El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció este lunes en televisión la detención y traslado ilegal a Turquía de Orhan Inandi, que llevaba desaparecido desde el 31 de mayo en Kirguistán y a quien acusa de ser una importante figura dentro del Movimiento Gulen. Erdogan culpa a este grupo de perpetrar el intento de golpe de Estado de 2016 que acabó con unos 265 muertos.
Orhan Inandi es un ciudadano turco que llevaba viviendo en Kirguistán 26 años y obtuvo la nacionalidad del país en 2012. Es el fundador de la red de escuelas Sapat, un conglomerado de 25 instituciones educativas asociadas a los seguidores del predicador Fethullah Gulen.
Se trata de una operación más de los servicios secretos turcos (MIT) en el extranjero, tal y como ha confirmado el presidente. La inteligencia turca lleva años trasladando a sus enemigos a la fuerza hasta Turquía en operaciones ilegales calificadas a menudo de “secuetros” y en las que se salta el procedimiento establecido de extradición, en ocasiones con el consentimiento y participación de las autoridades locales.
“A través de su trabajo único y paciente, el MIT ha devuelto a Turquía al jefe de FETO [nombre que utiliza el Gobierno para referirse al Movimiento Gulen] en Asia Central, Orhan Inandi”, dijo Erdogan en un discurso en televisión al tiempo que mostraba imágenes de Inandi detenido. “Incluyendo a Orhan Inandi, la última captura, más de 100 terroristas de FETO han sido traídos del extranjero desde que ocurrió el fallido intento de golpe de Estado en Turquía en 2016”, señaló Erdogan.
“Mi familia y mi corazón están realmente destrozados. No esperábamos esto. Nuestros teléfonos han estado sonando desde anoche. El pueblo kirguís me pide disculpas en nombre de su país. Esta no debería haber sido la recompensa de los 26 años de arduo trabajo de Orhan”, ha señalado su mujer, Reyhan Inandi. Por su parte, un trabajador de las escuelas de Orhan dice a elDiario.es que ahora temen por su seguridad.
“Cuando los medios informaron de su desaparición, inmediatamente reuní a los directores de las agencias de seguridad y les ordené hacer lo que pudieran para encontrarle lo antes posible y mantener la atención sobre las fronteras”, ha señalado este martes el presidente kirguís, Sadyr Japarov, en una entrevista con la agencia 24KG. “Resulta que ha habido tres intentos de secuestrarle desde 2016. El último fue en invierno, cuando los agentes del Comité Estatal de Seguridad Nacional le salvaron. Se le recomendó ir siempre acompañado de guardaespaldas, pero no hicieron caso”, ha añadido el presidente, que asegura haber entregado una nota de protesta al embajador.
La desaparición
El pasado 31 de mayo, Orhan Inandi salió de casa sobre las ocho de la tarde. Según su mujer, iba a una reunión en una cafetería cercana a su casa, situada en la capital de Kirguistán, Biskek, pero nunca volvió.
“Le llamaba, pero no respondía. Se hizo muy tarde y empecé a buscarle físicamente sobre la una y media de la madrugada”, contó a elDiario.es la mujer. Su hermano, su hijo y un amigo de la familia se sumaron a la búsqueda. Poco después encontraron el coche de Orhan abandonado a unos siete kilómetros de casa. Estaba abierto y tenía una rueda pinchada. Esa misma noche, las autoridades de Kirguistán iniciaron su búsqueda.
Desde el primer día, todas las miradas apuntaban a Turquía y a diario se han producido concentraciones frente a su embajada en Kirguistán, donde familiares, colegas y amigos de Inandi sospechaban que estaba secuestrado. “Es más que un rumor. No puedo revelar su identidad, pero fuentes de dentro y fuera de la embajada nos han dicho que está ahí. Es lo más probable y tenemos razones para creerlo”, señalaba la mujer. La ONG Turkey Tribunal, liderada por el antiguo viceprimer ministro belga Johan Vande Lanotte, dijo también haber recibido pruebas de que Inandi estaba encerrado en la embajada.
Visitas oficiales
El embajador turco negó a las autoridades de Kirguistán las acusaciones del secuestro y cuando Inandi llevaba una semana desaparecido, Erdogan anunció una visita al presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov.
“El presidente Japarov preguntó a su colega Recep Tayyip Erdogan sobre Orhan Inandi, que ha desaparecido en Kirguistán. Erdogan ha contestado que no le conoce, que no tiene información y que no quiere escuchar nada de gente que apoya a FETO”, declaró entonces el portavoz del presidente kirguís a la agencia de noticias 24.kg. Ese mismo día, Erdogan afirmó en la rueda de prensa conjunta que ambos líderes discutieron “los asuntos de la lucha contra el terrorismo, incluido FETO”.
