en cumplimiento de la ley. En algunos casos, a los archivos llegaron trocitos de papeles rotos.
“Tras el final de la Administración Trump, NARA (Administración de Archivos y Registros Nacionales, según sus siglas en inglés) supo que había más material escrito que el expresidente Trump rompió y que fue incluido en la documentación que nos mandaron. Aunque el personal de la Casa Blanca durante la Administración Trump recuperó y pegó algunos de los documentos rotos, otros de los que hemos recibido no fueron reconstruidos por la Casa Blanca”.
Trump tiene varias investigaciones abiertas tanto en el Congreso como en los tribunales –entre otras cosas, por incitar al asalto al Capitolio, presionar a representantes públicos en Georgia para cambiar el resultado de las elecciones de 2020 y tratar de manipular la votación final de los estados con electores falsos–, pero el registro del FBI del lunes se debe a la posible ocultación y destrucción de material público, según el Washington Post.
“Los agentes estaban haciendo un registro autorizado por un tribunal como parte de la larga investigación sobre si hubo documentos –algunos de ellos clasificados como ”alto secreto“– que fueron llevados a la residencia y club de golf del expresidente en lugar de enviados a los Archivos Nacionales”, según las fuentes del Post.
Los investigadores ya hicieron una visita más informal a la mansión de Trump a principios de junio y estuvieron con el expresidente y sus abogados, según la CNN. En esa visita, los abogados les dieron una vuelta por el sótano de Trump y los agentes observaron documentos en cajas con marcas de información clasificada. Días después, los investigadores mandaron una petición formal a los abogados de Trump para que el sótano fuera cerrado con más seguridad. El FBI, según la cadena, también entrevistó en marzo y abril a varios asesores del expresidente.
Christina Bobb, abogada de Trump, confirmó la visita en junio de los investigadores y que el registro de este lunes se hizo con autorización judicial. Contó que los agentes se llevaron ahora una docena de cajas del sótano.
Los castigos según el código penal
La ley de 1978 no especifica los castigos en caso de que un presidente u otra autoridad pública no cumpla con sus deberes de documentación y transparencia, pero el código penal de Estados Unidos sí ha desarrollado un sistema de sanciones que incluye la inhabilitación para ejercer un cargo público.
El texto clave ahora es la sección 2071 del Título 18 del Código de Estados Unidos sobre los documentos gubernamentales y la gestión de funcionarios y cargos públicos.
“Cualquiera que deliberada e ilícitamente oculte, sustraiga, mutile, borre o destruya o intente hacerlo o, con la intención de hacerlo, sustraiga y se lleve cualquier registro, procedimiento, mapa, libro, papel, documento u otro formato archivado… será multado bajo este título o encarcelado por no más de tres años, o ambos”, dice el texto en referencia a cualquier destrucción de material gubernamental. Además, cualquiera que “tenga la custodia” de esos documentos no solo podrá ser condenado a multa o cárcel, sino que también “perderá su cargo y será inhabilitado para ocupar cualquier cargo en los Estados Unidos”.
Debate constitucional
Este apartado del código penal ya ha sido utilizado para castigar a cargos públicos que sustrajeron o destruyeron documentos públicos en el pasado, como el exconsejero de seguridad nacional de Bill Clinton y el director de la CIA en los 90, John Deutch. Pero nunca se ha condenado a un expresidente o candidato presidencial.
En 2015, el Departamento de Justicia investigó a Hillary Clinton por tener un email privado durante sus años como secretaria de Estado. Aunque la investigación no encontró prueba de delito, el debate sobre los emails de Clinton marcó la campaña presidencial de 2016 y también se debatió la posibilidad de que la demócrata, si era condenada, pudiera ser inhabilitada para un cargo público y, por lo tanto, no pudiera presentarse a la Casa Blanca.
El debate sigue sin estar resuelto, pero varios académicos dijeron entonces que en el caso de un presidente o candidato a la presidencia las condiciones las marca la Constitución de EEUU, con lo que una condena que impidiera presentarse a un político a la Casa Blanca por la gestión de documentos públicos probablemente derivaría en una complicada batalla legal.
Efectos para otras investigaciones
Más allá del caso de los archivos públicos, esta investigación puede sacar a la luz comunicaciones de Trump y su círculo sobre su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y los intentos de revertir el resultado de las elecciones de noviembre de 2020 que ganó el actual presidente, Joe Biden.
La comisión de investigación de la Cámara de Representantes sigue indagando el asalto y los intentos de alterar el resultado de las elecciones, pero corresponde al Departamento de Justicia, que también tiene abierta una investigación, presentar cargos contra Trump. El expresidente podría ser acusado incluso de “conspiración sediciosa” por un intento de derribar el Gobierno de EEUU.
Liz Cheney, republicana y vicepresidenta de la comisión de investigación, dice que el panel del Congreso podría derivar al Departamento de Justicia múltiples acusaciones de delitos contra Trump, aunque los tribunales no tienen por qué esperar a que el trabajo de los congresistas concluya.
La política del Departamento de Justicia arraigada en el precedente de Richard Nixon es que los presidentes en activo no son procesados, sino que deben ser sometidos por un proceso de destitución política –como los dos que pasó Trump–, pero no hay ninguna norma escrita o no contra el procesamiento de expresidentes o candidatos a la presidencia.
La regla genérica que intenta aplicar el Departamento de Justicia es no tomar ninguna acción que pueda interferir en unas elecciones en los últimos tres meses antes de una votación (en 2016, el director del FBI reabrió la investigación sobre los emails de Hillary Clinton cuando faltaban 11 días para los comicios presidenciales y la cerró sin encontrar indicios de delito dos días antes). Este lunes faltaban exactamente tres meses para las elecciones de medio mandato al Congreso.