Los principales grupos políticos de la Eurocámara decidieron conceder el premio Sájarov 2020, que distingue a personas o colectivos por su defensa de los derechos humanos, a la oposición bielorrusa. Así, se reconocía a la “oposición democrática representada por el Consejo de Coordinación, iniciativa de mujeres valientes: la principal candidata de la oposición, Sviatlana Tsikhanouskaya; la Premio Nobel Svetlana Alexievich; la músico y activista política Maryia Kalesnikava; y los activistas políticos Volha Kavalkova y Veranika Tsapkala, así como figuras políticas y de la sociedad civi como el videobloguero y preso político Siarhei Tsikhanouski; Ales Bialiatski, fundador de la organización bielorrusa de derechos humanos Viasna; Siarhei Dyleuski; Stsiapan Putsila, fundador del canal de Telegram NEXTA; Paval Sieviaryniec; y Mikola Statkevich, preso político y candidato presidencial en las elecciones de 2010”.
Pues bien, después de publicarse el comunicado de prensa y de registrarse la candidatura de manera oficial, se fue descubriendo que uno de los nombres, Paval Sieviaryniec, había sido expulsado del PEN Club bielorruso, de escritores y periodistas, por sus declaraciones homófobas tal y como adelanta EU Observer. Tras saltar la noticia y conocerse más del candidato, socialistas y liberales se inclinan por quitarlo de la lista, mientras que los populares defienden el hecho de haber sido preso de conciencia, reconocido como tal por Amnistía Internacional, y debaten si podría resolverse la polémica con una carta firmada por los tres grupos en la que se reconoce su activismo pero rechazan sus comentarios homófobos. En todo caso, todo parece indicar que terminará saltando de la lista. Una lista que, según algunas fuentes, fue coordinada con el colectivo de la oposición bielorrusa; otras fuentes dicen que el nombre de Sieviaryniec llegó en la lista del EPP.
El grupo ultraconservador ECR (el de Vox) también ha presentado la candidatura por la oposición bielorrusa.
“Sieviaryniec merece dos premios. Éste [el premio Sájarov] y un premio para el mayor homófobo de Bielorrusia”, según el líder activista LGBTI de Bielorrusia Nick Antipov afirmó a EU Observer. Antipov forma parte de Make Out, un colectivo que se define como feminista y antidiscriminación. “Cualquiera puede ser víctima del régimen [de Bielorrusia], tanto si eres homófobo como si eres una persona común”, dice Antipov.
Sieviaryniec, cofundador del Partido Cristiano de Bielorrusia, “es una de las primeras personas que afirmó que los gays deben ser tratados, y que el género es una ideología”, explica Antipov, quien afirma que “en 2019 apoyó una petición para que el gobierno aprobara una ley para criminalizar la propaganda LGBTI”. El 4 de junio de 2016, Sieviaryniec concedió una entrevista a Radio Free Europe en la que afirmó que la homosexualidad como norma social destruiría la nación bielorrusa.
ID, el grupo de la extrema derecha de Salvini y Le Pen, proponía premiar a Najeeb Moussa Michaeel, arzobispo de Mosul, por asegurar la evacuación de cristianos y caldeos al Kurdistán iraquí y proteger más de 800 manuscritos históricos que datan del siglo XIII al XIX.
Los Verdes y la Izquierda Unitaria apostaban por los ambientalistas de Guapinol, miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y presos por su participación en un campamento de protesta pacífica contra una empresa minera, cuyas actividades habían provocado la contaminación de los ríos Guapinol y San Pedro. Y, también, por Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, por su activismo ecologista y por los derechos a la tierra de la comunidad indígena Lenka en Honduras.
Además, una cuarentena de eurodiputados de diferentes grupos han promovido la candidatura de los activistas LGBTI polacos Jakub Gawron, Paulina Pajak y PaweÅ‚ Preneta, Kamil Maczuga, quienes fundaron en 2019 la web Atlas of Hate. Hoy en día, más de 100 municipios o autoridades locales de Polonia se han declarado “zonas libres de LGBTI”. En 2020, Gawron, Pajak y Preneta fueron demandados por cinco de esos municipios por dañar su reputación y exigir una disculpa pública y una compensación económica a las “organizaciones favorables a la familia” en las cinco regiones.