En el condado de Shasta, un bastión conservador de 180.000 habitantes en el extremo norte de la demócrata California, se está fraguando una nueva visión para las elecciones: papeletas de papel, sin máquinas y con resultados escrutados totalmente a mano.
Esta visión se basa en la falsa creencia de que las máquinas de votación ayudaron a robarle la presidencia a Donald Trump y que los sistemas mediante los que millones de estadounidenses emiten su voto son inseguros. Esta concepción podría hacerse realidad en el condado.
Shasta se convirtió en un caldo de cultivo para la ultraderecha durante los años de pandemia, y los negacionistas de las elecciones han hallado aliados en la Junta de Supervisores, el órgano de Gobierno del condado. En marzo, la mayoría ultraderechista de la Junta cortó lazos con Dominion Voting Systems, la empresa en el epicentro de infundadas teorías conspirativas sobre el fraude electoral.
Hace unos días, los supervisores tomaron medidas para sustituir a Dominion por un sistema de recuento manual. El condado rescindió su contrato con la empresa antes de haber establecido un sustituto y ahora, a unos meses de unas posibles elecciones especiales y a un año de las primarias presidenciales, no dispone de sistema de votación alguno, mientras se embarca en un plan para crear desde cero un sistema totalmente nuevo.
El cargo electo que supervisa la votación en el condado había advertido que el recuento manual supone un trabajo difícil y largo —que requiere más de 1.200 nuevos trabajadores por un coste de al menos 1,6 millones de dólares (1,48 millones de euros)— y que es incluso mucho menos preciso que las máquinas que el condado ha utilizado durante años. Asimismo, la subsecretaria de Estado de California había advertido también que el condado podría violar varias leyes federales y estatales si no seleccionaba un sistema de votación certificado. Sin embargo, la Junta de Supervisores siguió adelante.
La decisión del condado podría traer consecuencias prolongadas para la región y proporcionar a los negacionistas electorales un marco de referencia sobre cómo avanzar su agenda por todo el país. A su vez, alimenta las falsas denuncias de que la tecnología de votación del país está comprometida.
“Esta gente nos está utilizando como conejillo de indias”, dice Mary Rickert, una de los dos supervisores del condado que votaron en contra de la decisión, refiriéndose a Mike Lindell y otros que difunden las mentiras sobre el fraude electoral. “Me resulta muy desconcertante, es muy preocupante que tengamos supervisores cayendo en este gran plan y queriendo estar a la vanguardia”.
Esta circunstancia llega tras años de agitación política en la región, que fue escenario de un amargo rechazo contra las restricciones pandémicas, el cual derivó en un próspero movimiento antisistema. Una mayoría de ultraderecha, respaldada por un millonario de Connecticut y grupos de militantes locales, se hizo con el control de la Junta de Supervisores e impulsó agresivamente su agenda, expulsando a burócratas del condado y provocando un “devastador” éxodo de trabajadores.
La agitación captó la atención a nivel nacional, incluso de figuras prominentes del movimiento negacionista de las elecciones, como Mike Lindell. Director ejecutivo de MyPillow y uno de los principales promotores de falsedades sobre el fraude electoral, Lindell se comprometió a apoyar los esfuerzos del condado y se reunió con un supervisor. Pero mientras los de fuera se deleitan con el caos, los residentes dicen que una pequeña pero ruidosa minoría con creencias extremistas se ha hecho con el control casi total del condado y ha creado profundas divisiones.
El proceso funciona
El caos se hizo patente hace unos días durante una reunión pública de 11 horas de duración en la que la Junta de Supervisores trató el asunto del sistema de votación. Con guardias de seguridad flanqueando la entrada, las cámaras de la Junta en Redding empezaron a llenarse antes de las 9 de la mañana, lo que acabó dejando a muchos de pie a los lados de la sala. Durante el extenso periodo de comentarios del público hubo aplausos, enfrentamientos, gritos y abucheos.
Una gran cantidad de oradores rogó al condado que revirtiera, aunque fuera temporalmente, su decisión anterior de cortar lazos con Dominion antes de que miles de votantes se viesen privados de sus derechos electorales. “Dejen a nuestros trabajadores electorales hacer su trabajo. Este es mi derecho constitucional a votar y odio que se metan con él”, dijo un orador.
