La madrugada de este sábado, Pamela Terán Pineda, una joven política oaxaqueña de 30 años de edad, salía de un bar de Juchitán acompañada de su chófer, Adolfo J, y la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín. Cuando subieron a su auto, todos fueron acribillados por varios sujetos, según las primeras investigaciones de la fiscalía local.
Han pasado cinco días del crimen, y las autoridades solo han emitido un comunicado en el que aseguran que tienen abiertas “varias líneas de investigación” pero no explican cuáles. Tampoco ha habido detenidos hasta la publicación de esta nota; y lo peor es que así ha sido la tónica de esta despiadada contienda política: muchos homicidios, pocos arrestos.
México vive hoy uno de los procesos electorales más violentos de su historia. En los últimos nueve meses, 101 políticos han sido ejecutados, pero las autoridades solo han arrestado a 21 personas por su probable responsabilidad en 14 asesinatos, de acuerdo con un recuento realizado por mexico.com, con información hemerográfica y datos de la consultoría en seguridad política Etellekt.
Al menos 33 militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron asesinados, pero solo 11 personas fueron detenidas por esos crímenes; hubo 16 perredistas ejecutados y dos arrestados; 14 panistas muertos, pero ningún implicado tras las rejas.
Nueve integrantes de Morena fueron asesinados pero solo un presunto responsable fue procesado; seis militantes de Movimiento Ciudadano fueron ejecutados, pero hasta el momento no hay ningún inculpado. A la lista se suman 23 políticos ultimados pertenecientes a otros partidos o independientes, pero solo siete personas fueron apresadas.
Irónicamente, en 10 arrestos, los móviles del homicidio estuvieron principalmente relacionados con robos, un feminicidio, un crimen pasional, una venganza y otro por “diferencias personales”, según los boletines de las fiscalías, conferencias de prensa y reportes de medios. Y en las otras 11 detenciones las autoridades no dieron a conocer las razones de la agresión argumentando que “no descartaban ninguna línea de investigación”. En ningún caso se ha hablado sobre la posibilidad de que el inculpado tuviera relación con el crimen organizado.
La mayoría de estos homicidios ocurrieron en Guerrero (19 casos), Oaxaca (16), Puebla (12), Veracruz (8) y Estado de México (7), estados que se encuentran dentro de los 10 peores calificados en el Índice Global de Impunidad México 2018. El resto de casos se dispersan por el país.
Con el fin de conocer el estatus de las investigaciones, solicitamos entrevista a seis procuradurías locales (Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México y Jalisco) y a cinco partidos políticos nacionales, pero está claro que no están dispuestos a hablar del tema.
El mensaje de impunidad
Para Darío Ramírez, director general de comunicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la falta de detenciones y la opacidad de las investigaciones deja un mensaje claro: “La violencia es bienvenida”.
Él considera que los crímenes contra políticos son proclives a quedar impunes ante un sistema de procuración de justicia que está colapsado por la ola de violencia que tan solo en 2017 dejó un promedio de 70 homicidios dolosos cada día, y al primer cuatrimestre de 2018, la cifra se elevó a 74 asesinatos a diario.
“La impunidad es el olvido. Hay anaqueles del olvido cuando el derecho al acceso a la justicia se vuelve meramente declarativo sin ningún tipo de realidad, creo eso es lo que está pasando en este caso (el asesinato de políticos), pero también en los cientos de miles de homicidios que están ocurriendo en México, donde el nivel de impunidad es del 97%”, opina Ramírez.
Darío dice que es preocupante que hasta el momento no haya una reacción gubernamental contundente ante los asesinatos de políticos, a pesar que se atenta contra la democracia.
“El asesinato es la mayor expresión de censura, es acallar una voz, una actividad política, una idea. Nos preocupa de sobremanera que un fenómeno que habla de una podredumbre de nuestro sistema electoral y de nuestro contexto de democracia pase tan desapercibido, sin una reacción de Estado”, asegura Darío Ramírez.
¿Por qué asesinan políticos?
Analistas en seguridad consideran que estos crímenes no son asesinatos fortuitos, sino que son el reflejo de la lucha entre grupos de poder —políticos y criminales— a nivel local.
En opinión de Alejandro Hope, experto en seguridad nacional, estos homicidios explican la propia evolución del crimen organizado en México, donde los políticos y la población están a merced de pequeñas células que pelean, ya no por toda una plaza, sino por fracciones de territorio, como los municipios.
“Para estas bandas, los gobiernos locales son fuentes de información para saber quién quiere una licencia de operación, quién quiere construir algo. Son un músculo en la medida que puedan controlar a las policías locales, es decir, se hacen de un brazo armado. Y también sirve de fuente de ingresos, ya sea por extorsión a gobiernos municipales o por contratos de obra pública, por eso el control de los gobiernos locales se vuelve más importante y pone en más riesgo a los que quieren contender por un cargo”, dice Hope.
El doctor Guillermo Garduño Valero, analista en seguridad nacional y catedrático de Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explica que estos grupos criminales han creado cacicazgos municipales donde coexisten con las fuerzas políticas, pero cuando hay elecciones los pactos o acuerdos tienen que cambiar.
“(Con las elecciones) la composición de la administración local cambia y el sistema de alianzas se renueva o termina, porque hasta ahí llega el sistema de influencia. Y una de la salidas es la violencia, porque en estructuras de esta naturaleza los pactos no son eternos”, opina Garduño.
En su columna publicada en el diario El Financiero, el analista de seguridad Eduardo Guerrero opina que los grupos criminales tienen diferentes intereses en los candidatos locales según la zona geográfica.
“En Chihuahua, los criminales buscan contar con protección para desplazar droga por las rutas que van a la frontera norte. En Michoacán y en Morelos los criminales no sólo quieren que se les garantice impunidad, sino también apropiarse de una tajada del presupuesto e incluso nombrar a algunos funcionarios clave en los ayuntamientos”.
Rubén Salazar, director de la consultora de seguridad Etellekt —que ha dado un puntual seguimiento a las violencia contra políticos en esta campaña— sostiene que estos asesinatos están directamente ligados a la imposición de candidatos políticos. Él dice que halló esa hipótesis partiendo que el 90% de las ejecuciones de políticos se dio en el periodo de precampañas.
“(Los criminales) que quisieron imponer a su candidato lo hicieron en el periodo de precampañas. Una vez iniciadas las campañas, partiendo que ellos (los criminales) ya eligieron a alguien, entonces han venido asesinando a la competencia. Han atacado a las estructuras. Se han desecho de brigadistas, exalcaldes u otros operadores políticos que tienen influencia”, asegura Salazar, quien brinda servicios de consultoría estratégica sobre riesgos de seguridad a políticos.
Este junio representa la recta final de las campañas, pero la violencia no ha dado tregua. En uno de los fines de semana más trágicos —2 y 3 de junio— fueron asesinadas tres mujeres políticas: Pamela Terán Pineda en Oaxaca, Juana Iraís Maldonado y Erika Cázares, en Puebla. Por eso se explica que a tres semanas de que termine la contienda, decenas de candidatos de Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz sigan pidiendo protección. Algunos de plano, han suspendido sus actividades proselitistas en un México que se supone democrático.