“Negación de la democracia”, “ausencia de legitimidad”, “giro autoritario”... En las horas posteriores al anuncio de la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, sobre la utilización del artículo 49.3 de la Constitución, que le da la potestad de aprobar el proyecto de ley de reforma de las pensiones sin voto parlamentario, los diputados de todas las fuerzas políticas de la oposición, así como los principales líderes sindicales, multiplicaron las muestras de rechazo.
Uno de los primeros en reaccionar fue el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que denunció una reforma que “solo ha sido votada por el Senado, no por la masa de los franceses, ni por la Asamblea Nacional, ni por los sindicatos, ni por las asociaciones de trabajadores”. “Es un texto que carece de legitimidad”, ha criticado.
Los sindicatos han convocado una nueva jornada de movilización la semana que viene y han vuelto a exigir al Gobierno que dé marcha atrás con la reforma, que busca retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Tras el anuncio de Borne, este jueves miles de personas han protestado en la plaza de la Concordia, frente al Parlamento francés.
Debilidad parlamentaria
Privada de la mayoría absoluta en las últimas elecciones legislativas, la coalición presidencial esperaba conseguir los votos suficientes entre los diputados del partido de derecha gaullista Los Republicanos (LR) y lograr la aprobación del texto por la vía parlamentaria. Pero inmersos en luchas internas, los líderes de LR no han conseguido imponer la disciplina de voto a una parte de sus 60 diputados.
Además, varios miembros de la coalición macronista también habían expresado su intención de no votar a favor. En este contexto, este jueves por la mañana el jefe del grupo de Los Republicanos en el Senado, Bruno Retailleau, evocaba una “votación muy, muy, muy arriesgada” para el Gobierno y recomendaba que se recurriera al artículo 49.3.
Fragilidad gubernamental
La ausencia de un voto parlamentario fragiliza la posición del Gobierno, que tiene cada vez menos argumentos para defender la legitimidad de un texto muy impopular entre los ciudadanos.
En todo caso, el Ejecutivo ya contemplaba esta posibilidad y había optado por presentar su proyecto de ley bajo la forma de un texto presupuestario: la Constitución francesa limita el uso de la herramienta constitucional a una vez por legislatura excepto si se trata de un proyecto de ley de finanzas (PLF) o de financiación de la seguridad social (PLFSS).
De ahí el formato legislativo elegido para la reforma de las pensiones –proyecto de ley rectificativo de financiación de la seguridad social– que dejaba al Ejecutivo la posibilidad de recurrir al decreto para aprobar el texto en caso de bloqueo parlamentario.
Mociones de censura
Sin embargo, el procedimiento sigue implicando riesgos, especialmente para la primera ministra, que se expone a mociones de censura cada vez que se activa el polémico artículo 49.3. La presidenta de la Agrupación Nacional, la ultraderechista Marine Le Pen, anunció que presentará una moción en los próximos días y su partido ha declarado que votará a favor de “todas las mociones de censura que se presenten contra el Gobierno”.
El Grupo Libertades, Independientes, Territorios de Ultramar (LIOT), un grupo parlamentario que agrupa a diputados de los departamentos de fuera de la Francia metropolitana, también ha anunciado la presentación de otra moción. Y su propuesta debe recibir más votos, al contar con el previsible apoyo de la extrema derecha y de los partidos de la coalición progresista Nupes.
No obstante, es difícil que una moción de censura prospere sin los votos de Los Republicanos. Y su presidente, Eric Ciotti, se apresuró a declarar este jueves que su partido “no va a añadir caos al caos”. “Por eso no nos asociaremos a ninguna moción de censura. No participaremos jamás en una coalición de extremos”, dijo.
En cualquier caso, el fracaso en la construcción de una mayoría parlamentaria para sacar adelante la reforma deja a la primera ministra, Élisabeth Borne, en una situación especialmente complicada. Hasta el punto de que los medios franceses especulan con la posibilidad de la disolución de la Asamblea –algo que decide el presidente Emmanuel Macron– y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas. No obstante, parece improbable que Macron fuerce unos comicios cuando se halla inmerso en una reforma que, según las encuestas, rechaza el 70% de los franceses.
Nuevas movilizaciones
Además, el fin del proceso parlamentario significa que el movimiento social entrará en una nueva fase. “Evidentemente, habrá nuevas movilizaciones”, declaró este jueves el secretario general de la Confederación Democrática del Trabajo francesa, Laurent Berger, que denunció un “vicio democrático” tras la decisión del Gobierno de utilizar el 49.3 para aprobar su reforma. “La protesta ya es extremadamente fuerte”.
Tras la decisión del Gobierno, los sindicatos franceses han convocado una novena jornada de huelgas y manifestaciones para el jueves 23 de marzo. Los líderes de las asociaciones de trabajadores consideran que la aprobación del texto por decreto va a contribuir a alentar nuevas movilizaciones, que en las últimas semanas habían registrado un menor seguimiento que en los primeros días de enero. Aun así, en las últimas semanas varios sectores clave –como el gas, la electricidad y los transportes– continúan registrando paros importantes. Además, unas 7.600 toneladas de residuos se acumulan en las calles de París ante la huelga de una parte del personal de limpieza.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo, Philippe Martinez, ha dicho que “la movilización y la huelga deben aumentar en intensidad”. “La movilización de los ciudadanos bajo el impulso de los sindicatos no ha permitido al presidente de la República disponer de una mayoría para votar su ley. La utilización del 49.3 debe recibir una respuesta a la altura de este desprecio al pueblo”, dijo.