Polonia y Hungría están en el punto de mira del resto de la UE desde hace tiempo. Los gobiernos de la ultraderecha han llevado a esos países a situaciones límite, como la amenaza a los derechos de las mujeres o de las personas LGTBI, que han provocado la contestación del resto de aliados europeos, especialmente de la Eurocámara, que es la institución más dura. Ahora, a las puertas de que Viktor Orbán asuma la presidencia rotatoria en 2024, el Parlamento Europeo cuestiona que pueda asumir esa función de forma “creíble” y pide al Consejo “una solución” mientras que la Comisión Europea lanza una advertencia a Polonia por la ley con la que teme que persiga a la oposición. Ambos países, que siempre han hecho tándem aunque ahora se han distanciado por la relación con Vladímir Putin, perturban periódicamente a sus socios con su deriva autoritaria.
Bruselas ha rechazado el plan del gobierno ultranacionalista de Mateusz Morawiecki por teléfono, por carta y ante los colegas de los 27. La norma preveía inicialmente la creación de una comisión de investigación parlamentaria, presidida por el primer ministro, y compuesta por ocho diputados de su elección, para analizar las injerencias de Rusia entre 2007 y 2022. Ese organismo tendría la capacidad de inhabilitar cargos públicos sin validación judicial.
El Gobierno polaco, acostumbrado a lanzar órdagos a Bruselas y mantener el pulso ante las amenazas de las instituciones europeas por los sistemáticos quebrantamientos del Estado de Derecho, defendió inicialmente su normativa, pero días más tarde el presidente, Andrzej Duda, ha anunciado enmiendas para modificarla en los asuntos más espinosos, como la inclusión de disposiciones para prohibir que los miembros del parlamento puedan formar parte de la comisión, permitir apelaciones ante el tribunal general y eliminar las sanciones para ocupar un cargo público.
Polonia pisa el freno ante el aviso de Bruselas y EEUU
La marcha atrás llega después de las advertencias de Bruselas pero también de EEUU. La sospecha que planea detrás de la maniobra del Ejecutivo polaco es que la ley era un traje hecho a la medida para perseguir a la oposición y, en concreto, al líder de la Plataforma Cívica, Donald Tusk, que fue primer ministro entre 2007 y 2014 y, posteriormente, presidente del Consejo de la UE. El presidente de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, acusó a Tusk de encubrir el accidente de avión en el que falleció su hermano, el entonces presidente del país, para llevar a cabo “una macabra reconciliación con Rusia”. El viceministro de Agricultura, Janusz Kowalski, subió el tono del señalamiento al asegurar que la comisión de investigación tendría que “llevar al prorruso Tusk ante un tribunal y meterle en la cárcel”, recoge la Agencia EFE.
“Esta nueva ley plantea serias preocupaciones en términos de conformidad con la legislación de la UE, ya que otorga poderes significativos a un organismo administrativo que podría ser utilizado para prohibir a las personas de público cargo y que, por tanto, podría restringir sus derechos”, expresó el Comisario de Justicia, Didier Reynders, en una misiva enviada al gobierno polaco en la que reclama documentación para poder analizar el proceso legislativo: “Estos documentos serán importantes para la evaluación de la Comisión para decidir posibles próximos pasos”. Ahora la Comisión Europea tendrá que aguardar y analizar las modificaciones una vez que se ejecuten.
No es la primera vez que Polonia tiene que dar marcha atrás. Ya ha tenido que revertir algunas cuestiones relativas al sistema judicial para intentar desbloquear los fondos de recuperación.
Los 27 iniciaron hace cinco años el procedimiento, bajo el artículo 7 de los tratados, por el constante incumplimiento de valores europeos como la independencia judicial en ambos países y vulneraciones relativas a la libertad de expresión, la corrupción, los derechos de las minorías y la situación de inmigrantes y refugiados en el caso húngaro. Desde entonces el asunto, que podría derivar en sanciones -incluso la pérdida del derecho a voto para esos países- si se concluyera que ha habido una grave y persistente brecha del Estado de Derecho, está prácticamente en suspenso porque Hungría y Polonia se protegen mutuamente.
La Eurocámara no quiere a Orbán al frente de la UE
Ante esa situación, el Parlamento Europeo ha vuelto a intensificar la presión, al menos para que quede constancia desde el punto de vista político. En septiembre, aprobó una resolución en la que concluía que la Hungría de Orbán ya no es una democracia plena. Unos meses más tarde todos los grupos, a excepción de la extrema derecha, reclamaron a la Comisión que bloquee los fondos europeos por la degradación de los derechos LGTBI en ese país y por la situación del estado de derecho con el impulso de una ley que persigue la libertad del profesorado.
La Eurocámara ha ido un paso más allá esta semana al aprobar por amplia mayoría -de nuevo con el apoyo de todos los grupos desde el PPE hasta la izquierda- al cuestionar que Orbán pueda asumir la presidencia rotatoria de la UE que a Hungría le corresponde en 2024. Sostienen que no podría desempeñar sus funciones de manera “creíble” y con una “cooperación leal” con el resto de instituciones“. Por eso instan al Consejo a ”que encuentre una solución apropiada lo antes posible“.
Entre las medidas que plantean los eurodiputados están la alteración de los turnos para la presidencia o que otros países asumieran parte del semestre que le corresponde. Nadie en el Consejo que preside Charles Michel ni en los estados miembros están en ese escenario. Boicotear la presidencia húngara, plantándola en las negociaciones, por ejemplo, es otra opción que planeó en el debate de la resolución. “Privar a esta presidencia de toda la purpurina y el atractivo, nada de fotos, nada de eventos ostentosos”, dijo la liberal Sophie In’t Veld.
Fuentes comunitarias miran con muchos recelos la posibilidad de arrebatar a Hungría los seis meses de la presidencia. Aunque sostienen que sí habría margen para hacerlo, consideran que sería contraproducente. “Daríamos a los críticos con la UE en Hungría más razones para demoler lo que hemos tratado de construir gradualmente durante los últimos años”, alegan esas fuentes, que consideran que es necesario ampliar el europeísmo en ese país y sostienen, además, que cambiar el orden de la presidencia no sería ninguna solución para los retos que tiene la UE.
El Gobierno húngaro, que tiene bloqueados 7.500 millones de euros de los fondos europeos por su deriva autoritaria, ha cargado contra la Eurocámara, a la que ha acusado de “no respetar los valores europeos ni la democracia”. “No aceptan los resultados de los ciudadanos”, aseguró esta semana en Bruselas la ministra de Justicia, Judit Varga. “Tener la presidencia es una obligación y no un derecho. Hungría va a tener la presidencia”, aseguró antes de explicar que los trabajos preparatorios ya han comenzado: “Es un órgano político que pone presión”. “Quizás en las próximas elecciones los ciudadanos se darán cuenta de que necesitamos otro Parlamento Europeo”, advirtió la dirigente de una extrema derecha que cada vez tiene más representación en Europa.