Almudena Bernabéu (Alicante 1972) es una jurista afincada en San Francisco que ha trabajado contra la política de tierra quemada y el exterminio indígena en el país a la cabeza de torturas sexuales femeninas del mundo. Inició junto al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional un método revolucionario y muy criticado en 1999 de acogida de casos de justicia universal que no se podían atender en Guatemala, que abrió la puerta a los de Tíbet y Argentina.
Cuando el exdictador Ríos Montt fue condenado por los tribunales de su propio país, una profunda mirada de reconocimiento se volvía hacia España. Se dice que este proceso no hubiera alcanzado la meta sin el esfuerzo de nuestros jueces y fiscales, y de un equipo internacional reunido y liderado por Bernabéu, experta mundial en casos de genocidio.
¿Cómo entraron en contacto con el caso de Guatemala?
Rigoberta Menchú vino a nosotros, la CJA, la ONG para la que trabajo desde hace 12 años, porque en 1996 su caso ante la Audiencia Nacional española estaba estancado. Había presentado la primera demanda por genocidio, terrorismo y tortura sistemática contra Ríos Montt. Nosotros ya habíamos trabajado en la preparación de casos por graves violaciones de derechos humanos en Honduras, El Salvador, Chile, Perú, Argentina, Colombia y Ecuador.
¿Cómo se recibe la conclusión de este proceso para quien ha estado desde su comienzo?
Aquí lo que es primordial destacar, y me enorgullece, es el alto nivel de colaboración internacional clave que se ha dado. Las claves fueron: la presentación de Rigoberta Menchú ante la Audiencia, una excepción. La investigación en la que en 2006 el juez Pedraz y una servidora empiezan a trabajar en el caso. Dos sentencias del sistema interamericano. Por último, lo fundamental para la preparación de documentación: la creación de un equipo de estadistas, antropólogos, documentalistas, abogados. Creamos toda una estrategia y las víctimas no se cansaron nunca viajando a cada país según se necesitara.
Es muy importante para una sociedad de mayoría indígena que se reivindique que fue genocidio y no otra cosa, especialmente para una población que ha sido castigada desde la llegada de los españoles al continente, cuando empieza el maltrato que no cesó hasta hoy. Guatemala es una sociedad muy racista donde siempre se ha abusado del indígena, y es algo muy importante para el futuro de un país que se pusiera por escrito (en la sentencia) la palabra genocidio y se reconociera el odio y maltrato constante que ha sufrido esta población desde hace 500 años.
Es un paso histórico en un país tan débil como Guatemala el consolidar que un crimen es un crimen a pesar de tu envoltorio o excusa política. Que nadie pueda salirse con la suya con crímenes masivos contra la sociedad. Después del arresto de Pinochet, algo cambió en la comunidad internacional ante el respeto a los derechos humanos, este es el segundo paso más grande desde entonces. Pero lo relevante es que ha sido a manos de su país y sus propios jueces. Y esto tiene una relevancia que va a tardar en irse. No hay otro como Ríos Montt que encarna el delito de genocidio interracial.
¿Cuáles son las principales lecciones?
Una, un país sí puede proteger a sus propias víctimas. Dos, el trabajo que ha hecho la Audiencia Nacional amparada en la ley nacional para casos internacionales, como Guatemala, Tíbet, Argentina o Chile, para que estos procesos internacionales puedan tener lugar. Es fundamental y necesario, y no pretenden sustituir al principio de justicia universal (el derecho de la comunidad internacional a intervenir en casos ajenos cuando hay genocidio y la población civil no puede defenderse, o a juzgar a los responsables fuera del país de origen para garantizar un juicio justo). El discurso que hay contrario a esto en España me aburre.
Esto desmitifica la imagen intrusista que se ha fomentado de su labor.
Sí, desearía terminar con esa versión de que estamos violando la soberanía ajena. Básicamente es mentira. Trabajamos por y con las víctimas. Es el ejercicio de una responsabilidad impecable llevada a delante por jueces y fiscales, que ha tenido un efecto sin precedentes en Guatemala. Este sistema produce una defensa efectiva de las víctimas y es lo que al final del día todos debiéramos andar buscando.