Por otro lado, el viernes pasado el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, visitó Kirguistán y Tayikistán. “FETO sigue teniendo presencia en Kirguistán y esto es un tema sensible de seguridad nacional para nosotros. Será un problema no solo para nosotros, sino también para Kirguistán y debe ser abordado con cuidado. Hemos afirmado que estamos preparados para una cooperación y apoyo interinstitucional. Hemos recordado nuestra petición de tomar todas las medidas necesarias”, dijo el ministro, que también anunció progresos en términos de formación militar, equipamiento y cooperación defensiva. No se sabe si algunas autoridades de Kirguistán han participado en el traslado de Inandi a Turquía.
El modus operandi
Desde el intento de golpe de Estado de 2016, el Gobierno de Erdogan ha puesto en marcha una operación secreta para detener a miembros del Movimiento Gulen en el extranjero y llevarlos ilegalmente a Turquía en un programa similar al de entregas extraordinarias de terroristas desplegado por EEUU tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En este caso, cuando los objetivos pisan tierra turca, el Gobierno confirma su participación y el liderazgo de los servicios secretos turcos, el MIT.
Hace un año, los relatores especiales de la ONU en desapariciones involuntarias; derechos humanos de los migrantes; promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y sobre la tortura escribieron una carta al Gobierno de Erdogan mostrando su preocupación ante “lo que parece una práctica sistemática de secuestros extraterritoriales y devoluciones forzadas de nacionales turcos desde múltiples países”.
“En 2017, la agencia de inteligencia turca (MIT) creó supuestamente un departamento para llevar a cabo las operaciones en el extranjero, al que se cree que el Gobierno ha asignado cinco millones de dólares para que se utilicen presuntamente para pagar a varios grupos criminales o ilegales a cambio de lograr los objetivos establecidos”, dice la carta.
En ocasiones estas operaciones se llevan a cabo con el apoyo de algunas autoridades locales, pero eso no lo convierte en legal. En junio de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Moldavia por una operación de marzo de 2018 en la que siete ciudadanos turcos que trabajaban en una de las escuelas afiliadas al Movimiento Gulen fueron deportados ilegalmente a Turquía.
El caso de Mongolia
Normalmente, los objetivos desaparecen en sus países de residencia y vuelven a aparecer horas después ya detenidos en Turquía una vez ha concluido la operación. La desaparición de Inandi durante 35 días no es lo habitual e indica que algo podría haber salido mal. En Mongolia se dio una situación similar en 2018, cuando Veysel Akçay, otro director de escuelas relacionadas con el Movimiento Gulen, salió de casa hacia el colegio y fue secuestrado.
“Nada más salir a la calle vi a dos personas acercarse a mí. Se notaba que no tenían buenas intenciones. Intenté escaparme, pero no pude. Me cogieron de los brazos y me llevaron hacía un coche. Grité pidiendo socorro. Una mujer que pasaba por ahí hizo una grabación de vídeo y avisó a la policía”, relató a elDiario.es. Cuenta que pasó varias horas en el coche. “Lo único que pensaba era que me llevarían hasta la frontera rusa y de ahí me subirían a un avión para deportarme, pero más tarde me di cuenta de que estábamos dando vueltas alrededor del aeropuerto”.
Finalmente, los secuestradores de Akçay le dejaron de nuevo cerca de su casa sobre las siete de la tarde. Durante todas esas horas en las que estuvo desaparecido, familias, colegas y simpatizantes se agolparon en el aeropuerto, donde había aterrizado un avión sospechoso procedente de Turquía. De hecho, el Gobierno de Mongolia prohibió el despegue del avión y el ministro de Exteriores señaló que cualquier deportación de Akçay sería una “violación inaceptable de la soberanía e independencia de Mongolia”.
Una investigación posterior reveló que el avión, con matrícula TT4010, pertenecía a la empresa BirleÅŸik Ä°nÅŸaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Åž, registrada en el número 61 de la calle Ahmet Hamdi, en el suburbio de Ankara de Yenimahalle. Esta es precisamente la ubicación donde se alojan los miembros de los servicios de inteligencia turcos, cuya sede también está en la misma calle. La misma empresa tenía otro avión que tan solo un mes antes había aterrizado en Kosovo y, esta vez sí, había logrado deportar ilegalmente a seis ciudadanos turcos –también profesores– que posteriormente fueron condenados a prisión.