El Parlamento Europeo lo acaba de dejar claro: “Pide al Consejo que alcance una posición común con el fin de imponer un embargo a escala de la Unión a la venta de armas a Arabia Saudí [...]; pide un embargo a la exportación de sistemas de vigilancia y otros productos de doble uso que pueden utilizarse para fines de represión en Arabia Saudí”.
El asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul está agitando las posiciones de los países europeos con respecto a Riad. El Parlamento Europeo ya pidió hace tres semanas a España, Francia, Alemania y el Reino Unido que dejaran de vender armas a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, por su repercusión en Yemen y en Oriente Próximo.
Pero desde entonces la tensión ha ido creciendo, y también las respuestas. Alemania ya ha dicho que paraliza su venta de armas, y ha pedido al resto que haga lo mismo. La Comisión Europea está hablando con los Estados miembros para reenfocar la relación con Riad, mientras se mantiene “vigilante” ante la investigación del asesinato. Y el Parlamento Europeo va más lejos: pide el embargo para toda la Unión.
La resolución fue aprobada por 325 votos a favor, 1 en contra y 19 abstenciones. El punto concreto del embargo de armas salió adelante por 242 votos a favor, 23 en contra y 78 abstenciones.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba en el Congreso de los Diputados este miércoles que mantendrá la venta de armas a Arabia Saudí a pesar de las violaciones de derechos humanos y de la “consternación” que le ha causado el asesinato del periodista Jamal Kashoggi. Así lo ha reconocido en una comparecencia en el Congreso en la que ha asumido que no siempre se pueden convertir “los ideales en realidades”. “Si me piden dónde tengo que estar hoy y aquí es en la defensa de los intereses de España y el trabajo de sectores estratégicos situados muchos de ellos en zonas muy afectadas por el drama del desempleo”, ha sentenciado Sánchez. El presidente admitió que la brutalidad del régimen absolutista “no puede impedir que actuemos con responsabilidad” y se ha comprometido a priorizar los intereses comerciales, económicos y laborales de España.