Sindicatos y organizaciones sociales y de derechos humanos desafían las amenazas del ultra Milei contra las protestas

La ofensiva del gobierno ultraderechista de Javier Milei para prohibir de facto las manifestaciones de protesta encontrará este miércoles una prueba de fuego, cuando Unidad Piquetera, que abarca a un conjunto de organizaciones de izquierda, de trabajadores informales y de desocupados, lleve a cabo una marcha desde estaciones de trenes urbanos a la céntrica Plaza de Mayo.

Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich —excandidata presidencial de la alianza conservadora Juntos por el Cambio—, hicieron blanco en las protestas desde el primer día de gobierno, el 10 de diciembre.

“Entendemos que los argentinos venimos de una lógica de 20 años de habernos acostumbramos a que las calles no eran nuestras”, planteó el martes por la mañana el portavoz presidencial Manuel Adorni. “No queremos que se corte la circulación en la República Argentina”, advirtió en un tono que augura probables choques entre manifestantes y policías.

Por lo pronto, diversas organizaciones presentaron un recurso de habeas corpus para que se garantice su derecho a la protesta, mientras cuerpos de abogados de organismos de derechos humanos anunciaron que se apostarán en las estaciones de trenes de Retiro, Once, Pompeya y Constitución, todas en la ciudad de Buenos Aires, a las que se supone llegarían manifestantes desde los municipios del conurbano.

El protocolo de Bullrich

En su cuarto día de su nueva etapa como ministra de Seguridad, Bullrich emitió una resolución en la que ordena a las fuerzas policiales federales impedir los cortes de tráfico totales o parciales, y a las que habilita a actuar de facto, sin orden judicial. Entre las medidas se encuentra la identificación de manifestantes con pedido de documentos, registro de drones y fotos de reconocimiento facial. También se impedirá que quienes protesten lleven el rostro cubierto.

Todas esas normas fueron cuestionadas por juristas y organismos de derechos humanos, porque violarían garantías constitucionales básicas. En Argentina, las protestas son habituales, algunas pequeñas, de decenas de personas, pero también son frecuentes las presencias multitudinarias. El precepto estricto de no cortar calles y de pedir permisos tornaría ilegal cualquier manifestación, advirtieron abogados y sindicatos.

Abogados de organismos de derechos humanos se apostarán en las estaciones de trenes de Retiro, Once, Pompeya y Constitución

Bullrich también enarboló medidas punitivas que en principio parecen de difícil aplicación, como cobrarles a las organizaciones de desocupados y sociales el costo del operativo policial en su contra.

En un movimiento de pinzas, la ministra de Capital Humano y una de las dos mejores amigas de Milei, Sandra Pettovello, emitió el 18 de diciembre (lunes) un mensaje de tono marcial en el que advirtió que las personas que participen de manifestaciones que corten calles y avenidas, o lleven a sus hijos a la marcha, dejarán de recibir planes sociales. Sólo estará permitido manifestarse en veredas, razonó Pettovello. Las dudas sobre la legalidad se multiplican.

Sentimiento anitipiquetes

Milei y Bullrich, que fueron rivales para la primera vuelta del 22 de octubre y hoy son firmes aliados, se hicieron eco durante la campaña presidencial de un reclamo contra los bloques y manifestaciones, especialmente en el centro de Buenos Aires. La queja, muy aireada en los medios de comunicación, suele ir acompañada de atribuciones de vagancia y hasta racistas contra quienes protestan, y se extiende desde los sectores económicos acomodados a otros de trabajadores que encuentran dificultades en sus traslados diarios una o varias veces por mes.

Con habilidad, Milei leyó ese sentimiento y lo hizo una herramienta de campaña y, ahora, de gobierno. El ultraderechista conjuga eso con una de las mayores devaluaciones de la historia argentina y un severo ajuste en los ingresos, anunciado en simultáneo con el protocolo antipiquetes, en las que fueron prácticamente sus únicas líneas de gobierno en diez días.

La queja, que suele ir acompañada de atribuciones de vagancia y hasta racistas ('negros de mierda') a quienes protestan, se extiende desde los sectores económicos acomodados a otros de trabajadores que encuentran dificultades una o varias veces por mes

La paradoja es que tanto Bullrich como Milei participaron en fecha no tan lejana de manifestaciones callejeras no autorizadas. En 2020, apenas pasado el primer trimestre de la pandemia, la hoy ministra de Seguridad coorganizó varias protestas en el centro de Buenos Aires para desafiar las restricciones de circulación, e inflamó su rebeldía con denuncias de acciones “dictatoriales” del gobierno peronista de Alberto Fernández. En una de esas ocasiones, se registró el primer abrazo público con el hoy presidente Milei.

El ultraderechista, además, también salió a las calles sin permiso en su etapa crítica de Juntos por el Cambio, la coalición liderada por el conservador Mauricio Macri, al que consideraba socialista, hacia 2018.

Si bien las manifestaciones callejeras más frecuentes y masivas son las de partidos y organizaciones peronistas o de izquierda, salir a la calle para protestar es un recurso de primera instancia en Argentina, sea de índole vecinal, por deficiencias de un servicio público, por reclamos económicos o políticos. Por caso, en 2008, tuvieron lugar masivas y reiteradas manifestaciones y cortes de ruta protagonizados por clases medias y altas contra los derechos a la exportación de la soja que intentó subir la peronista de centroizquierda Cristina Fernández de Kirchner. De ese movimiento surgieron varios dirigentes que con el tiempo se transformaron en legisladores conservadores, aun en vigencia.

