Hace un año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó la creación de una misión internacional de investigación para estudiar posibles violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Venezuela a partir del año 2014. Paul Seils es uno de los tres miembros de ese equipo, que presentó este miércoles su informe final de más de 400 páginas. En este documento –elaborado a partir de 274 entrevistas, documentos confidenciales y fuentes públicas– los autores acusan directamente al Gobierno de Maduro de contribuir a la comisión de crímenes contra la humanidad, en concreto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas.
Seils es miembro del European Institute of Peace y lleva años especializado en casos de derechos humanos. Ha sido jefe de análisis de situación en la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, jefe de análisis en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, director de la unidad de Estado de derecho en la Oficina del alto Comisionado de Derechos Humanos y vicepresidente del International Center for Transitional Justice.
El Gobierno de Venezuela rechazó desde el primer momento la configuración del equipo de investigación diciendo que era un ejemplo del uso político del Consejo de Derechos Humanos. Ahora que el informe está publicado, el Ejecutivo denuncia que no es riguroso y que está plagado de falsedades. ¿Cuál es su reacción a estas acusaciones?
Primero, lamentamos totalmente la falta de cooperación por parte del Estado de Venezuela durante el trabajo de la misión, pero siempre han tenido la oportunidad de hacerlo. Al inicio del trabajo les invitamos a colaborar, a hablar sobre la misión, sobre el mandato… y nunca respondieron. Durante el trabajo también enviamos varias cartas que quedaron sin respuesta. También les dimos la oportunidad de contestar y responder a las conclusiones, pero nunca respondieron.
Es bastante común que los gobiernos de estados donde hay misiones de determinación de hechos o comisiones de investigación no cooperen. Yo he trabajado en otras antes y he visto la misma historia. He trabajado gran parte de mi vida profesional investigando y llevando casos en Guatemala contra el Ejército en materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo indígena durante la guerra civil. Durante todo ese tiempo, por supuesto, el Gobierno y el Ejército nos acusaban de ser comunistas.
Hay que tomarlo en serio, pero uno tiene que entender lo que es; y es una crítica bastante común y sin fundamento. Realmente es un refugio y no es un análisis serio del trabajo.
¿Esta falta de cooperación ha influido en los resultados de la investigación?
Bueno, uno tiene que decir honestamente que por supuesto que cualquier investigación va a ser más rica si tiene información de la gente que parece ser la responsable de las violaciones y los crímenes que estamos investigando. Claro que ayudaría, pero eso no implica que dañe las conclusiones.
Nosotros teníamos que llegar a lo que llamamos un estándar de prueba, un umbral. Ese umbral es que tenemos que establecer motivos razonables para concluir algo. Esto, obviamente, no es el mismo nivel de una condena ante un tribunal penal. No es el mismo grado de certeza porque no tenemos que comprobar de la misma forma. Estamos estableciendo algo a otro nivel. En este sentido, las conclusiones son absolutamente estables y firmes y tenemos un alto nivel de confianza en ellas.
Volviendo al tema de la responsabilidad penal que mencionaba antes, ¿cree que hay alguna posibilidad de que estas acusaciones lleguen a algún tipo de tribunal nacional o internacional?
Bueno, en términos ideales, lo que en mi opinión debe pasar son dos cosas. Primero, que el Gobierno cese las violaciones. Este es un mensaje fundamental. Uno puede acusar a la misión de ser un abuso político del Consejo de Derechos Humanos y muchas otras cosas, pero nadie en su sano juicio va a dudar por ejemplo de que hay abusos y torturas ocurriendo de forma común en las instalaciones de los servicios de inteligencia.
Segundo: investigar e iniciar casos contra los responsables a nivel nacional. Ese sería el mensaje más fuerte y más honesto de que el Estado se está tomando en serio sus obligaciones.
Esto sería lo ideal, pero en términos del mundo real, hasta ahora no hay indicios muy positivos de que el sistema de justicia vaya a cumplir con sus responsabilidades. Si eso no ocurre y si no llevan a cabo las investigaciones, por supuesto que otras instituciones que tienen el mandato de hacerlo pueden hacerlo y esperamos que lo hagan. Eso incluye, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional que está obviamente examinando esa posibilidad ahora mismo.
El informe apunta a lo más alto del Gobierno. ¿Qué les hace pensar como investigadores que el presidente y los ministros de Defensa e Interior contribuyeron a la comisión de esos crímenes?
Básicamente lo que dice el informe es que identificamos dos planes o dos políticas a nivel del Gobierno. Un plan tiene que ver con la represión de la oposición política y la otra política tiene que ver con lo que llamaríamos, en términos vulgares, limpieza social, es decir, una política donde hubo ejecuciones extrajudiciales de gente identificada por agencias del Estado como criminales o vinculados con criminales. Es decir, es una manifestación de lo que hemos visto varias veces en América Latina, especialmente en los años 70 y 80 del siglo pasado.
Gran cantidad de personas han sido asesinadas en el marco de esta limpieza social en situaciones donde era obvio e imprescindible que existiera un alto nivel de planificación, de logística, de comunicación y de recursos humanos. Toda la información que tenemos es que durante los años que estamos investigando, es decir, desde 2014, funcionaba totalmente la cadena de mando, los sistemas de comunicación y la disciplina interna de las fuerzas públicas. Esto lo sabemos no solo de inferencias objetivas, sino también de gente que trabajaba dentro de estos sistemas. En términos concretos, tenemos algunos indicios específicos donde el presidente o el ministro estaban presentes durante las discusiones de varias operaciones específicas.
