Las cinco muertes ligadas al asesinato de Miroslava Breach

Cada marzo, en la pista de aterrizaje ilegal de Chínipas (Chihuahua) –un pueblo serrano de difícil acceso que colinda con el estado de Sonora–, cantantes de música norteña aterrizan para celebrar el cumpleaños de Alfredo Salazar Ramírez, alias “El Muñeco”, socio del cártel de Sinaloa, preso en México y con orden de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de cocaína.

Alfredo es hijo de Adán Salazar Zamorano, “Don Adán”, encarcelado desde 2011, y patriarca de un violento clan llamado Los Salazares que –lo denunció Miroslava Breach en sus artículos– se ha infiltrado en la política local y la policía de varios municipios de la Sierra Tarahumara.

El sábado 25 de marzo de 2017, dos días después del asesinato de Miroslava en Chihuahua capital, los habitantes de Chínipas eran invitados a una carrera de caballos –en honor de Alfredo– en la pista de aterrizaje del poblado. Entre ellos estaba Nitzia Mendoza, de 18 años, y su amiga Yoselín Morquecho, de 17, quienes observaban la carrera subidas en la parte trasera de una camioneta pick-up estacionada junto a la pista. Pasaban las dos de la tarde cuando los chicas se sacaron un selfie. Según difundió la prensa, en ese instante una avioneta las golpeó en la cabeza y murieron ahí mismo. A pesar de que, las autoridades municipales guardaron silencio e intentaron negar los hechos, un accidente tan inaudito se convirtió en noticia en todo el mundo.

Un testigo de los hechos que pidió el anonimato relató a este colectivo que la tragedia ocurrió porque a la misma hora aterrizaron, no una, sino tres o hasta cuatro avionetas. Dijo que un piloto angustiado, o imprudente, bajó al extremo de la pista donde la gente estaba congregada, y por no aterrizar donde debía, Yoselin y Nitzia no vieron llegar su aeronave. “Levantaron a las plebas [muchachas], las llevaron al centro de salud y el piloto automáticamente, inmediatamente, se fue de vuelta. Así de rápido”, dijo.

Entonces, ocurrió algo que hizo enmudecer a todos los chinipenses: un grupo de personas armadas impidió que la gente saliera del pueblo hasta cerciorarse de que borraran toda foto o vídeo de sus móviles. Esto lo publicó días después El Diario de Chihuahua, y lo confirmó el testigo: “Al salir de la pista, había personas ahí y recogían todos los teléfonos (…), ahí mismo borraron todo (…) entonces salió la gente. No salió nadie antes”.

Cuando los medios locales buscaron a los funcionarios municipales para entrevistarlos sobre la tragedia, ninguno respondió. La dirección de policía de Chínipas negó que ese accidente hubiera ocurrido. Incluso, a diferencia de otras fiestas en honor de Los Salazar publicitadas en Youtube donde se ve a cantantes gruperos [estilo de música regional] exaltando en sus composiciones las “proezas” de los integrantes de ese grupo criminal (algunos de ellos perseguidos por la DEA), en esta ocasión no hubo rastros en Internet. El medio de investigación británico Bellingcat, experto en rastreos de código abierto, confirmó que “existe una ausencia de información de código abierto de imágenes y/o vídeos tomados por participantes del evento ese 25 de marzo”.

La ley del silencio

No hubo indagación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ni siquiera incluyó el accidente entre los ocurridos en 2017, a pesar de que tiene el mandato de investigarlo. La Fiscalía dijo que no tenía el número de matrícula de la aeronave. No hubo más investigación.

Cuando este colectivo preguntó sobre la muerte de Nitzia y Yoselín, no solo en Chínipas sino en otros sitios de Chihuahua o en Sonora, algunas personas colgaron el teléfono cuando se les explicó la razón de la llamada, o gritaron con pánico que si hablaban las matarían. Cinco personas aseguraron que Los Salazar tienen interceptados los móviles y hasta las redes sociales.

