Todo estaba preparado para que la presidencia rotatoria del Consejo de la UE fuera un escaparate electoral en distintos puntos de la geografía española para los encuentros informales de ministros y una cumbre en Granada, pero el golpe al PSOE en las autonómicas y municipales del 28 de mayo cambió el rumbo para el país con el adelanto electoral, que coincidirá con el arranque del semestre. Esto sembró la incertidumbre sobre las manos en las que acabarán las negociaciones de expedientes clave para los 27 en los próximos seis meses, como las reglas fiscales, la reforma del mercado eléctrico o el pacto migratorio.
Pedro Sánchez ha dado un golpe de efecto al arrancar la presidencia, que en el caso de los jefes de Gobierno tiene más de simbólico que efecto ejecutivo, en Kiev junto a Volodímir Zelenski. “Esto dice mucho de lo importantes que los próximos seis meses van a ser para Europa”, dijo el presidente ucraniano a los 27 sobre la invitación que había hecho al español.
Desde que Sánchez decidió adelantar las elecciones, el Gobierno ha lanzado un mensaje de normalidad respecto a la gestión del semestre europeo, a pesar de que la primera consecuencia fue el retraso de la tradicional comparecencia en la Eurocámara para que no coincidiera con la campaña. También se adelantó unos días el habitual viaje del Colegio de Comisarios, que desembarcará en Madrid el lunes para mantener una reunión con el Gobierno de coalición.
Todo lo demás seguirá su curso, incluidos los consejos informales previstos en julio (Energía, Empleo y Pesca) y que el PP maniobró en Bruselas para intentar cancelar. Las organizaciones sociales, como Ecologistas en Acción, han anunciado movilizaciones aprovechando esas citas que se celebrarán en Valladolid, Madrid y Vigo para reclamar cambios en la política europea. Algunas serán en plena campaña.
Al Gobierno que asume la presidencia le corresponde pilotar los debates y negociaciones en el seno de la UE, que en gran medida controlan los equipos técnicos. Pasadas las elecciones, la coalición de Sánchez entrará en funciones hasta la formación de un nuevo Ejecutivo. Un cambio de gobierno en plena presidencia no sería inédito, pero sí inusual: ocurrió en 1995 cuando François Mitterrand cedió el testigo a Jacques Chirac cuando aún quedaban dos meses de presidencia francesa y justo un año después la situación se repitió en Italia.
Alberto Núñez Feijóo, que carga contra Sánchez por no haberle dado información de primera mano que los conservadores han recibido a través de la correspondiente comisión parlamentaria, anunció este jueves la creación de un equipo de trabajo al que encargaría tomar el testigo de lo relativo a la presidencia si llega a Moncloa. Ese grupo de doce personas, del que sólo forman parte dos mujeres, está compuesto por exministros, eurodiputados y embajadores de la órbita del PP.
“Vamos a ganar las elecciones”, ha respondido Sánchez en Bruselas, confiado en que sus ministros no tendrán que ceder el testigo de los dosieres europeos a los de otro color político. Por su parte, más allá de decir que tiene al equipo preparado por si se da esa circunstancia, deslizó que no movería la silla del embajador ante la UE, Marcos Alonso, que es una pieza clave de las negociaciones que están en marcha.
¿De qué se hablará en la UE?
Uno de los temas fundamentales que se abordarán en la UE los próximos seis meses será el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que quedó suspendido desde la irrupción de la pandemia. Ahora los 27 han acordado volver a la ortodoxia para alcanzar unos objetivos de deuda máxima del 60% y de déficit del 3%. La intención de Bruselas es que esas reglas fiscales den flexibilidad a los Estados para encontrar su hoja de ruta, pero Alemania y otros países del norte se oponen a ese planteamiento y quieren que haya unos criterios cuantificables comunes. El ministro de finanzas germano, Christian Lindner, quiere que la reducción de la deuda sea de un 1% anual hasta llegar al objetivo.
Al gasto expansivo que se ha visto en la UE los últimos años se suma ahora el problema de los tipos de interés, que ha afectado a sus finanzas al aumentar los intereses de la deuda para los fondos europeos. Se han dilapidado ya 15.000 millones y Bruselas ha pedido a los Estados miembros unos 19.000 hasta 2027, como parte de los 66.000 millones extra que plantea en la revisión del Marco Financiero Plurianual.
La batalla está servida y también le tocará a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, o su sustituto lidiar con ella. Alemania y otros frugales apuntan a recortar de otras partidas antes que hacer nuevas inyecciones para la deuda frente al criterio de otros países, entre ellos España. En medio del debate ha irrumpido el ultraderechista Viktor Orbán, que ha acusado a los “burócratas” de la Comisión Europea de llevar a la UE al “borde de la bancarrota” y amenaza con bloquear la revisión del presupuesto europeo, que también contempla nuevos fondos de los miembros para hacer frente a la migración.
Precisamente el pacto migratorio es otro de los asuntos que la UE pretende tener listos antes de que acabe el año. Es una de las cuestiones que más divide a los 27 entre sí y con el Parlamento Europeo, que apuesta por el reparto obligatorio de refugiados mientras que los gobiernos se han abierto a la “solidaridad flexible” que permitiría a algunos de ellos renunciar a la acogida con el pago de 20.000 euros por persona rechazada. La negociación va a ser dura. Hungría y Polonia ya han adelantado que, como hicieron en 2015 con la crisis de la guerra siria, pretenden saltarse cualquier tipo de cuota obligatoria.
La reforma del mercado eléctrico es otra de las patatas calientes que heredará la presidencia española después de que la sueca fracasara en el último intento. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, apuntó a la convocatoria de un consejo extraordinario para solventar el desencuentro, que especialmente está entre Alemania y Francia por la energía nuclear. El punto de partida se alinea más con los intereses de las grandes energéticas que con la posición que había defendido España.
Esos cambios entran dentro del reto de la UE frente a la crisis energética y que en ocasiones se ha circunscrito al paquete medioambiental Fit for 55 con el que los 27 pretenden reducir en un 55% las emisiones para 2030 y lograr la neutralidad climática en 2050. Los intereses económicos y electorales se han cruzado en ese camino y algunos expedientes están en riesgo. El PP se ha acercado a las posiciones de la extrema derecha y ha rechazado la ley de restauración de la naturaleza, que se juega la última partida en la Eurocámara en julio.
El principio y fin en Ucrania
Sobre la mesa hay cientos de expedientes, de los que 50 son imprescindibles, según fuentes gubernamentales, y van desde el nuevo reglamento de la inteligencia artificial, que tiene en la utilización de datos biométricos por parte de las autoridades el principal escollo negociador, hasta la ‘ley riders’ europea, que los 27 avalaron con reticencias de España por falta de ambición.
Pero en lo que coinciden todas las instituciones, desde el Gobierno español hasta la Comisión Europea, es que la guerra en Ucrania será la prioridad. Más allá de aguardar la contraofensiva frente al ataque ruso, octubre está marcado en rojo en el calendario de Bruselas y Kiev porque será entonces cuando se produzca la evaluación del ejecutivo comunitario sobre los pasos que ha dado el Gobierno de Volodímir Zelenski en los requisitos que la exigieron como paso previo para iniciar las negociaciones para su adhesión a la UE. Será entonces cuando los 27 tendrán que decidir si se abren formalmente –y en tiempo récord– y buena parte del proceso recaerá sobre la presidencia española.
Desde luego es lo que el presidente ucraniano le trasladará a Sánchez en el primer día del semestre. “Es un momento histórico para empezar las negociaciones sobre la incorporación de Ucrania a la UE”, les dijo a los líderes de los 27 este jueves.