Una red de empresas fantasma recibió contratos del Gobierno mexicano y desvió 160 millones de euros
Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el Gobierno federal. “Pero si él sólo hace chambitas de plomería, mire su casa”, dice mientras señala la vivienda que apenas se mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombre, en Villahermosa, Tabasco.
Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno que apenas rebasa los 40 años confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad sólo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad.
Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos que “su empresa” ganó en contratos firmados en poco más de dos años. “Si hubiera tenido todo eso no estaría aquí”. Pero acepta que firmó unos papeles. “Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero (la empresa) era de ellos, y lo de nosotros era prestación de servicio”.
La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7.670 millones de pesos del Gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.
Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3.433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.
El desvío de recursos lo hicieron once organismos, tan variados como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.
Los organismos involucrados son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía al frente a Alfredo del Mazo Maza –gobernador electo del Estado de México–; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.
También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.
En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.
Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el Gobierno federal ha firmado 2.061 convenios, que involucran 31.668 millones de pesos.
Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.
En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de seis meses de Animal Político y MCCI se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados.
Eludir la ley
El esquema siempre es igual. Para eludir la Ley de Adquisiciones, que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir, los organismos firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado.
Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados : distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.
Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.
Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados. Pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.
¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una grabadora. Sin embargo, personal de las universidades, que hablaron a condición de anonimato, dicen que los funcionarios las “sugirieron”, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas.
Más allá de quién seleccionó, la comisión que cobró cada universidad implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, porque recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.
El desfile de empresas fantasma
De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.
Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.
Un primer ejemplo: Publicidad y Mercadotecnia Infinitum S.A. de C.V. consiguió en 2013 dos contratos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la UAEM por 4.934.000 pesos. La contrataron para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Pero el SAT la tiene catalogada desde julio de 2014 como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas.
El mismo Fondo dio en 2013 un contrato por 17.578.000 pesos a la empresa Impactel S.A. de C.V., aunque ésta ya tenía una investigación abierta por la Procuraduría General de la República porque un año antes había incumplido un contrato con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por 68 millones de pesos.
Otro caso. La empresa Dumago System Solutions, S. A. de C. V. supuestamente se dedica al “comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos le dio un contrato de 33.633.000 pesos para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales. Esta compañía no está registrada ante la Secretaría de Economía, el primer requisito para constituir una empresa legal.
Animal Político y MCCI visitaron más de 100 direcciones de empresas y de supuestos
accionistas. Hay ocho firmas que, por ejemplo, nunca estuvieron en los domicilios registrados y en su lugar hay casas particulares ubicadas en la periferia de Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, o Tláhuac, en la capital del país; 12 más que, pese a recibir contratos millonarios, fueron desmanteladas; nueve operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios. Las casas de los accionistas están en colonias populares.
Los contratos irregulares obligaron a la Secretaría de Educación Pública a presentar, el 9 de febrero de 2015, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, según informó a Animal Político y MCCI.
Pero dos años después, la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/050/2015 sigue abierta.
Campesino y trabajadores, los pretextos del fraude
Tener una casa propia es la meta natural de cualquier trabajador y nadie podría criticar que un organismo como el Fondo de Vivienda del ISSSTE simplifique los procesos burocráticos para obtener un crédito.
La Universidad Autónoma del Estado de México recibió 223.000.087 pesos del
FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.
Pero la universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15.389.000 pesos.
También contrató a otras tres empresas —Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena Servicios, S. A. de C. V.— que son investigadas desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.
El ISSSTE dijo a Animal Político y MCCI que los servicios sí se realizaron y que “el Fondo de Vivienda recibió en tiempo y forma todos los entregables derivados de la contratación”.
“Fue la propia Universidad quien declaró expresamente que estaba en condiciones y capacidad de realizar las acciones contratadas”. Y añadió: “no es competencia del contratante (FOVISSSTE) ser auditor del proceso de la prestación de servicios del proveedor (U.A.E.M)”.
Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación encontró lo contrario y concluyó que no hay prueba de que la universidad o las empresas hayan dado los servicios contratados. La ASF explicó que los únicos comprobantes son documentos que “carecen de nombre y firma del personal que elaboró, verificó y aceptó los servicios”, por lo que se realizaron pagos injustificados para servicios que no se realizaron.
