Miles de australianas han salido este lunes a las calles de su país para manifestarse contra la desigualdad de género y criticar al Gobierno por su gestión frente a varios casos de abusos sexuales en las esferas del Parlamento.
Más de 40 marchas se han celebrado este lunes a lo largo de la nación oceánica, incluida una frente a la sede del Legislativo en Canberra donde ha estado presente la exasesora del gubernamental Partido Liberal, Brittany Higgins, que denunció en febrero el presunto abuso por parte de un excompañero ocurrido dentro del Parlamento.
“El sistema está roto, el techo de cristal permanece en su lugar y hay fallos significativos en las estructuras de poder dentro de nuestra institución”, ha denunciado Higgins en un discurso ante la multitud, según ha recogido el canal público ABC.
Tras la denuncia pública de Higgins, cuya supuesta violación sucedió en 2019, otras tres mujeres de identidades desconocidas afirmaron que fueron víctimas de asaltos o tocamientos indebidos por parte del mismo hombre, quien fue despedido por estas acusaciones, y se destapó otra denuncia contra un legislador laborista.
La denuncia de Higgins también hizo que saliera a la luz una acusación contra el fiscal general Christian Porter, por la presunta violación en Sídney hace 32 años de una mujer, cuando esta tenía 16 años. Porter ha asegurado que él no ha sido autor de esa presunta violación y que se mantendrá en su cargo. Además, este lunes ha anunciado que presentará una denuncia por difamación contra la ABC, en cuyo programa Four Corners se hizo pública la denuncia de abusos, aunque sin revelar el nombre del político acusado.
La investigación sobre esta violación fue cerrada hace dos semanas por la policía del estado de Nueva Gales del Sur por falta de evidencias dado que, entre otros motivos, la presunta víctima no hizo una declaración formal antes de su suicidio, que tuvo lugar el año pasado. Pero la policía del estado de Australia del Sur aún investiga las circunstancias del deceso de esta mujer, cuyo caso ha motivado pedidos de diversos sectores para que se realice una investigación independiente como gesto político dado que la vía legal está cerrada.
El primer ministro australiano, Scott Morrison, quien ha respaldado a Porter y se niega a ordenar una investigación independiente sobre las acusaciones contra su fiscal, solo se ha disculpado anteriormente por la manera en que fue gestionada la denuncia de Higgins. Por su lado, la ministra Reynolds, que actualmente está a cargo de Defensa, también se ha disculpado por haber llamado “vaca mentirosa” a Higgins.
“Fui violada dentro del Parlamento por un compañero y durante mucho tiempo tuve la sensación de que a la gente que me rodeaba no le importaba lo que ocurría por lo que pudiera significar para ellos”, ha dicho Higgins, que también ha denunciado el trato que ha recibido después de hacer público los presuntos abusos. “No creo que la gente deba ser aislada, intimidada e ignorada después de incidentes traumáticos dentro del lugar de trabajo. Conté mi historia para, con suerte, proteger a otras mujeres”, ha declarado Higgins al remarcar que de mantener silencio “me habría hecho cómplice”.
“Observé cómo el primer ministro de Australia me pedía disculpas públicamente a través de los medios de comunicación, mientras que en privado el equipo mediático socavaba y desacreditaba activamente a mis seres queridos”, ha acusado Higgins. Por su parte, Morrison ha declarado no tener constancia de ello y ha asegurado que “nunca ordenaría que se hiciese eso”.
Con pancartas que piden “parar la violencia contra las mujeres”, “compromiso con el cambio” o el lema “suficiente es suficiente”, las marchas feministas bajo la etiqueta #March4justice (marchas por la justicia) han reunido a miles de personas en ciudades como Sídney, Melbourne o Hobart.
“Los hombres no son el enemigo, sino los comportamientos corruptos. Cuando veáis o escuchéis de un abuso, denunciadlo, no tengáis miedo”, ha dicho en la marcha de Tasmania Grace Tame, superviviente de abuso infantil y nombrada en 2021 Australiana del Año.
Los organizadores de la marcha llevaban una petición firmada por casi 70.000 personas en la que se pedía que se actuara para proteger mejor a las mujeres de los abusos y el acoso. El objetivo era presentarla al primer ministro, pero Morrison se negó a recibirlas. Sí les ofreció una reunión en su despacho, que fue rechazada por los organizadores.
“Ya hemos llegado a la puerta principal, ahora le toca al Gobierno cruzar el umbral y venir a nosotros. No nos reuniremos a puerta cerrada”, ha tuiteado la organizadora de la marcha, Janine Hendry.
A principios de marzo, el gobierno australiano anunció la apertura de una investigación sobre la cultura laboral en el Parlamento liderada por la comisionada de discriminación sexual, Kate Jenkins, quien deberá entregar su informe final en noviembre con una serie de recomendaciones para cambiar algunas prácticas laborales internas.