Mélanie Vogel fue una de las primeras parlamentarias francesas en hacer campaña para que el derecho al aborto gozara de protección constitucional “para que nunca más pueda ser cuestionado en Francia”. Esta senadora del Partido Ecologista, representante de los franceses en el extranjero en la cámara alta, se define como “feminista, lesbiana y antirracista”, también como “pragmática y, por tanto, radical”. Ese pragmatismo le permitió, trabajando junto a un pequeño grupo de parlamentarias de distintos grupos políticos, vencer la resistencia en el Senado y lograr la aprobación del texto que consagra la “libertad garantizada” de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en la carta magna.
“Es importante tener un país que diga que en nuestra sociedad no puede haber dudas sobre el derecho al aborto, que es una condición de la República francesa, al mismo nivel que el laicismo o la libertad de prensa”, dice la senadora en una entrevista con elDiario.es.
Francia no es un país en el que el aborto estuviera directamente amenazado. ¿Por qué era necesario darle esa protección constitucional?
De entrada, diría que no es totalmente cierto que el aborto no esté amenazado en Francia. Desde que comenzamos este camino hacia su inscripción en la Constitución hemos visto cómo diferentes grupos antiaborto se movilizaban, cómo había un gran esfuerzo de lobby en el momento de los debates. Además, aunque en Francia el aborto está legalmente protegido, hay dificultades de acceso por la desigual disponibilidad de servicios de salud en el territorio nacional.
Más allá de estas cuestiones, siempre he defendido que era absolutamente necesario inscribir el derecho al aborto en la Constitución en un momento en el que no esté amenazado por el Parlamento. Porque si esperamos a que lo esté, significa que ya es demasiado tarde. El objetivo es garantizar que nunca una mayoría parlamentaria pueda destruir lo que se ha construido en la ley actual. Dicho de otra forma: no se inscribe un derecho en la Constitución porque esté amenazado, se inscribe para que nunca pueda estarlo.
Hay también un contexto internacional, con países como EEUU que están retrocediendo en la legislación sobre el aborto.
La demanda de la inscripción constitucional de la interrupción voluntaria del embarazo es una reivindicación antigua, no data de 2022. Las feministas siempre hemos considerado que, como nada es seguro, siempre es mejor tener una protección más completa. Pero está claro que la anulación de [la sentencia histórica que garantizaba el derecho en EEUU] Roe vs. Wade en 2022 creó unas condiciones que hicieron que el debate público considerase nuestra propuesta como más necesaria.
En la tribuna del Congreso, en Versalles, habló de una victoria “colectiva” y “sorora”.
En Francia, para cambiar la Constitución hay que conseguir la mayoría en las dos cámaras (Asamblea Nacional y Senado). En la Asamblea, cuando el Gobierno cambió de opinión –porque al principio no estaban a favor–, sabíamos que era fácil conseguir la mayoría, con la suma de la izquierda y la coalición presidencial. Sin embargo, en el Senado [de mayoría conservadora] no estaba nada claro. De hecho, al principio se consideraba que era imposible porque recientemente habían votado en contra de varias cuestiones relacionadas con el aborto, como ampliar el plazo legal.
No se inscribe un derecho en la Constitución porque esté amenazado, se inscribe para que nunca pueda estarlo
Así que, desde el principio, sabía que no podía llevar sola esta propuesta en el Senado, hacía falta el apoyo de otras senadoras, incluidas de la derecha y el centro. Era imprescindible superar las líneas políticas y que la iniciativa no viniese solo de la izquierda. Había varias proposiciones sobre la constitucionalización del aborto y lo que hice en octubre de 2022 fue escribir una proposición de ley transpartidista con la firma de más de 100 senadores y senadoras. Desde el principio había que dejar claro que lo que se votaba no era mi ley, sino una ley de varios partidos.
Ese primer texto es rechazado por el Senado por solo 17 votos, pero demuestra que conseguir la mayoría es posible.
Es muy importante señalar que el éxito de la votación ha sido posible gracias a una movilización de toda la sociedad. Ha sido un ejemplo bonito de un combate que parecía imposible, porque se pensaba que el Senado nunca votaría a favor de la propuesta. Un ejemplo tanto en el fondo como en la forma. Por un lado, es importante tener un país que diga que en nuestra sociedad no puede haber dudas sobre el derecho al aborto, que no es opcional ponerlo en la Constitución, que es una condición de la República francesa, al mismo nivel que el laicismo o la libertad de prensa.
En cuanto a la forma, envía un mensaje democrático muy potente: le estamos diciendo a la gente que si se moviliza, nada es imposible. En España, la movilización de las mujeres permitió evitar que la extrema derecha llegase al poder, en Polonia ha permitido lograr que salga del Gobierno. Es esa movilización de mujeres y feministas la que doblegó al Senado y la que nos ha permitido ganar esa votación.
Ese acuerdo de fuerzas políticas de diferentes partidos no se ha visto en otros temas, como el de la inmigración. ¿Por qué?
Si analiza el voto final de la ley de inmigración, verá que solo una pequeña parte de la coalición presidencial votó en contra. Así que no existía el mismo acuerdo entre fuerzas políticas. Además, desgraciadamente, la movilización social no fue la misma en el momento de la ley sobre la inmigración.