A ello se suman declaraciones públicas donde el mismo presidente y los ministros indicados admiten que aprobaban y apoyaban lo que estaba pasando. Por ejemplo, si tomamos la declaración del presidente muy poco después de una petición de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde pedía básicamente el desmantelamiento de FAES (Fuerzas de Acción Especial), al día siguiente el presidente dijo ‘¡viva las FAES!’. Es decir, hubo una intención de apoyar y él sabía lo que estaba pasando.
En primer lugar, las autoridades políticas conocieron, apoyaron, dirigieron y planificaron. En segundo lugar: nunca hicieron nada para prevenirlo. Esa es la responsabilidad del presidente y de los ministros indicados.
El informe habla de patrones de comportamiento que les hacen pensar que hay un plan coordinado en cuanto a estos crímenes. ¿Podría especificar o detallar alguno de esos patrones?
La forma en que la misión ha investigado se divide en la identificación de tres contextos: el primero es la represión de la oposición política, otro tiene que ver con las operaciones de seguridad, que es básicamente la limpieza social, y el tercero hace referencia a las protestas políticas. En cada uno de esos contextos investigamos patrones de conducta.
Por ejemplo, en la represión política, vemos primero la práctica de detención arbitraria. Gente arrestada sin orden judicial, gente mantenida incomunicada, pero más preocupante todavía es un patrón de tortura más o menos sistemático, especialmente desde 2018.
En cuanto a la limpieza social, el patrón de conducta tiene que ver con la sistemática ejecución extrajudicial de personas. Lo que vemos en varias operaciones es más o menos el mismo modus operandi –lo hemos visto en muchos otros países de América Latina–: el grupo entra, normalmente a las primera horas de la mañana, cierra la entrada y la salida de la comunidad y dividen a la gente, por ejemplo mandan a otro lugar a las mujeres y niños. Dentro de la casa, en muchos de los casos que investigamos, hubo un montaje de pruebas. Por ejemplo, antes de matar a la persona que habían detenido, dispararon contra la pared para que pareciese que hubo un intercambio de fuego o que el detenido intentaba salir. Y esto no ocurre una o dos veces, sino muchas.
Lo mismo pasa con las protestas. Es cierto que hubo matanzas y posiblemente ejecuciones arbitrarias en el contexto de las protestas, pero tal vez lo más sistemático y más planificado fue la tortura de personas detenidas. Lo que hay que recordar aquí es que estamos hablando de gente ejerciendo sus derechos democráticos, no importa si estamos de acuerdo con el Gobierno o contra el Gobierno, esto no tiene nada que ver. Puede ser que estén violando el derecho nacional en cuanto a asamblea y en cuanto a no tener la autorización necesaria para manifestarse, pero tenemos información absolutamente clara de un patrón de tortura. Estamos hablando de cosas serias como descargas eléctricas, violación sexual… que ocurren en los edificios centrales de instituciones de inteligencia y policía. No está ocurriendo en algún rincón secreto y desconocido.
Asociaciones de víctimas de la violencia cometida por fuerzas de la oposición han afirmado en el pasado que sus voces no han sido escuchadas ¿Es consciente de estas demandas?
Suena como una respuesta muy elegante, pero uno debe tomar seriamente el mandato que tenemos, y ese mandato es investigar violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.
En términos normales, si no estamos hablando de una guerra civil o un conflicto donde combatientes han tomado control de un territorio donde pueden ejercer funciones del Estado, no pueden asumir responsabilidades como si fuera el Estado, es decir, deberes como garantes de derechos humanos. En Venezuela hasta la fecha no estamos en esas condiciones. Es cierto que lo que tenemos en algunos casos son asaltos o ataques por parte de gente de la oposición, pero este no es el mandato de la misión. El mandato es investigar las violaciones de ejecución extrajudicial, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. Todo eso tiene que ver con los deberes del Estado.
¿Cuál es el objetivo del Gobierno en relación a estos crímenes sistemáticos?
Las dos políticas nos parecen bastante claras. La primera es reprimir o callar a la oposición política y la segunda es reducir el problema grave de criminalidad de manera que, en nuestra opinión, viola totalmente sus deberes internos de garantizar el derecho a la vida y el debido proceso.
¿Cree que los indultos políticos como los que vimos el 31 de agosto son una forma de desescalar el conflicto social en Venezuela?
Bueno, hay varias interpretaciones posibles. Lo que yo diría es que tiene que ser bienvenido cualquier paso positivo. Aunque la misión no debe meterse en asuntos políticos, si las condiciones de derechos humanos de algunas personas mejoran, lo celebramos. Y esperamos además que se amplíe rápidamente esta práctica hasta que todos sean liberados. Si es posible para un grupo limitado, debe ser posible para un grupo mucho más amplio.
Segundo, en cuanto a los motivos detrás de ello, uno puede pensar en varias cosas, pero no podemos decir mucho. Lo que digo es que demuestra que el Estado tiene un control de los hechos, sabe lo que está haciendo y no está sorprendido. Por eso espero que amplíe esa medida. Pero sobre todo, espero que también demuestre un cambio de actitud y la decisión fundamental de parar las violaciones.
¿Hay algo que le haya impresionado o afectado especialmente durante la investigación?
Es difícil, pero para mí, que he trabajado varios años en Guatemala, lamento que décadas después de lo que ocurrió en América Latina durante los 70 y 80 –especialmente a manos de dictaduras derechistas, aunque no me importa si son de izquierdas o de derechas– estemos viendo algo tan grave en términos de violaciones sistemáticas de derechos humanos por un Gobierno en la región. No digo que sea igual o parecido. Es triste que no hayamos logrado llegar a una etapa donde se enfrenten problemas políticos sin esta clase de violaciones.