Meses después se supo la posible razón del hermetismo. Fue a partir del 25 de diciembre de 2017, cuando el gobernador Javier Corral publicó en Twitter que había sido capturado Juan Carlos Moreno Ochoa –alias “El Larry”–, a quien identificó como el “autor intelectual del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea”. A “El Larry” se le acusa de ser el jefe de los sicarios en Chínipas.

La valiente periodista, quien, al igual que Los Salazares, era originaria de Chínipas, había denunciado que era un pueblo sin ley. Ella misma había cubierto los desplazamientos y asesinatos causados por las disputas territoriales del grupo y su intento por controlar el municipio, ya no solo con las armas. Habían logrado que el PRI postulara a uno de sus miembros (Juan Salazar Gaxiola) como candidato a presidente municipal para las elecciones de junio de 2016. 

Después de tumbar esa candidatura –con un artículo que también sacó la corresponsal de Proceso en marzo de ese año–, y a pesar de que recibió amenazas, Miroslava siguió publicando en La Jornada y El Norte de Ciudad Juárez sus investigaciones. Ella acusó al presidente municipal de ser protector de los narcos y al jefe de su policía (la misma que negó el accidente) de estar comandada por un sobrino de Los Salazares con antecedentes criminales. En el municipio, en sí, escribió, se habían infiltrado grupos del narcotráfico, como otros del estado.

En la audiencia que dio comienzo al proceso judicial contra Moreno Ochoa, “El Larry”, la acusación reveló que testigos indican que el 25 de marzo, este hombre tomó una avioneta desde el aeropuerto internacional de Chihuahua hacia la sierra. Iba con él su hermano de leche, el universitario Wilberth Jaciel Vega Villa, quien, según estableció la fiscalía, había trasladado en su coche al pistolero a casa de Miroslava Breach para que la matara.  

En un artículo de otra jornada en la audiencia judicial, en diciembre de 2017, El Heraldo de Chihuahua informó de que la “avioneta que mató a jovencitas en Chínipas era de 'El Larry” y que “regresaba a ese pueblo después de supervisar el asesinato de la periodista”. De hecho dos testigos coinciden que esa tarde Vega Villa llegó al pueblo y dejó constancia en un selfie que se sacó y mandó a un grupo de Whatsapp. Ese joven, ahijado de Alfredo Salazar, sigue prófugo.

Las circunstancias que rodean el accidente siguen siendo especialmente confusas. Las versiones se superponen, a veces se contradicen, y la identidad de los pasajeros es distinta según cada fuente consultada: que la avioneta recogió a un enfermo grave; que trasladaba a un cantante; que bajó a un hombre armado bajo o que no eran unas sino varias avionetas las que llegaron al mismo tiempo.

Las fotografías de los cuerpos sin vida de las jóvenes, que obtuvo este colectivo, dejan ver que las heridas mortales son pequeñas y precisas: de escasos dos a cinco centímetros de extensión. No parece el tipo de contusiones que una avioneta en movimiento provocaría. La investigación, aparentemente, catalogó el incidente como un homicidio imprudente y cerró el caso.

El piloto

No está claro quién pilotaba la aeronave que aterrizó en Chínipas aquella tarde del 25 de marzo de 2017, pero 16 días después, Jorge David Coughanour Buckenhofer, un piloto aviador dueño de la compañía de aerotaxis AeroCoconor, era asesinado a tiros cuando salía de un restaurante en la ciudad de Chihuahua. Coughanour era conocido por su destreza para volar la serranía, por usar sus vehículos como ambulancias para trasladar enfermos del aislamiento geográfico, y por transportar a personalidades políticas (César Duarte y Javier Corral eran de sus clientes) y a fotógrafos de National Geographic, empresarios mineros o empleados federales.

La noche del 10 de abril de 2017, cuando salía de un restaurante, un coche se colocó junto a su Mercedes Benz. Una persona bajó y le disparó al menos seis veces. Aunque tenían consigo sus credenciales –como consta en el expediente 19-2017-0009981– los agentes investigadores no contactaron con la familia de Coughanour, tampoco respondieron a las insistentes llamadas que recibía de familiares preocupados por su ausencia. Su cadáver pasó toda la noche en la morgue, en calidad de desconocido. La Fiscalía indagó sobre la vida personal del piloto, sus clientes serranos, sus cuentas bancarias o si era presionado para transportar droga, más que sobre el crimen en sí.