Y hay más casos: el programa Proagro debía servir para financiar a productores del campo. El problema es que la Secretaría de Agricultura firmó un convenio por 13.077.000 pesos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que no hizo el trabajo.
Lo que sí hizo esa universidad, sin que hubiera un solo contrato de por medio, fue transferir todo el dinero a siete empresas. Una de ellas fue Comercializadora GEAR, S. A. de C. V., que reportó su domicilio fiscal en Santa María la Ribera, en donde no hay ninguna oficina, sino una casa particular. El inquilino dijo que tiene cinco años viviendo en el lugar y que está “harto” de que personas y el SAT busquen a una empresa que “nunca ha estado ahí”
El dinero también llegó a Fortalitia, S. A. de C. V., CEO Marne México, S. A. de C. V. y Soluciones Globales Reggan, S. A. de C. V. Ninguna de las tres ha operado en la dirección fiscal que registraron, según se confirmó al visitar los domicilios. Y una más, Grupo Comercializador Cónclave S. A. de C. V., que en abril pasado fue declarada como fantasma por el SAT.
Animal Político y MCCI solicitaron a la Secretaría de Agricultura comprobantes de que los servicios se ejecutaron. Vía transparencia pública se pidieron fotografías, documentos, bases de datos o cualquier prueba sobre los servicios. La Secretaría de Agricultura, en su respuesta oficial, aceptó que no existen comprobantes del servicio.
También los analfabetos
El fraude también involucró apoyos destinados a cuatro millones de analfabetos del país. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmó un convenio en 2014 con la Universidad Autónoma del Estado de México por 97 millones de pesos. La contrató para desarrollar una metodología que permitiera la “ubicación de personas de 15 años o más de edad que no supieran leer y escribir un recado en español”.
De nuevo, la Universidad se declaró incapaz de hacer la totalidad del servicio y subcontrató a Estrategia Solutions, S. A. de C. V., que ganó 9.558.000 pesos. Además de no estar registrada ante la Secretaría de Economía, en la visita a su domicilio fiscal en Sevilla 30, colonia Juárez, en la Ciudad de México, trabajadores del edificio confirmaron que la empresa no opera ahí, pero cada determinado tiempo acude una persona a recoger correspondencia.
Del resto del dinero, 87 millones de pesos, no se sabe nada. Animal Político y MCCI
solicitaron, vía transparencia, las pruebas de que el servicio se realizó, pero el INEA respondió que los únicos datos disponibles están respaldados en discos compactos con un “formato inactivo” de lectura, por lo que ya no es posible tener acceso a la información.
Una y otra vez
Los fraudes documentados por Animal Político y MCCI no siempre son iguales. Los casos más simples se resumen en dos pasos: una dependencia del Gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta lo transfiere a una empresa fantasma.
Pero hay casos donde el esquema involucra hasta 12 empresas en un mismo contrato. Una o dos empresas realizan el servicio y el resto cobra por no hacer nada.
Por ejemplo, el gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, estaba al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) en 2013, cuando el organismo firmó tres convenios por 491 millones de pesos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la Universidad Autónoma del Estado de México, un fideicomiso público que ofrece asesorías, outsourcing o capacitación, y cuya gestión es independiente de la Universidad.
Para hacer los servicios “de control, operación y soporte” de la red interna de Banobras, el Fondo contrató a dos empresas, una de ellas Intellego Servicios de Consultoría S.A. de C.V., que se quedó con una comisión y que a su vez contrató a cinco más. Todas, excepto una, tienen una constante: irregularidades —como que no tienen ni siquiera dirección fiscal— que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa.
La única localizada, que opera de forma aparentemente legal, fue QUITZE, S. A. de C. V. Recibió 452.500 pesos para realizar los servicios, es decir, el 1.18% del monto original de los convenios firmados por Banobras. Prácticamente nada. Del resto, 490 millones de pesos, no hay rastro.
Intellego Servicios de Consultoría opera en Paseo de la Reforma 1236. Mauricio Barragán, que se identificó como consultor externo de relaciones públicas de la firma, envió por correo electrónico dos cartas en las que confirmó que la empresa subcontrató a otras para los servicios del FONDICT con Banobras.
