- El año pasado, el 21% de todas las detenciones en China se produjeron en Sinkiang, un territorio que representa alrededor del 1,5% del total la población
China ha denegado las quejas presentadas la semana pasada por el panel de expertos en Derechos Humanos de la ONU, que denunciaron la supresión de derechos de las minorías musulmanas en el oeste del país, utilizando como coartada la lucha contra el terrorismo.
Así, una delegación del Gobierno chino defendió este lunes los “intensos controles” del país sobre la región de Sinkiang, en la parte occidental. Según denuncian colectivos en defensa de los Derechos Humanos, miles de personas pertenecientes a minorías musulmanas están siendo detenidas sistemáticamente y enviados a campos de internamiento.
El pasado viernes, un panel de expertos en Derechos Humanos de la ONU explicó que había recibido informes fiables que revelaban que hasta un millón de personas de etnia uigur estarían internadas en estos campamentos. Todos ellos podrían permanecer en esta situación de manera indefinida, sin pasar por los procedimientos establecidos.
Hu Lianhe, uno de los delegados del Ejecutivo chino, aseveró en su respuesta: “En Sinkiang no existen tales lugares como centros de reeducación”. También aseguró que la cifra de un millón de internos es “completamente falsa”. Pero, al mismo, tiempo, esta delegación gubernamental reconocía la existencia de estos campos.
“Nosotros ayudamos en tareas educativas y de entrenamiento a aquellos que han cometido delitos menores, siempre de acuerdo a la ley. No se trata de torturas y detenciones arbitrarias”, explicó.
El periódico dirigido por el Gobierno, Global Times, publicó este lunes dos editoriales -en inglés y en chino- criticando la intromisión occidental y defendiendo sus políticas en Sinkiang, donde la violencia étnica y los ataques terroristas han provocado una gran represión y una intensa militarización de la zona, en la que viven cerca de 12 millones de musulmanes, un 10% del total de la población.
El año pasado, el 21% de todas las detenciones en China se produjeron en Sinkiang, un territorio que representa alrededor del 1,5% del total la población, según la organización Chinese Human Rights Defenders. Los críticos lamentan que los controles sobre la expresión religiosa y cultural hayan aumentado desde el año 2016, cuando el secretario del Partido Comunista de la región, Chen Quanguo, fue reclutado a Sinkiang desde el Tíbet.
En un editorial titulada Salvaguardar la paz y la estabilidad de Sinkiang es el derecho humano más importante, el 'Global Times' afirmó: “No hay duda de que el control intenso contribuye a la paz de Sinkiang a día de hoy. Es una etapa necesaria guiar a Sinkiang hacia la paz y la prosperidad, y no será muy larga”.
En cualquier caso, la delegación gubernamental rechaza las acusaciones de que Sinkiang esté siendo utilizado como el lugar para una “campaña de desislamización”. “El Gobierno chino nunca relaciona el terrorismo con ningún grupo étnico o religión”, defienden los representantes chinos, aunque puntualizan: “Aquellos que muestran un extremismo religioso serán reeducados”.
Se trata de un importante cambio en el discurso oficial: ha pasado de la negación de los campos y el uso de prácticas discriminatorias en la zona, a la justificación.
“Una zona sin derechos”
El viernes, Gay McDougall, vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, dijo al panel: “Estamos muy preocupados por los numerosos y creíbles informes que hemos recibido. En nombre de la lucha contra el extremismo religioso y el mantenimiento de la estabilidad social, China ha transformado la región autónoma uigur en algo que se asemeja a un campo de internamiento masivo lleno de secretismo. En una especie de zona sin derechos”.
La declaración de McDougall es la primera que hace la ONU sobre estos campos, que han sido documentados por investigadores, activistas y periodistas. Según los informes, se utilizan para “reeducar” a los 12 millones de personas que pertenecen a la población musulmana. La mayoría son uigures, pero también hay kazajos y chinos hui.
Como las anteriores investigaciones procedían de ONGs y periodistas, los expertos dicen que las observaciones de la ONU, consideradas neutrales, permitirán a los países plantear la cuestión de Sinkiang con China, emitir declaraciones públicas o discutir las posibles sanciones.