Petición de 'habeas corpus'

El trotskista Partido Obrero y y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), liderado por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz (1980), presentaron un habeas corpus colectivo para que “se deje sin efecto de manera inmediata” el protocolo de orden público, informó la agencia oficial Télam.

Según entendieron, las restricciones difundidas por Bullrich afectan “la libertad ambulatoria y la integridad física”.

“Las amenazas de la ministra Bullrich colocan al Estado y a ella en la posición de cometer un delito. Quienes incurrirán en delito no son los trabajadores desocupados que están viendo la pulverización de su ingreso con el congelamiento de un plan social que al 1% diario de inflación, sino por parte de la ministra Bullrich”, advirtió Pitrola.

La marcha de Unidad Piquetera de este miércoles conmemora la revuelta social del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando Argentina vivía un abismo social por el quiebre del régimen económico neoliberal. Aquellas protestas masivas y no autorizadas determinaron la caída del entonces presidente conservador, Fernando de la Rúa. Bullrich había sido una aguerrida ministra de Trabajo en esa administración.

Antes de caer, De la Rúa, del ala de centroderecha de la Unión Cívica Radical, decretó un estado de sitio, lo que no hizo más que exacerbar la salida de argentinos a las calles. La represión policial y parapolicial se llevó 37 vidas en todo el país. En recuerdo de las víctimas, desde entonces, organizaciones de izquierda y desocupados marchan cada 20 de diciembre.

Por su parte, las centrales sindicales Confederal General del Trabajo (CGT), Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma (CTA-A) y CTA de los Trabajadores (CTA-T) solicitaron la “intervención urgente” del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, también con argumentos de que el protocolo de Milei y Bullrich vulnera la Constitución y alienta a la “persecución sindical”.

El jefe de Gobierno (alcalde) de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri —primo del expresidente Mauricio Macri— se manifestó en sintonía con la ofensiva antiprotestas de Milei.

El dato es clave, porque las fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad nacional, como la Policía Federal, Gendarmería (de fronteras), Prefectura (de mares y ríos) y Aeroportuaria, no tienen jurisdicción dentro de las ciudades, aunque suelen colaborar a pedido de los Gobiernos. La ciudad de Buenos Aires, como el resto de las 23 provincias, tiene su propia fuerza policial.

La contracara surgió en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en manos del gobernador peronista de izquierda Axel Kicillof, uno de los pocos dirigentes de ese sector que quedó en pie tras el aluvión Milei. “A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo de orden público. Creemos que criminaliza la protesta”, advirtió el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

La intermediación para ayudas

Un núcleo de conflicto va más allá de la interrupción de calles en las protestas. Desde la crisis de 2001, recrudeció un esquema en el que organizaciones sociales intermedian en el manejo de ciertos planes de ayuda social y de trabajo.

'A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo de orden público. Creemos que criminaliza la protesta', advirtió el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

Algunas ayudas, como la asignación universal por hijo, se paga a todos los menores de 18 años. Los hijos de quienes tienen trabajo registrado la reciben por el recibo salarial de sus padres, mientras que el resto es pagado por vía directa en la cuenta bancaria de los responsables. El programa Progresar para ayudar a terminar el colegio secundario o comenzar la universidad, o el 1000 días, para recién nacidos, y la Tarjeta Alimentar, para hijos menores de 14 años, también son automáticos.

En cambio, el Potenciar Trabajo, que beneficia a unos 1,2 millones de trabajadores con un complemento salarial equivalente a medio salario mínimo, es administrado por organizaciones, así como otros de obras públicas menores.

El costado virtuoso es que esas organizaciones alcanzaron una alta capilaridad en poblaciones humildes, conocen sus necesidades y llevan a cabo emprendimientos sociales, de salud y educativos. El lado negativo es que existen denuncias de distribución espuria de algunos planes y de prácticas clientelistas que en la práctica llevan a que algunos beneficiados cedan parte de su ingreso para la organización colectiva. Varias organizaciones que integran la Unidad Piquetera que se manifestará este miércoles son intermediarias de los planes.

Milei se propone terminar con esa situación. Por lo pronto, ya anunció que congelará el Potenciar Trabajo. Esa decisión se traducirá en la virtual eliminación del programa, dada la aceleración de la inflación hasta el 30% mensual y tendencia creciente.  

Milei acelera a la dolarización

El 12 de diciembre, el gobierno ultraderechista dispuso una devaluación de 54,2% del peso, una de las mayores de la historia argentina. Ello disparó la inflación el triple de la que había con el gobierno de Alberto Fernández. El ministro de Economía, Luis Caputo, también anunció aumentos de impuestos y de tarifas, y recortes de jubilaciones.

El presidente argentino parece disfrutar de la disparada de precios, porque tal como declaró en campaña, puede acelerar la dolarización, en la medida en que la moneda nacional se licúa. En los últimos diez días, Milei barajó cifras de inflación anual que van del 3.600% a 7.500%, con la amenaza de que si las cosas salen mal, podría ser de 15.000%. Ese revoleo de cifras sin sustento provocó desconcierto incluso en economistas ortodoxos.

Algunas organizaciones sociales y sindicatos se mantienen expectantes y no participarán de la marcha de este miércoles. Sus líderes entienden que con el panorama social que dispararon las medidas de Milei, la protesta se tornará masiva en el corto plazo, y no habrá protocolo capaz de exigir que los manifestantes vayan por la acera.