El 12 de abril la prensa publicó que la Fiscalía estatal había descubierto que la pistola utilizada para matar a Miroslava Breach era la misma con la que se había cometido este otro asesinato. Cinco días después, el director de la Policía Estatal, Óscar Aparicio, lo confirmó. Sin embargo, en un documento fechado el 11 de abril, un perito en balística forense del Gobierno del estado negaba coincidencias.

Hasta finales de año, cuando el gobernador anunció la captura de “El Larry”, se volvió a vincular al piloto con Miroslava. Fue El Heraldo de Chihuahua el que publicó, sin citar fuentes, que Jorge David era “el piloto de Los Salazar”, y quien ayudó a escapar a los asesinos de Miroslava, y, por ende, quien mató a las jóvenes del selfie.

El 5 de enero de 2018, el dolido padre del piloto publicó un desmentido en el que señalaba: “Ningún avión de la empresa (AeroCoconor) se encontraba volando por esa zona a la hora que se registra el fatal accidente, tanto mi hijo como sus pilotos estaban en Cd. de Chihuahua, esto quedó comprobado ante Fiscalía en su momento”. En efecto, el expediente de la Fiscalía estatal cuenta con una fotocopia de la bitácora de vuelos de AeroCoconor, que abarca del 18 al 27 de marzo de 2017 y no registra vuelos a Chínipas. Los registros del móvil de Jorge David, que la familia llevó a la Fiscalía, mostraban que esos días estuvo en Chihuahua.

El Heraldo sostuvo que la fuente de información sobre el supuesto piloto de “El Larry” había sido la Fiscalía. El periodista que escribió el artículo, un año después, se hizo policía.

El profesor de kárate

Una semana después, exactamente el día 18, en otro punto de la ciudad de Chihuahua, el profesor de artes marciales y psicólogo jubilado, Gabriel Ochoa Cárdenas, fue asesinado a balazos frente a unos gallineros que cuidaba en el patio de una casa vecina. La policía encontró sobre la mano del hombre una pistola Colt de colección, calibre '.38 súper', con unos grabados: un retrato de Zapata, una serpiente azteca y una frase del revolucionario, de la que la armería solo fabricó 200 piezas. Junto al cadáver, una cartulina advertía: “Este es el marrano que asesino (sic) a la periodista Miroslava por orden del 80”. 

El 80 se llama Arturo Quintana y, en marzo de 2017, era jefe en la zona noroeste del estado del grupo contrario a Los Salazar: La Línea, que trabaja para el Cartel de Juárez. El 80 supuestamente también había dejado una nota a unos metros del cuerpo de Miroslava, adjudicándose ese crimen, como explica la primera entrega de este reportaje.

El asesinato ocurrió un día después que Corral anunciara que se tenían ubicados a los asesinos de Miroslava. Los medios difundieron que Gabriel Ochoa tenía parecido con el retrato hablado del gatillero que mató a la periodista, aunque en unos detalles no coincidían, entre ellas que el asesino captado por las cámaras el 23 de marzo era un hombre de unos 25 años, el exprofesor tenía 56. La Fiscalía, de hecho, mostró varias veces el vídeo al hermano mayor de Cárdenas Ochoa, quien aclaró también varias veces que su hermano no era ese sicario.

De la vida del profesor Ochoa se sabe poco: era un hombre huraño, tenía dificultades para caminar, había dado clases de kárate y entre sus clientes hubo policías.

Un exalumno de kárate, quien fue de los primeros en ingresar al terreno tras escuchar los balazos, insinuó al ser entrevistado por este colectivo que la pistola que vio era distinta a la llamativa pistola que publicaron los medios: “Oí que (los policías) decían que la pistola era de un color y cuando salieron las fotos en el periódico era una pistola de otro color. No supe cuándo le cambiaron la pistola”. En el informe policial y un testimonio contenido en el expediente también describen un arma común y corriente, no una fina y vistosa pistola.

