El Gobierno de Javier Milei embiste contra el proceso de verdad y justicia en Argentina. A través de un decreto ha desmantelado la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) que busca a los niños robados durante la dictadura. La medida se ejecutó en pleno escándalo por la visita de seis diputados oficialistas a los genocidas de la dictadura que están presos en el penal de Ezeiza. Una de las visitantes, Lourdes Arrieta, que se ve en la polémica foto vestida con un tapado naranja, ha sacado a la luz un plan de sus compañeros de partido para liberar a los represores.
Como parte del clima negacionista actual, el pasado 11 de julio seis diputados de la formación del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, fueron al penal de Ezeiza a visitar a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros represores que están presos por crímenes de lesa humanidad. La foto conmocionó al país. Además de Arrieta estuvieron los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. En esa imagen se puede ver atrás a Astiz, emblema del terrorismo de Estado en Argentina.
El exmarino Astiz actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura) y es responsable de haberse infiltrado en el movimiento de derechos humanos. Señaló a las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y a otros siete militantes que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, quienes fueron secuestrados, torturados y arrojados vivos al mar en los vuelos de la muerte. Fue condenado a cadena perpetua. Donda llegó a ser el jefe de inteligencia del grupo de tareas de la ESMA. Tiene dos condenas a prisión perpetua y una sentencia a 15 años de prisión por haber sido parte de la apropiación de su sobrina, Victoria Donda Pérez.
La diputada Lourdes Arrieta se disculpó diciendo que había nacido en 1993 y que no conocía a Astiz, declaró no saber a quiénes iban a ver y llevó el tema a la Justicia. Arrieta acaba de encender el ventilador: ha filtrado una serie de chats entre diputados libertarios y el cura Javier Olivera Ravasi, con proyectos de ley y un decreto presidencial que pretendían que firmase Milei y cuyo objetivo era lograr la excarcelación de represores. El padre Olivera Ravasi es hijo del represor Jorge Olivera y fue quien organizó la visita a Ezeiza: ha sido expulsado de su diócesis. Además, el Papa Francisco se mostró en las antípodas de Olivera Ravasi: a principios de agosto se reunió con Anita Fernández, nieta de Esther Ballestrino de Careaga, víctima de Astiz.
La legisladora nacional, quien probablemente en las próximas horas sea expulsada de La Libertad Avanza, expuso un borrador de un decreto que, como tal, debería llevar la firma del presidente, que tiene por objetivo promover la libertad de aquellos genocidas que se encuentren detenidos habiéndose superado un plazo de 25 años desde la comisión del delito. Por otro lado, el proyecto de ley filtrado por la diputada y denominado “Plazo Razonable” también argumenta en el mismo sentido que el decreto respecto al tiempo máximo de un proceso penal. Pero el plazo propuesto es de 20 años, no 25.
El diputado nacional por el Partido Socialista de Santa Fe, Esteban Paulón, señala a elDiario.es que se va conociendo la trama oculta de la visita a los represores. “Los textos que difundió Arrieta son verídicos, de borradores que circularon en chats de sus colegas libertarios, y evidencian la trama oculta de la visita a Ezeiza”, sostiene Paulón.
“En los proyectos se plantea poner un tope al plazo de detención para incorporar ahí a los condenados por delitos de lesa humanidad. Y abren la puerta para que un juez pueda ser juzgado por prevaricación. Cualquier juez te dice que no firma la liberación de Astiz porque le queman el juzgado. Hay un consenso en la sociedad de que los genocidas se pudran en la cárcel, como sucedió con Videla”, añade.
Por otro lado, Paulón sostiene que lo publicado por Arrieta se suma al debate que se abrió en el Congreso. “Hubo un trato preferencial para esa visita al penal. El Ministerio de Seguridad, tan afecto a los protocolos para reprimir en las calles, no controló bien la entrada de los diputados. Hay que investigar también el rol del Ministerio de Defensa”, afirma.
Defensa y Seguridad, en la mira
La visita de los legisladores a los genocidas no fue un hecho aislado. El Ministerio de Defensa envió a dos altos funcionarios a la unidad penitenciaria que funciona dentro de Campo de Mayo, la principal guarnición militar del país ubicada en la provincia de Buenos Aires. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha pedido públicamente prisión domiciliaria para los mayores de 70 años detenidos por crímenes de la dictadura. Es la misma ministra que retiró las recompensas económicas que el Gobierno ofrecía a quienes pudieran aportar información sobre prófugos que están acusados de delitos de lesa humanidad.
A todo esto, el presidente Milei se desmarcó de la visita a los represores. Al ser consultado sobre la posible implicación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el hecho, el mandatario ultraderechista respondió: “No sé si tuvo algo que ver con esto. Habrá que ver”.
La vicepresidenta lleva más de 20 años militando en organizaciones que reivindican la actuación de los militares en los años 70 y participó en marchas en las que se reclamaba por la libertad de los criminales de la dictadura.
El Gobierno ultraderechista golpea a un movimiento de derechos humanos que es reconocido en todo el mundo. A través de un decreto, Milei ha cerrado una unidad de investigación clave dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad ( Conadi), unidad creada en 2004 por el presidente Néstor Kirchner, peronista de centroizquierda. La Conadi surgió en 1992 bajo el Gobierno de Carlos Menem (peronista conservador), a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que desde 1977 busca a los niños y las niñas apropiados durantes los años del terrorismo de Estado.
Abuelas de Plaza de Mayo restituyó 137 identidades desde su conformación. Según estimaciones del organismo, 500 niños y niñas habrían sido robados durante la dictadura (1976-1983). Asimismo, la administración de Milei ha eliminado la política de entrega de archivos para contribuir a las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
Al cerrar la unidad especial de investigación de la Conadi, Milei argumentó que el Poder Ejecutivo no está facultado a conducir investigaciones y que esa es una atribución del Ministerio Público Fiscal.
“El Gobierno nacional decidió eliminar por decreto el área de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Un área fundamental para la búsqueda de los nietos y nietas que todavía nos faltan. Frente a este nuevo ataque vamos a redoblar nuestro compromiso con la lucha de las Abuelas. Siempre del lado de ellas”, dijo en la red social X Victoria Montenegro, hija de desaparecidos, adoptada por un coronel del Ejército y hoy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.