Unos 89 millones de mexicanos acuden este domingo a las urnas para elegir al presidente, congresistas, senadores, nueve gobernadores y 3.400 cargos locales. En la elección presidencial, los votantes deberán optar por el continuismo que presentan los partidos de centroderecha (PRI y PAN) o dar un giro político a la izquierda con el candidato Andrés Manuel López Obrador.
Con un país marcado por los altos niveles de corrupción y cotas históricas de inseguridad, las encuestas muestran que una amplia mayoría respalda a López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que por tercera ocasión consecutiva se presenta a la presidencia de México.
Desde 1929 ha gobernado el Partido Revolucionario Institucional (PRI), salvo los dos sexenios del Partido Acción Nacional (PAN) con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), y los sondeos de opinión dan a López Obrador un apoyo cercano al 50 %, lo que supondría que la izquierda llegaría por primera vez a la presidencia.
López Obrador ha logrado agrupar en torno a Morena varias corrientes de pensamiento político, y para los comicios va en coalición con el Partido del Trabajo y Encuentro Social, este último una agrupación evangélica que ha mostrado una posición muy conservadora en temas como el matrimonio homosexual y el aborto.
El político se mide con el conservador Ricardo Anaya, de la coalición conformada por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social, y el oficialista José Antonio Meade, abanderado de la alianza entre el PRI, el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
También participa Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “el Bronco”, quien es el primer candidato independiente en participar en unas elecciones presidenciales, gracias a la reforma político-electoral de 2014.
La violencia generalizada, que acumula miles de asesinatos y desaparecidos a lo largo del país, la corrupción y la impunidad suponen los mayores retos para quien se alce como ganador tras la votación.
De hecho, el lado más oscuro de esta cita histórica lo constituye la violencia durante el proceso electoral (iniciado en septiembre), que se ha ido agudizando conforme pasaban los meses.
Hasta ahora, unas 130 personas han sido asesinadas, incluyendo a 27 candidatos, y se han registrado más de 540 agresiones directas a actores políticos, según un informe elaborado por la consultora Etellekt.
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó en una entrevista con Efe que la violencia “está ahí, lastima y complica más la organización, pero no está impidiendo las elecciones”.
“El contexto de violencia no es nuevo, lamentablemente, en nuestro país”, comentó.
Con su voto, los ciudadanos deciden en manos de quién quedarán los 128 cargos de senadores, 500 de diputados, ocho gobernaturas y la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, entre otros puestos.
El reto logístico que supone una elección de este calibre tiene como eje vertebral el trabajo de 1,4 millones de ciudadanos que ejercen como funcionarios en las 157.000 mesas electorales que han sido instaladas a lo largo del país para recibir y contabilizar los votos. Para vigilar el desarrollo de los comicios, hay 907 visitantes extranjeros de 60 países.
Destaca la misión de observación por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encabezada por el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández e integrada por 60 expertos y observadores.
El jefe de la misión, que se ha desplegado en 25 estados del país, reconoció a Efe que desde la OEA están “preocupados” por la violencia.
No obstante, están “confiados en que se tomarán medidas y el proceso se llevará a cabo de forma adecuada, con respeto absoluto al derecho de los ciudadanos a ejercer el sufragio”.
El presupuesto de este proceso alcanza los 1.217 millones de dólares, el más grande solicitado por el INE para la organización y financiación de los partidos políticos registrados.
Buena parte del presupuesto fue destinado por los partidos políticos para financiar los casi 59 millones de anuncios en radio y televisión para captar las preferencias de los ciudadanos.