Ante la crisis inmobiliaria que afecta especialmente a las grandes ciudades y a la región turística del Algarve, en el sur de Portugal, el recién nombrado Gobierno conservador de Luís Montenegro ha prometido revertir parte del programa 'Más Vivienda', aprobado por el Ejecutivo socialista de António Costa el año pasado.
Entre las medidas que el nuevo Gobierno portugués ha prometido eliminar “inmediatamente” están el fin de las limitaciones a los pisos turísticos y el impuesto adicional que debían pagar este tipo de alojamientos. El primer ministro, Luís Montenegro, justificó este jueves las medidas que, en su opinión, son necesarias para “dar confianza y estabilidad a los sectores inmobiliario y turístico”. Por ello, dice querer acabar con “las graves penalizaciones que el Gobierno socialista impuso a los portugueses que invertían en pisos turísticos” y promete poner fin a la suspensión de concesiones de nuevas licencias que está en vigor en zonas tensionadas por este tipo de alojamientos, así como acabar con la prohibición de transferir licencias a otros propietarios.
Todas ellas eran medidas destinadas a luchar contra la especulación inmobiliaria, pero el nuevo Gobierno las considera “desproporcionadas”. Después del anuncio, la asociación que representa a los empresarios con pisos turísticos en Portugal se ha mostrado satisfecha y ha dado la bienvenida a un horizonte de “estabilidad” que se abre a partir de ahora para el sector.
Más “estabilidad” y menos impuestos
La única medida dirigida a la crisis de la vivienda que aparece en el programa de gobierno presentado por Montenegro esta semana es acabar con los impuestos sobre la primera casa que adquieran los jóvenes de hasta 35 años, permitiendo además que ésta sea financiada íntegramente por los bancos.
Las prioridades del Gobierno son las que ya figuraban en el programa electoral de la coalición Alianza Democrática. Prevé una reducción del IRPF (en Portugal, IRS) para todos los ingresos de hasta 2.529 euros mensuales, una medida que representa una reducción de los ingresos del Estado de unos 1.500 millones de euros. Aún no ha anunciado el porcentaje de la reducción por nivel de ingreso, pero el nuevo Ejecutivo ya se ha comprometido a aprobar una primera rebaja la próxima semana y a seguir aplicando reducciones graduales a lo largo de la legislatura. También seguirá adelante con la privatización de la compañía aérea TAP.
Reducir a 30 días el tiempo que tarda el Estado en pagar a las empresas, avanzar en el diálogo con los distintos partidos para luchar contra la corrupción, negociar subidas salariales para las distintas carreras públicas, poner en marcha un plan de emergencia para la sanidad pública y reducir al 15% los impuestos que pagan los jóvenes son otras de las medidas que el Gobierno considera destacadas.
Este viernes, la Asamblea de la República no aprobó las mociones de rechazo al programa de gobierno presentadas por los partidos situados a la izquierda. El Partido Socialista se abstuvo en las dos mociones presentadas por el Partido Comunista Portugués y el partido de izquierda El Bloco.
De esta forma, el Ejecutivo de Montenegro ya está plenamente en funciones y debería aprobar ya la próxima semana la primera rebaja del impuesto sobre la renta, con el fin de obtener rápidamente el apoyo popular en caso de que la legislatura peligre. Dada la falta de una mayoría parlamentaria que lo respalde, el programa de Montenegro no es muy ambicioso en cuanto a la fijación de objetivos, ya que no está claro cuánto estará en el poder, con el apoyo de apenas el 34% de los diputados.
Con la abstención de los socialistas en la votación del viernes, no ha dependido del voto de la extrema derecha de Chega para tener plenos poderes. Con su 'no es no', el primer ministro ha mantenido hasta ahora que no iba a negociar acuerdos con la formación ultra. Pero para demostrar que busca el diálogo con todas las fuerzas del hemiciclo, el Gobierno ha hecho el esfuerzo de reunir 60 propuestas de los programas de todos los partidos con escaños parlamentarios, aunque algunas sean medidas meramente simbólicas, como la “defensa de la capacidad productiva, innovación, calidad y competitividad de la industria conservera”, parte del programa electoral de los comunistas.
Sin embargo, la elaboración del programa no ha sido objeto de negociaciones en las últimas semanas y la socialista Alexandra Leitão ha señalado que la inclusión de medidas sin negociación “no es señal de diálogo”.
Propuestas de los socialistas
Durante el debate parlamentario, el Partido Socialista portugués ha anunciado que propondrá que las autopistas del interior del país vuelvan a ser gratuitas, cumpliendo así su promesa electoral. Las antiguas autopistas sin peaje (SCUT) son de pago desde 2011, según lo acordado en el plan de asistencia financiera que Portugal tuvo que firmar durante la crisis financiera, pero ahora podrían volver a ser gratuitas. Pedro Nuno Santos, secretario general de los socialistas, defendió durante el debate la urgencia de acabar con los peajes en el interior del país y en el Algarve, como forma de compensar a las personas que tienen poco acceso al transporte público.
La medida podría aprobarse gracias al apoyo de todos los partidos de la oposición –los socialistas, el resto de la izquierda y la extrema derecha– y haría gratuitas las conexiones entre Ayamonte (Huelva) y Lagos, Verín (Ourense) y Viseu, y entre Fuentes de Oñoro (Salamanca) y Aveiro o Torres Novas, entre otras. La medida no está exenta de críticas por no haber sido aplicada durante los ocho años en los que los socialistas gobernaron y porque, según los ecologistas, es el “paso equivocado para promover la descarbonización”.
Pero el secretario general de los socialistas afirma que no fue elegido “sólo para votar las propuestas de los demás grupos parlamentarios, sino para presentar propuestas” y ha anunciado que su grupo en la Cámara presentará otras cuatro propuestas de ley que incluyen la reducción del IVA de la electricidad hasta el 6% o el aumento de las ayudas a las residencias de estudiantes. Nuno Santos dice que esperará para ver qué votan los distintos partidos sobre estas propuestas, que ya formaban parte del programa electoral de los socialistas.
Por su parte, el primer ministro no se compromete con ninguna de las medidas y responde a la presión de esta forma: “Los que no han resuelto tantas cosas en 3.050 días de gobierno quieren ahora decisiones en 60 días”. Los socialistas, que ocupan 78 de los 230 asientos del Parlamento, le están exigiendo que presenten soluciones rápidas a los problemas del país.