¿El hecho de que la Constitución incluya la libertad garantizada a interrumpir el embarazo puede ayudar a resolver las desigualdades de acceso al aborto?
Las mujeres pueden abortar hoy en Francia, pero unas lo consiguen con más facilidad, mientras otras tienen que esperar tres semanas o hacer desplazamientos de 100 kilómetros. Hay varios factores que impiden que exista esa igualdad de acceso, en general relacionados con la financiación del sistema sanitario: centros que cierran, falta de profesionales, existencia de desiertos médicos etc. También hay cuestiones de soberanía industrial, el año pasado tuvimos un problema de aprovisionamiento del fármaco misoprostol.
La anulación de Roe vs. Wade en 2022 creó unas condiciones que hicieron que el debate público considerase nuestra propuesta como más necesaria
De entrada, inscribir el aborto en la Constitución va a permitir bloquear cualquier decisión que agrave esta situación, porque la ley establece que se deben garantizar las condiciones de acceso. Por ejemplo, el mismo día que se inscribió, el Gobierno tuvo que modificar un decreto que había publicado y que creaba problemas para que las matronas pudieran practicar el procedimiento.
Además, se ha creado una presión política fuerte, ligada a la movilización social. Durante un tiempo, la derecha ha utilizado esta cuestión del acceso como una excusa para no apoyar la inscripción constitucional. Nos decían: 'El problema es el acceso, no la legislación'. Bueno, pues si han estado meses repitiendo que la prioridad es el acceso, ahora vamos a llevar a votación todas las medidas que lo faciliten.
El debate sobre la protección constitucional también ha vuelto a poner de actualidad la cuestión de la doble objeción de conciencia en Francia.
La posición de las feministas siempre ha sido eliminar la doble objeción de conciencia porque no tiene ninguna utilidad y contribuye a estigmatizar el aborto. La objeción de conciencia general establece que no se puede forzar a un médico a hacer actos contrarios a sus creencias. Cuando se aprobó la ley Veil de 1975, se llegó a un compromiso adicional con los partidos de derecha para añadir una objeción específica al aborto, que en realidad no aporta nada porque con la general ya es suficiente y que contribuye a presentar el aborto como si no fuera un procedimiento como los otros, como si hubiera una dimensión moral particular.
Además, uno de los problemas es que en Francia no tenemos cifras sobre el número de médicos que se acogen a la objeción de conciencia y el impacto que esto tiene sobre el acceso, otra razón por la que el reconocimiento constitucional era importante.
En las últimas elecciones legislativas, su partido y las otras formaciones de izquierda consiguieron un resultado positivo acudiendo en coalición. ¿Por qué no se ha conseguido ese acuerdo para las europeas?
En Francia, tenemos un sistema electoral muy malo, porque no hay ninguna proporcionalidad. La elección es uninominal mayoritaria a doble vuelta, tanto en las presidenciales como en las legislativas. En ese sistema hay un interés estratégico evidente en formar alianzas cuando los partidos no pueden alcanzar un 25% o 30% de los votos (algo que hoy ninguna formación de izquierda puede lograr en solitario). Pero para las europeas esto no es necesario, porque sí hay proporcionalidad.
No tenemos cifras sobre el número de médicos que se acogen a la objeción de conciencia y el impacto que esto tiene sobre el acceso
Además, tenemos proyectos diferentes en lo que respecta a Europa: los partidos que componen Nupes nos sentamos en tres grupos diferentes en el Parlamento Europeo. Eso no nos impide trabajar juntos muy a menudo, pero la realidad es que los ecologistas somos federalistas, mientras que en Francia Insumisa están más por una renacionalización. Y los socialdemócratas no votan con nosotros en temas como la agricultura, por ejemplo.
En Francia y en otros países europeos la ecología cada vez está más presente en las preocupaciones de los ciudadanos, pero los partidos ecologistas no están consiguiendo traducirlo en las citas electorales.
Vamos a ver cuál es el resultado en junio. En 2019, sí que hubo lo que se llamó “la ola verde”, que ha hecho posible que haya un Pacto Verde –aunque desde nuestro punto de vista no vaya suficientemente lejos– y que haya una presión política al respecto. Además, hoy los ecologistas están en siete gobiernos nacionales, antes no estaban en ninguno. Es cierto que estamos en un momento difícil, en el que la gran preocupación de los electores es la crisis del poder adquisitivo. Hay formaciones políticas de derecha, extrema derecha y algunos liberales que, por razones electoralistas, nos cuentan que la solución a esa crisis es 'menos ecología'. Es una tontería enorme: cuando vemos lo que pasa en Francia con la crisis de los agricultores es una crisis de ingresos. Y en vez de distribuir el dinero de la PAC de manera más justa y hacer posible que todos los agricultores puedan vivir dignamente, esos partidos –y algunos sindicatos agrícolas– dicen que el problema son las normas medioambientales.
En realidad esa crisis del poder adquisitivo está ligada a la falta de ecología. El no haber llevado a cabo políticas ecologistas es lo que hace que la energía sea cara, que la alimentación sea cara, que los transportes sean caros. Ese es el tema clave de esta campaña: la crisis del poder adquisitivo solo se puede resolver con políticas ecológicas, porque son las que reducen las desigualdades sociales y el coste de los bienes esenciales.