Donald Trump está convirtiendo a los tribunales en un arma política que será efectiva durante muchos años

Fue una omisión alarmante, incluso para las peculiares normas morales de la era de Trump. Cuando a Wendy Vitter, una de las nominadas judiciales del presidente de Estados Unidos, le preguntaron si apoyaba la decisión del Tribunal Supremo de 1954 conocida como Brown vs. el Departamento de Educación que puso fin a la segregación racial en las escuelas –un fallo que se convirtió en un pilar casi sagrado del progreso de los derechos civiles en el siglo XX–, ella no dijo que sí.

“No quiero ser evasiva”, contestó Vitter, nominada como jueza para un tribunal de distrito de Estados Unidos por el Este de Luisiana, durante una audiencia en el Senado. “Pero creo que me meto en una zona difícil si me pongo a comentar sobre decisiones del Tribunal Supremo que fueron correctas y con las que yo puedo no estar de acuerdo”.

Si es aprobada, Vitter, actualmente letrada general de la archidiócesis de la Iglesia Católica de Nueva Orleans y manifiesta oponente al derecho al aborto, se uniría a una serie de designaciones vitalicias que amenazan con inclinar significativamente la balanza de los tribunales estadounidenses y con alentar a activistas conservadores a presentar casos judiciales que en otro momento hubieran parecido causas perdidas.

Tras sólo un año en el gobierno, Donald Trump ya ha nombrado a 21 de los 167 actuales jueces de circuito del país (tribunales de apelación) y pretende a fin de año haber llenado al menos 20 vacantes más. Está superando a Barack Obama, cuyo vigésimo primer nominado a un tribunal de circuito fue aprobado 33 meses después de su investidura como presidente, en medio de una paralización del Congreso. Diecisiete de los nominados de Trump para tribunales de circuito, muchos de los cuales han reemplazado a candidatos demócratas, también han sido aprobados por un Senado controlado por los republicanos.

Este plantel de nuevos jueces, mayormente compuesto por hombres blancos y muchos de ellos menores de 50 años, es el grupo menos diverso de la última generación y puede convertirse en el legado más duradero que deje Trump. Por ejemplo, a fines de diciembre, un análisis realizado por la organización progresista Lambda Legal concluyó que casi un tercio de los nombramientos judiciales del presidente hasta ese momento tenía en su historial decisiones antiLGBTI, y algunos de ellos son abiertamente hostiles a los derechos de los homosexuales.

“Es impresionante”, afirma Christopher Kang, ex viceabogado principal de Barack Obama, que estuvo a cargo de la selección, el veto y la confirmación de los nominados judiciales de Obama durante más de cuatro años. “Los conservadores están utilizando los tribunales para hacerles regresar a una época en la que la ‘libertad religiosa’ permitía la discriminación. Estamos viendo que utilizan argumentos judiciales que pensábamos que estaban en la papelera de la historia, como si quisieran volver el tiempo atrás en la forma en que tratamos a todos los estadounidenses”.

Un peligro para el colectivo LGTBI

Cuatro casos relacionados con la prohibición de Trump de admitir personal transgénero en las Fuerzas Armadas están logrando avanzar en los tribunales. Estarían en riesgo las protecciones a individuos de la comunidad LGBTI en las áreas de empleo y vivienda. Las batallas por los derechos reproductivos también están abriéndose camino a nivel estatal.

El mes pasado, un tribunal federal de apelaciones bloqueó una ley de Ohio que hubiera recortado la financiación a 28 clínicas de Planned Parenthood (la ONG dedicada a la planificación familiar y derechos reproductivos de la mujer), argumentando que las razones que exponía para negar fondos a clínicas que ofrecen abortos eran inconstitucionales. Sin embargo, es poco probable que esto desanime a los activistas antiaborto.

Kang, actual abogado principal del grupo sin fines de lucro Demand Justice, dijo: “En sus esfuerzos por retrotraer los derechos reproductivos, van a seguir intentándolo hasta que encuentren un juez con una ideología tan extrema como la de ellos. Si el Tribunal Supremo se inclina en esa dirección, lo único que necesitan es un caso que llegue al Supremo y que revoque el fallo Roe vs. Wade”.

Trump, que va camino a ser el primer republicano desde Herbert Hoover en designar en los tribunales menos mujeres y miembros de minorías que su predecesor republicano, no parece tener ningún remordimiento en transformar a los tribunales en un arma política para sus propios fines.

