Al menos 18 manifestantes han fallecido y 30 han resultado heridos este domingo en Myanmar por la represión de la policía y el ejército en las protestas contra la junta militar, según datos de la Oficina de derechos humanos de la ONU, en el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.
“En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal”, denunció el domingo en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Según las informaciones recogidas por este organismo, las muertes han ocurrido como resultado de los disparos contra manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.
Las fuerzas de seguridad han abierto fuego de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder al pueblo y liberar a los políticos detenidos tras las protestas.
En Mandalay, la segunda ciudad más poblada y donde los militares afrontan una gran oposición, uno de los manifestantes murió al recibir un disparo en la cabeza efectuado por los uniformados, según ha declarado a EFE un testigo que ayudó a recuperar el cadáver. El portal Myanmar Now ha informado de seis heridos de bala. En Mandalay, otro joven ha fallecido por herida de bala al ser alcanzado por un disparo procedente de las autoridades, ha apuntado el canal Democratic Voice of Burma, mientras el diario Mizzima ha informado de al menos cuatro heridos por disparos contra una casa.
En Dawei, en el sur del país, la policía ha disparado varias rondas de munición real contra los manifestantes y la prensa local ha informado de tres fallecidos y una decena de heridos. El número de muertos, que con los 18 de este domingo ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el sublevamiento, podría aumentar dada la violenta represión desatada por las autoridades a lo largo del país.
“Myanmar es un campo de batalla”, ha denunciado el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país.
La policía usó también el domingo balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes levantaron en Rangún barricadas improvisadas para frenar las acometidas.
A pesar de las cargas y violencia policial, los manifestantes han regresado una y otra vez a las calles al rebajarse la tensión y en desafío a las fuerzas de seguridad, apoyados en las calles de Mandalay por unidades militares. En Mandalay un grupo de manifestantes detuvieron a cinco policías que viajaban en un coche, blanco y sin la identificación policial, cuyo maletero transportaba al menos media docena de armas y numerosa munición, según recoge el diario The Irrawaddy.
479 detenidos el sábado
Desde hace semanas, centenares de miles de personas se manifiestan en contra de la junta militar y exigen la puesta en libertad de todos los arrestados tras el golpe de Estado, entre ellos la depuesta líder, Aung San Suu Kyi.
El canal público MRTV, ahora bajo control militar, informó la noche del domingo de la detención el sábado de 479 personas acusadas de “protestas contra el Estado” durante una de las jornadas más violentas desde el levantamiento. La Oficina de derechos humanos de la ONU calcula que en el mes de manifestaciones más de 1.000 personas han sido detenidas “de forma arbitraria e ilegal” y que entre ellos hay varios responsables políticos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.
La Oficina de la alta comisionada de la ONU ha afirmado que solo durante el domingo se detuvieron al menos 85 profesionales médicos, estudiantes y siete periodistas que estaban en las protestas.
La junta militar ha asegurado, por su parte, que la policía utiliza la fuerza mínima contra las manifestaciones, mientras el diario oficialista “The Global New Light of Myanmar” ha publicado este domingo un artículo donde la policía amenaza con “tomar acciones legales” contra los líderes de las manifestaciones.
La directora regional de Investigación de Amnistía Internacional, Emerlynne Gil, ha calificado de “terrible y sumamente alarmante” el uso de medios letales por parte de las fuerzas de seguridad para responder a “manifestaciones totalmente pacíficas”. “Deben dejar de inmediato de hacer uso innecesario de la fuerza contra manifestantes y poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente”, ha dicho Gil. “El deber de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, sean policías o militares, es facilitar las reuniones pacíficas. No deben causar daño a quienes se manifiestan ni, desde luego, emplear medios letales”.
La junta militar destituye al embajador de Myanmar en la ONU
El ministerio de Myanmar de Asuntos Exteriores ha informado de la destitución de su embajador en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, tras pedir el pasado viernes en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU medidas contundentes para terminar con el gobierno militar.
El comunicado del ministerio acusa a Kyaw Moe Tun de cometer un delito de “alta traición” contra el país y “abusar de los poderes y responsabilidades” durante su intervención, que terminó con el gesto de alzar tres dedos popularizado entre la oposición a los militares.
El relator especial de la ONU para Myanmar, Tom Andrews, ha ensalzado el gesto de “valentía” de Kyaw Moe Tun y ha pedido, en un mensaje en Twitter, que los países actúen contra el gobierno militar.
El Ejército ha justificado la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.
A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Birmania hacia una “democracia disciplinada”, como la denomina el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país.
La UE subraya que la violencia no legitimará el golpe de Estado
“La violencia no dará legitimidad al derrocamiento ilegal del Gobierno democráticamente elegido. Las autoridades militares deben detener de manera inmediata el uso de la fuerza contra los civiles y permitir a la población expresar su derecho a la libertad de expresión y de asamblea”, ha declarado en un comunicado el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
Borrell ha añadido que al disparar contra ciudadanos desarmados “las fuerzas de seguridad han mostrado un flagrante desprecio por el Derecho internacional y deben rendir cuentas”.
“Este fin de semana, el ejército birmano ha incrementado su brutal represión de protestas pacíficas en el país, lo que ha dejado a muchos manifestantes muertos o heridos”, ha afirmado el político español, quien ha recalcado que los países miembros de la UE “apoyan decididamente al valiente pueblo birmano, que está defendiendo su democracia”.
Los ministros de Asuntos Exteriores comunitarios han asegurado este lunes en una declaración conjunta que la UE “está dispuesta a adoptar medidas restrictivas dirigidas a los directamente responsables del golpe militar y sus intereses económicos”.