Ya hay condena firme a Polonia por la persecución a los jueces. Las advertencias de la Comisión Europea por la reforma judicial ya fueron oídas por el Tribunal de Justicia de la UE, que impuso una serie de medidas cautelares a ese país y que, al ser incumplidas, se tradujeron en una multa de un millón de euros al día. Ahora el TJUE ha emitido la sentencia definitiva: la reforma judicial del Gobierno ultranacionalista viola la independencia de los jueces y, por tanto, las normas comunitarias.
La reforma judicial puesta en marcha en 2019 por el Gobierno de Ley y Justicia suponía la puesta en marcha de la denominada Sala Disciplinaria, que tenía capacidad de imponer sanciones a los jueces por el contenido de sus sentencias. La legislación también obligaba a los magistrados a hacer pública su filiación a partidos políticos, fundaciones o asociaciones. Los cambios legislativos hicieron saltar todas las alarmas en la UE y Bruselas llevó el asunto a la justicia europea, que ordenó a Polonia la suspensión de las disposiciones impugnadas por el Gobierno comunitaria.
La negativa del Gobierno polaco a dar marcha atrás llevó al TJUE a imponer una multa de un millón de euros al día a Polonia desde el 27 de octubre de 2021. El castigo supera ya los 500 millones de euros, aunque el pasado mes de abril la justicia europea rebajó la cifra a 500.000 euros por algunos cambios introducidos, como la eliminación de la sala disciplinaria, aunque advertía de que no se había dado cumplimiento completo. “No se han suspendido en todos los casos y con carácter inmediato los efectos de las resoluciones dictadas por la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo por las que se autoriza la apertura de un proceso penal contra un juez o su detención”, señalaba el TJUE en abril.
Ahora la justicia europea reafirma el rechazo a la legislación polaca aprobada hace cinco años, aunque termina la imposición de la multa diaria, cuya cantidad adeudada sí tendrá que ser satisfecha. “La Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo no satisface la exigencia de independencia e imparcialidad. Deduce de ello que la mera perspectiva de que los jueces que tienen competencia para aplicar el Derecho de la Unión corran el riesgo de que dicho órgano pueda pronunciarse sobre cuestiones relativas a su estatuto y al ejercicio de sus funciones, en particular autorizando la incoación de diligencias penales contra ellos o su detención o dictando decisiones relativas a aspectos esenciales de los regímenes de Derecho laboral, de la seguridad social o de jubilación que les son aplicables, puede afectar a su independencia”, señala el fallo de Luxemburgo.
Aunque el Gobierno polaco introdujo modificaciones para poder acceder a los fondos europeos, ya que las modificaciones en materia de justicia eran una de las principales exigencias de Bruselas para ese país, el TJUE sostiene que la Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos que sustituyó al organismo disciplinario tampoco cumple la normativa europea. “El hecho de que la ley modificativa atribuya a un único órgano nacional (la Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos del Tribunal Supremo) la competencia para comprobar el cumplimiento de las exigencias esenciales de la tutela judicial efectiva es contrario al Derecho de la Unión”, señala el TJUE.
También considera que la imposición de un régimen disciplinario como el de la normativa polaca suponía un golpe para la independencia judicial. En el caso de la obligación a los jueces a presentar una declaración escrita en la que indiquen su pertenencia a una asociación, fundación sin ánimo de lucro o partido político para su posterior publicación, el TJUE va un paso más allá al considerar que supone una vulneración de sus derechos fundamentales a la protección de los datos personales y el respeto a la vida privada.
El tribunal de Luxemburgo considera que esa obligatoriedad de publicar los datos “no es apta para lograr el objetivo invocado de reforzar la imparcialidad de los jueces” y podría “exponer a los jueces a un riesgo de estigmatización indebida, afectando injustificadamente a la percepción que de ellos tienen tanto los justiciables como el público en general”.
El Gobierno polaco se revuelve contra el fallo
El Gobierno polaco ha reaccionado airadamente a la sentencia y ha señalado que es una “farsa” porque, a su juicio, no tiene competencias para evaluar el poder judicial de ese país. “Los polacos no tienen derecho a la información según el TJUE para comprobar si los jueces que juzgan sus casos son activistas políticos. Esta es una farsa y una prueba más de que la UE no respetará ningún compromiso”, ha expresado en Twitter el secretario de Estado de Justicia, Sebastian Kaleta.
“Se puede estar en desacuerdo con la Comisión Europea, pero la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE zanja definitivamente la cuestión. Como miembro de la familia europea, insto a las autoridades polacas a que acaten plenamente la sentencia. Esto es necesario para reforzar la independencia de los tribunales polacos”, afirmó tras el fallo el comisario de Justicia, Didier Reynders, informa la Agencia EFE.
La preocupación de la UE por la deriva autoritaria de Polonia -y también de Hungría- viene de lejos. Hace cinco años los 27 pusieron en marcha el procedimiento, bajo el artículo 7 de los tratados, por el constante incumplimiento de valores europeos como la independencia judicial en ambos países y vulneraciones relativas a la libertad de expresión, la corrupción, los derechos de las minorías y la situación de inmigrantes y refugiados en el caso húngaro. Desde entonces el asunto, que podría derivar en sanciones -incluso la pérdida del derecho a voto para esos países- si se concluyera que ha habido una grave y persistente brecha del Estado de Derecho, está prácticamente en suspenso porque Hungría y Polonia se protegen mutuamente.
El último pulso entre Bruselas y Varsovia se produjo la semana pasada a raíz de una ley con la que se creaba una comisión parlamentaria con poder para inhabilitar a cargos públicos por su supuesta relación con las injerencias de Rusia. La Comisión Europea lanzó una advertencia al Ejecutivo bajo la premisa de que esa norma, que consideran que está hecha a la medida para perseguir al dirigente del PPE Donald Tusk, no tiene garantías. El Ejecutivo polaco ha anunciado cambios en la normativa.