La semana pasada, durante un acto en Washington de la Campaña por la Vida organizado por la Susan B Anthony List, Trump se jactó de haber nombrado una cifra récord de jueces que “defenderán nuestra Constitución e interpretarán las leyes como fueron escritas”, lo cual fue visto por sus críticos como un pretexto para volver a los preceptos de injusticia racial y de género que plantea el texto fundador original.

Las designaciones judiciales han resultado cruciales para las bases conservadoras y los evangélicos cristianos que de otra forma se alejarían de Trump a causa de sus escándalos sexuales y su comportamiento grosero. Muchas personas mencionaron la vacante en el Supremo como un motivo para votar a Trump en las elecciones presidenciales de 2016, y tuvieron como recompensa la designación del juez conservador Neil Gorsuch.

De forma similar, sus designaciones en tribunales inferiores, aceleradas por republicanos y evadiendo muchos de los protocolos y tradiciones habituales, han logrado que lo critiquen incluso desde la derecha. Curt Levey, presidente del grupo de derechas Comité por la Justicia, dijo: “No puedo enumerar la cantidad de conversaciones que he tenido con personas que lo primero que me dicen es ‘los jueces’.”

Hugh Hewitt, analista conservador, escribió la semana pasada en el Washington Post: “Algún día, los conservadores críticos del presidente Trump tendrán que reconciliar su oposición vehemente a él con su amor por la Constitución”.

Hewitt predijo: “En 2019, los jueces designados por Trump estarán participando en más de 15.000 decisiones cada año, y casi todas esas decisiones tendrán que ser acatadas en todo el país. Habrá no menos de 400 casos cruciales y docenas de autos firmados, cada año, cada año para la mayoría de los jueces de Trump”.

La lista de nominados de Trump ha sido profundamente influenciada por la Sociedad Federalista, un grupo de conservadores y libertarios que apoyan una interpretación “originalista” de la Constitución, y por la Fundación Heritage, un think tank de Washington donde suele dar conferencias Newt Gingrich y donde idolatran a Margaret Thatcher.

John Malcolm, vicepresidente del Instituto por un Gobierno Constitucional de la Fundación Heritage, afirmó: “De la misma forma que los progresistas han promovido ciertas causas cuando sintieron que tenían el Poder Judicial de su lado, estoy seguro de que cuando hay más conservadores en los estrados, eso hará que los grupos conservadores presenten más casos”.

Matrimonio igualitario

En los últimos años, los progresistas han tenido triunfos claves en cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos de las personas transgénero. Sin embargo, los conservadores, al sentir el viento cambiar a su favor, podrían promover casos sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, los derechos territoriales, la discriminación racial, los sindicatos y los derechos reproductivos y electorales.

Douglas Keith, abogado de la rama de tribunales justos del Brennan Center for Justice, dice: “Hace tiempo que existe una asimetría de intereses, recursos y apoyos, con la derecha organizando mucho más que la izquierda”.

Remarcó que la Judicial Crisis Network (Red de Crisis Judicial, o JCN por sus siglas en inglés), está invirtiendo millones de dólares para apoyar a los nominados de Trump para tribunales inferiores, como por ejemplo pagando anuncios televisivos para presionar a demócratas vulnerables y lograr su apoyo.

Aún así, el impacto en la estrategia de litigio llevará su tiempo, sugirió Keith. “Es un juego a largo plazo. No siempre se trata de un caso grande; pueden ser casos más pequeños en tribunales de distrito o de circuito”.

La propia JCN negó que los activistas estén utilizando los tribunales como instrumentos contundentes. Carrie Severino, abogada principal y directora de políticas de la organización, dijo: “La estrategia conservadora nunca debe ser –y no lo es en estos casos– correr a los tribunales para hacer cambiar las leyes. Ese es trabajo de la legislatura.

“Sin embargo, hay muchas cuestiones en las que el aspecto legal está bastante claro si el juez está dispuesto a dejar a un costado su propia opinión y decide basándose solamente en lo que dicen las leyes. En esos casos, es un gran alivio para los litigantes saber que serán tratados de forma justa en los tribunales”.

Pero para sus oponentes, el camino es largo y desalentador. Sasha Buchert, abogada empleada de Lambda Legal, advirtió sobre las consecuencias en los derechos de la comunidad LGBTI. “Es un absoluto desastre. Tendremos los valores de Trump en los tribunales durante los próximos 10, 20 o 30 años, en sitios donde la gente ya estaba bastante desprotegida”.

Traducido por Lucía Balducci