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Cuatro preguntas para entender la disputa entre Chile y Bolivia por la salida al mar

Bachelet y Morales en una reunión reciente./ EFE

Natalia Chientaroli

En la plaza Murillo de La Paz estallaba un improvisado carnaval, mientras en Santiago, una serena y seria Michelle Bachelet enfrentaba ante las cámaras el enésimo golpe de su escaso año y medio de mandato. La decisión de la Corte Internacional de Justicia de la ONU de atender la demanda de Bolivia para obtener una salida soberana al mar se lamentó o se celebró como definitiva aunque es en realidad un primer paso. Aunque, es verdad, se trata de un paso de gigante en la reapertura de un conflicto que lleva enfrentando a los dos países desde hace más de 130 años.

“Bolivia no ha ganado nada. Este pronunciamiento (…) no afecta en nada a nuestra integridad territorial”, zanjó con firmeza Bachelet. “Sabíamos que tarde o temprano se iba a hacer justicia”, proclamó un entusiasmado Evo Morales, que agradeció al pueblo boliviano por “no haber claudicado nunca en su causa”. Pero ¿qué es lo que realmente se están jugando estos dos países sudamericanos en La Haya? Algunas claves para entenderlo.

¿Cuándo perdió Bolivia la salida al mar?

En realidad todo empezó con otro Morales. El presidente boliviano Agustín Morales, que accedió al poder en 1871 tras derrocar a Mariano Melgarejo. En nuevo mandatario canceló los acuerdos de Bolivia con Chile para la explotación minera y el transporte de mercancía en lo que se llamaba la provincia Litoral. Antofagasta, la orilla de Bolivia en el Pacífico.

El enfrentamiento por los impuestos con los que Morales esperaba aumentar la recaudación y la enemistad política entre el gobierno aliado de Perú y Chile acabaron por generar en 1879, tras varios acuerdos fallidos, uno de los enfrentamientos bélicos más grandes del siglo XIX: la guerra del Pacífico. 

Chile mostró en ella su supremacía naval y en 1883 consiguió anexar la provincia boliviana de Antofagasta y las peruanas Arica, Pisagua e Iquique. Así, tras perder 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, Bolivia se convertía con Paraguay en los únicos países mediterráneos de América y uno de los 32 que hay en el mundo.

¿Qué establece el tratado de 1904?

En el tratado que invoca Chile, Bolivia reconoce la soberanía chilena sobre el territorio de Antofagasta. Chile, a su vez, garantiza libre tránsito de bienes bolivianos, exentos de impuestos, entre los puertos chilenos y Bolivia, además de la construcción de un ferrocarril que una La Paz con la costa. Desde entonces Bolivia ha reclamado una renegociación de esas condiciones, sin éxito.

¿Qué reclama Bolivia?

El gobierno de Evo Morales presentó la demanda contra Chile en 2013, en la que reclama que ambos países negocien una recuperación efectiva de una salida al mar para Bolivia. El argumento es que su situación ha impedido el desarrollo y crecimiento del país. En efecto, recuperar una salida propia al océano incrementaría el volumen de negocios boliviano, que actualmente exporta 1,6 millones de toneladas de materias primas a través de los puertos chilenos. No paga impuestos por ello pero sí los costes del transporte. El Banco Mundial calcula que los países sin salida al mar comercian un 30% menos que los que sí la tienen.

¿Qué significa el fallo de la Corte Internacional de Justicia?

En principio, significa que el reclamo boliviano merece ser atendido. Chile había aducido que la corte no era “el foro adecuado” para decidir sobre un tratado que se encuentra vigente. “Nada de lo que alegue La Paz puede modificar ese texto”, sostienen. Ahora que La Haya se ha pronunciado a favor de empaparse del tema, Chile y Bolivia tendrán un tiempo para preparar sus argumentos. “Estamos seguros de que dejaremos en evidencia tanto las ambigüedades y contradicciones como la falta de fundamento de la demanda boliviana”, ha asegurado Bachelet en su intervención pública.  La corte no decidirá sobre el problema fronterizo sino que dictaminará si ambos gobiernos deben sentarse a negociar o no. Y su decisión es vinculante.

Para Bolivia, esto abriría significaría un gran espaldarazo a sus reclamos, y abriría unas perspectivas enormes de conseguir la ansiada salida al mar. Para Chile, cualquier cesión en la zona representaría importantes pérdidas económicas, ya que el país tiene en el área costera numerosos gasoductos.

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