Varios señalaron que los mismos supervisores que aseguran que las máquinas de Dominion no son de fiar fueron elegidos por los votantes mediante esas mismas máquinas.
Otros se dedicaron a promover teorías conspirativas ya desacreditadas sobre el fraude electoral y arguyeron que el recuento manual es “nuestra única esperanza”.
“Sacramento está vigilando todos nuestros movimientos”, dijo un orador a la Junta, instando a los supervisores a continuar con los planes para un sistema de recuento manual. Otro dijo que sustituir Dominion por otro sistema aprobado por el Estado es “como cambiar de proveedor de heroína”.
Describieron a los supervisores como líderes “valientes” que hicieron frente a la interferencia electoral, que los expertos han demostrado repetidamente que no se produjo. Aseguraron que eliminar el sistema de votación del condado y sustituirlo por un recuento manual es factible y podría hacerse con voluntarios, tanto demócratas como republicanos.
Pero otros oradores difirieron, oponiéndose a la viabilidad de tal plan. Cathy Darling Allen, el cargo electo que supervisa las votaciones en el condado, recordó a la Junta que la ley estatal requiere que cualquier persona que maneja las papeletas debe ser un empleado del condado que ha sido sometido a huellas dactilares y una verificación de antecedentes, por lo que los voluntarios no son una opción. El condado, que actualmente emplea a más de 2.000 personas, necesitaría al menos 1.200 empleados temporales adicionales, los fondos para su retribución y un espacio lo suficientemente grande como para acomodarlos.
Su oficina expuso sus preocupaciones en un análisis proporcionado a la Junta, en el que advirtió que un recuento manual es “excepcionalmente complejo y propenso a errores” e “introduciría un riesgo muy grave” de que el condado incumpliera los plazos estatales y, en última instancia, podría privar de derechos a los votantes.
“Los estatutos exigen que todos los votantes de California puedan emitir su voto de forma privada e independiente. Un sistema de votación que incluya tecnología es la única manera disponible para cumplir con esas leyes”, escribió Allen en una carta a los supervisores. “Aunque mi oficina está llena de profesionales extremadamente competentes y preparados, no podemos hacer milagros”.
Los supervisores a favor del recuento manual buscaron repetidamente la opinión de un abogado conservador del sur de California que primero afirmó haber sido invitado por la Junta hasta que varios miembros de ésta negaron tal invitación. Se negó a decir quién había financiado su viaje, aludiendo al “privilegio abogado-cliente”. Varios miembros de la Junta se dirigieron a él para preguntarle sobre legislación electoral y los recursos necesarios para el recuento manual en el condado, en lugar de a Allen, que ha desempeñado su cargo durante casi 20 años.
En última instancia, la Junta votó 3-2 a favor de que la oficina electoral analice el desarrollo de un proceso de recuento manual y la contratación de una empresa de tecnología electoral para el uso de máquinas que estarán disponibles para las personas con discapacidad. El proceso del condado tendrá que ser aprobado por la oficina del Secretario de Estado, lo que podría llevar hasta un año.
Una sensación de derrota se cernía sobre la sala tras la votación.
“Ya hemos cancelado el contrato con Dominion”, dijo antes de votar Patrick Jones, presidente de la Junta y uno de los tres supervisores que votaron a favor de ese plan. “Estamos intentando devolver la confianza a todos los votantes”.
“No lo estáis haciendo”, gritó alguien desde el público.
Allen dijo a la Junta que no tenía claro los próximos pasos ni cómo proceder antes de salir de las cámaras. Una elección especial podría celebrarse en agosto en el condado y al no haber seleccionado un sistema el martes, el condado corre el riesgo de privar del derecho al voto a sus ciudadanos, advirtió Allen en su carta a la junta.
“Me siento engañada”, dijo a The Guardian al salir de la reunión. “Llevo dos años y medio oyendo esto. El proceso actual no está roto. Por culpa de la desinformación estamos volviendo a tener esta conversación”.
Rickert, que intentó sin éxito que sus compañeros supervisores dieran marcha atrás en su decisión respecto a Dominion, lamentó la situación en la que se encuentran el condado y sus ciudadanos.
“La gente necesita involucrarse, comprometerse y defender sus derechos. Han perdido el derecho al voto”, dijo. “En este condado, en los Estados Unidos de América, no pueden ejercer su derecho al voto”.
Traducción de Julián Cnochaert.