El Gobierno italiano ha aprobado un decreto sobre inmigración y seguridad que prevé un endurecimiento de las condiciones para los solicitantes de asilo y expulsiones para los inmigrantes considerados “un peligro social” o condenados en primer grado.
“En caso de peligro social o de condena en primer grado de un solicitante de asilo, será motivo suficiente para llevarlo a un centro para refugiados y comenzar con los trámites para su expulsión”, dijo el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
El titular de Interior ha sido el impulsor de este decreto que modifica la normativa en materia de acogida de refugiados y limita la protección humanitaria de estas personas.
El decreto prevé la retirada de la ciudadanía si existe condena definitiva por terrorismo y amplía el periodo de permanencia en los centros para refugiados de 90 a 180 días. Además, Italia no permitirá la entrada en su territorio a ningún extranjero expulsado de otros países de la zona Schengen.
Por otra parte, los inmigrantes que sufran serios problemas de salud o procedan de países afectados por desastres naturales podrán tener un permiso especial para residir en el territorio. Salvini ha celebrado este decreto y ha dicho que “es un paso adelante para hacer Italia más segura” en un mensaje en las redes sociales.
Es una normativa “para combatir con más fuerza a los mafiosos y a los traficantes de personas, para reducir los costes de una inmigración exagerada, para expulsar más velozmente a los delincuentes y a los falsos refugiados, para quitar la ciudadanía a los terroristas, para dar más poder a las fuerzas del orden”, concluyó.