¿Es necesario que pase tanto tiempo para que se haga justicia?
Ha pasado mucho tiempo pero tal vez el necesario. Desde el día siguiente que se presentó el informe de la Comisión de la Verdad de 1999, las víctimas están reclamando porque nunca fue suficiente para ellas en cuanto a justicia, aunque sí lo fuera en el aspecto de la verdad. Esto es lo que Rigoberta Menchú en 1999 con toda su valentía lleva ante la Audiencia Nacional, seguidamente en 2000 más abogados guatemaltecos presentan denuncias en su país. Sí es verdad que son casos complejos desde el punto de vista probatorio, por el tiempo transcurrido, por la recopilación de pruebas, y ha hecho falta un determinado espacio de tiempo.
¿Significa todo esto que el proceso de dominación de una sociedad por los militares está debilitándose?
Lamentablemente, los militares no están menos fuertes políticamente pero el Estado guatemalteco sí lo está democráticamente. Las democracias han de pasar un periodo para que puedan con sus propios abogados y sus propios jueces hacerse cargo de casos tan especiales porque son circunstancias históricas y brutales a la vez, son la historia de un pueblo y llevarlas a los tribunales es una cosa muy compleja.
¿Qué ventajas tenía Guatemala para superar esta situación maldita?
Ninguna, aparte de la inmensa dignidad indígena y su deseo de cortar el odio y la injusticia para evitar su réplica futura. Los componentes que han hecho de este caso una circunstancia tan importante son: una sociedad de composición tan compleja, una serie de crímenes con componentes especiales (el racismo) y una democracia tan joven que sin embargo ha sido capaz de llevar todo esto adelante
¿Por qué sin embargo otras democracias mas antiguas no consiguen poner su pasado en orden?
Fundamentalmente por hipocresía. Se creen democracias mas fuertes pero no es verdad, pueden llamarse así pero luego no cumplir con el Estado de Derecho y las normas del Estado de Derecho. Y España ha demostrado que no es más que una democracia aparente y que su división de poderes es aparente cuando un Tribunal Supremo destituye a un juez por cuestiones de que incomodaba lo que hacía. Es algo muy complejo porque en España el Estado de Derecho es muy débil. No basta con decir que hay división de poderes, ejecutivo, judicial y legislativo y los derechos del individuo. La prueba es que llega una fuerza política al Gobierno que no entiende este concepto y ves cómo no respeta el derecho a manifestarse y el derecho de expresión. Y agrede no a uno sino a cientos de manifestantes impunemente.
Dolores de Cospedal difunde este concepto de que a la libertad de expresión y la protesta del escrache se les llama nazismo.
La escuché en una charla informal y quedé atónita. Eso es ignorancia. No se pude explicar de otra manera que como pura ignorancia y total desconocimiento del significado político de la palabra nazismo y fascismo y sus implicaciones humanas y democráticas. Solo se entiende en el desconocimiento absoluto de los derechos sociales fundamentales y su extensión al derecho asociativo, qué es y qué alcance tiene. Además de las graves implicaciones sociales de criminalizar lo que no es un acto criminal. Básicamente si supiera de lo que está hablando no diría lo que está diciendo. En Latinoamerica lo llamamos burrería.
¿Hay novedades desde el día de la sentencia?
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala se ha plegado en hacer algo que no le corresponde como Corte interfiriendo en el proceso para que se anulara. Estos días existe una gran tensión porque la Corte está resolviendo algunos de los amparos interpuestos por Montt y podría finalmente cancelar o anular el proceso. Hasta el lunes (hoy) viviremos esa tensión.
Acaba de salir ahora mismo un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en nombre del presidente anunciando que, contrariamente a lo hecho hasta ahora, apoya el proceso y la legalidad de la sentencia, pide respeto a las reglas del Estado para que la sentencia llegue a ser firme y se haga plena lectura para llegar a la fase de apelación. Esperemos pues que dejen proceder como deben hasta la apelación y ahí la otra parte ejerza su derecho legitimo pero no que se interrumpa con las intrigas de la defensa del dictador. Que el presidente haya hecho valer el proceso es otro hecho histórico inesperado.