La teoría que compartió un fiscal a este colectivo era que los asesinos, al saberse ubicados, mataron al profesor para despistar. Sostuvo que al profesor lo asesinaron con un arma de calibre distinto a la que le “sembraron” junto al cuerpo. Y que esta arma de colección con grabado de Zapata sí fue la que asesinó a Miroslava. Quién sembró esa arma, está aún por verse. Aunque las autoridades tienen imágenes de los automóviles en los que huyeron los asesinos del profesor de kárate, nadie ha sido detenido.

El hombre señalado como sicario

Un informe policíaco escrito a mano, fechado el 20 de diciembre de 2017, indica que el cuerpo de un varón de entre 25 y 30 años de edad fue encontrado con un balazo en un camino de terracería en Álamos, Sonora. Fue identificado como Ramón Andrés Zabala Corral, quien, según la Fiscalía de Chihuahua, disparó contra Miroslava.

Zabala nació, vivió y murió en Álamos, al sur de Sonora, en una franja del territorio controlada por Los Salazares para tráfico de drogas y de migrantes.

Nunca hubo imágenes en la escena del crimen de Miroslava que captara los rasgos de su asesino. El testigo que la fiscalía de Chihuahua aseguró que vio al sicario en plena huida testificó después ante la Fiscalía General de la República y dijo que nunca había visto su rostro. A Zabala lo vinculan también porque –según el expediente- su teléfono aparece en el registro de llamadas que hizo Vega Villa desde la escena del crimen. El colectivo ubicó tres cuentas de Facebook a su nombre. Sus familiares declararon en Sonora que era un hombre callado, que se iba por tiempos largos, que cambiaba de celular y que se molestaba si la familia escuchaba lo que se decía de él en la calle.

A ciencia cierta no se sabe cómo ni cuándo huyó a la sierra ni qué hizo durante los nueve meses que estuvo prófugo. Un columnista de El Universal publicó que un informe de la Policía Federal indicaba que Zabala estuvo esos meses en Álamos, y que “El Larry”, tras bajarse del avioneta se había escondido en la mina Palmarejo, del complejo Coeur Mining, y que ambos contaron con protección de las autoridades. El representante de la minera no respondió a la solicitud de entrevista para este reportaje.

El 9 de febrero de 2018, casi mes y medio después del asesinato de Zabala, integrantes de este colectivo preguntaron al fiscal de la zona centro, Carlos Mario Jiménez, por qué no habían capturado a Zabala si –como dijo Corral- tenían a los asesinos ubicados desde mediados de abril; éste respondió: “Nosotros decidimos no pedir (ayuda) a Sonora. No, porque esas personas (Los Salazar) tienen muchos años allá y todo y no sería más seguro (…). Fue una decisión estratégica”.

Hasta el momento solo Moreno Ochoa, “El Larry”,  ha sido detenido y presentado como el responsable del asesinato de Miroslava.

En los expedientes estatal y federal consultados no hay señales de que hubieran sido investigados empleados de la compañía minera que hubieron podido esconder al prófugo, aunque lo publicó ya un medio; de que se hubiera analizado las bitácoras de los vuelos que despegaron del aeropuerto de Chihuahua o que algún piloto o personal del aeropuerto o servidor público de Chínipas fuera llamado a declarar con relación a las avionetas. Tampoco hay reportes realizados en alguna incursión al territorio serrano controlado por esa familia. 

El fiscal estatal César Augusto Peniche nunca respondió a las solicitudes de entrevista. Quedó constancia en el proceso judicial que se sigue que la fiscalía federal especializada (FEADLE) que tomó el relevo, no ha aportado nuevas pruebas que resuelvan los interrogantes aquí planteados.

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Mañana, en eldiario.es, tercera entrega de la investigación Proyecto M, realizada por el Colectivo 23 de Marzo con el apoyo de las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y CLIP.Forbidden StoriesBellingcatCLIP