Pero sobre la legalidad de esas compañías dijo que Intellego “no verifica el registro de sus proveedores ante la Secretaría de Economía” porque no es de su competencia, y agregó que la emisión de facturas les “da plena confirmación de la ”existencia legal“ de cualquier firma.
Banobras, para probar que se realizaron los servicios, entregó vía transparencia 82 hojas con informes mensuales en los que personal del Banco Nacional describen que las redes de comunicación interna funcionan, pero no se menciona nada del sobreprecio ni del destino final del dinero.
Además respondió a Animal Político y MCCI que “en el presente ejercicio fiscal no se ha suscrito contrato alguno con institución de educación superior” y que “es política de esta administración reducir al mínimo indispensable las contrataciones” usando el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que se violó en este esquema.
Alfredo del Mazo, por su parte, se negó a responder sobre las irregularidades que esta investigación confirma y que ocurrieron durante su mandato al frente de Banobras.
En palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias federales son los responsables aunque los que firman los convenios con las universidades son mandos medios de las dependencias. En el caso de Banobras, la firma estuvo a cargo del subdirector de Recursos Materiales, Luis Efrén Ramírez García; y del gerente de Servicios de Tecnologías de la Información, Gerardo Pavón Luna. Mientras que por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnología (FONDICT) de la UAEM, firmó Erick Harzaín Torres Mulhia, director general.
La estafa documentada por Animal Político y MCCI sumó 7.760 millones de pesos, y fue hecha por 11 instancias del Gobierno federal: el Banco Nacional de Obras (491 millones), el Registro Agrario Nacional (447 millones), la SEP (278 millones), FOVISSSTE y SUPERISSSTE (249 millones), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (138 millones), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 millones), la Secretaría de Economía (96 millones), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 millones) y la Secretaría de Agricultura (19 millones).
Las dos dependencias con los mayores desvíos son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que alcanzó los 2.224 millones de pesos, y Petróleos Mexicanos con 3.576 millones. Esos dos casos se desarrollarán en las siguientes entregas de este reportaje.
De la revisión de los convenios y de cada una de las empresas involucradas, se concluye que 3.433 millones de pesos fueron a parar a empresas irregulares; y las universidades públicas se quedaron con mil millones más por ser parte de la estafa, sin realizar un solo servicio.
Para el fraude, los prestanombres como Francisco, el conserje de escuela, son indispensables. La empresa Maheca, S. A. de C. V., de la que era supuesto dueño, fue creada en 2010 en Villahermosa, Tabasco y en los siguientes dos años ganó 502 millones de pesos en ocho contratos con PEMEX-Producción y Exploración.
Aunque la empresa supuestamente se dedicaba a la “prestación de servicios profesionales propios de los licenciados en derecho y en informática”, fue contratada para la “asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste” de la petrolera. Tampoco hay pruebas de que haya hecho el servicio.
Como parte de la investigación, se visitaron 84 direcciones de empresas y 21 de accionistas en cinco entidades: Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Nuevo León, Chiapas y el Estado de México. Se entrevistó a un centenar de personas, entre supuestos dueños, representantes legales y vecinos de los lugares donde debían estar las empresas, pero nadie conocía la existencia de las compañías.
El equipo de investigación hizo 350 solicitudes de información a las dependencias y
universidades sobre los convenios y contratos que realizaron entre ellas y con las supuestas empresas. Las respuestas sobre los comprobantes de los servicios fueron de dos tipos: que“no existe evidencia” del servicio contratado; o documentos que dicen “sí se dieron los servicios”, pero sin ningún elemento que lo pruebe.
El rastreo de cada una de las 186 empresas incluyó, además, la revisión en el Registro Público de Comercio, Compranet, el Registro Único de Proveedores del Gobierno, el Sistema Empresarial Mexicano, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el directorio de Proveedores y contratistas sancionados y en los Portales de Transparencia de las dependencias.
También la relación de empresas fantasmas del SAT, donde se alista a empresas falsas, que no reportan ingresos o que no cuentan con empleados, pero que aun así fueron contratadas por las dependencias. Y finalmente, en todos los casos, la Secretaría de Economía proporcionó un informe, donde se consigna los nombres de las empresas que ni siquiera tienen registro legal.
