Cuando Arnoldo Cuéllar empezó su carrera como periodista en Guanajuato a mediados de los 80, las fosas comunes, las decapitaciones y los asesinatos políticos no eran parte de su trabajo. “Entonces era un lugar tranquilo”, recuerda este periodista mexicano de 57 años.
Actualmente no pasa un solo día sin que crónicas terribles sobre la intensificación de la guerra contra las drogas ocupen las portadas y el Twitter del diario digital que dirige, Zona Franca.
“Leo las noticias que entran y pienso que esto no es posible”, señala Cuéllar. “Parece que al Gobierno no le importa... hay un abandono total del liderazgo como si estuviésemos perdidos en el mar”.
Mientras México se prepara para elegir a su próximo presidente el 1 de julio, este es un sentimiento que comparten millones de votantes a lo largo y ancho de esta nación golpeada por la violencia.
Al haber sufrido en 2017 el año más mortífero en su historia moderna con cerca de 30.000 asesinatos, México ya va camino de un año más sangriento con unos 8.000 asesinatos solo en los primeros tres meses de 2018.
Con una carnicería que no muestra signos de disminuir –y una oleada de ataques mortíferos y osados contra políticos que se suman a la sensación de inseguridad– los candidatos a la presidencia cumplen el expediente de hablar sobre hacer de la paz una prioridad.
El favorito, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto amnistiar a algunos criminales y ha prometido presidir personalmente reuniones en materia de seguridad todos los días a las seis de la mañana.
En una entrevista reciente, Jorge Castañeda, el director de campaña de Ricardo Anaya, segundo en las encuestas, insinuó que su candidato abandonará la “totalmente inútil” guerra de México contra las drogas, iniciada hace 12 años, y que dará prioridad a la lucha contra el crimen organizado para que esté menos centrado en el tráfico de drogas. “Los homicidios son un producto directo de la guerra contra las drogas, no son producto de gente matándose unos a otros solo por diversión”, afirmó Castañeda.
La propuesta más drástica ha venido del candidato situado en último lugar en las encuestas, Jaime Rodríguez, que ha propuesto cortar manos como una forma de controlar la violencia.
Aun así, los expertos sostienen que ninguno de los candidatos tiene una estrategia convincente y detallada para pacificar un país que ha sufrido más de 200.000 asesinatos desde 2007. “Es como si pensasen que no es importante o tienen miedo del tema”, se queja Eduardo Guerrero, un experto en seguridad que ha pasado la última década rastreando la creciente tasa de asesinatos en México.
Pocos lugares necesitan un plan tan urgente como el Estado de Guanajuato, un núcleo agrario y de fabricación de automóviles al noroeste de Ciudad de México.
Según el recuento de Guerrero, el Estado –que hasta 2010 tenía una de las tasas de asesinatos más bajas del país– se convirtió en el campeón de la masacre de México en el primer cuarto del año con 15 ataques en los que murieron tres o más personas. El año pasado se produjeron cerca de 2.000 asesinatos a sangre fría mientras que en 2007 hubo 51. En los primeros cuatro meses de este año ha habido más de 1.000.
El recuento de cadáveres
El trabajo de contar los cadáveres ha caído sobre periodistas como Luís García, el corresponsal de Zona Franca en Celaya, una ciudad en la región más afectada de Guanajuato.
En una mañana reciente, el periodista de 41 años pasó por la seguridad de la oficina del fiscal de Celaya, similar a un búnker, para lo que se ha convertido en una macabra sesión diaria de transcripción en la que las autoridades dan los detalles de las últimas muertes. Como siempre, no faltaron las noticias.
En el pueblo cercano de Apaseo el Grande se había tirado el cadáver acribillado a balazos de una adolescente desaparecida. “Tenía 17 años”, afirma el oficial. “Su madre la identificó como María del Carmen Rodríguez Mendoza. No tenía trabajo y no iba a la escuela”, añade.
En Villagrán, el encargado de un lavadero de coches había sido apaleado hasta la muerte: “Leonardo Galván Gallardo, de 57 años... no tenía familiares y presentaba múltiples heridas en la cabeza”.
En Santa Teresa, un cadáver mutilado, decapitado y todavía sin identificar había sido abandonado en un campo: “Lo que encontraron fue un torso. Sin cabeza. Sin brazos... Encontraron el cráneo a 24 kilómetros”.
Pero el crimen más mortífero había ocurrido justo al final de la carretera, sobre las 4.25 de la tarde del día anterior, cuando un Volkswagen de color cereza y un Nissan blanco entraron en una gasolinera. “Cinco personas salieron y abrieron fuego”, afirma el oficial. Cuando ya habían descargado al menos 50 balas contra un grupo de comensales, cinco personas quedaron tiradas en el suelo y tres resultaron gravemente heridas.
“¿Es esto un día normal? Bueno, sí”, afirma García. “Suena terrible, pero para nosotros es un día extraordinario cuando no hay ningún derramamiento de sangre”, añade.
Tras introducir los detalles de los asesinatos en su iPhone 5, el reportero de Zona Franca sale hacia la escena del crimen –y a comer, engullendo un plato de tacos de chile en un puesto de comida que ya había reabierto en el lugar de la carnicería del día anterior–. Tras la comida, comienza la investigación en el lugar de la última liquidación de Celaya.
“Casquillos de bala”, afirma García señalando a decenas de marcas con tiza sobre el cemento. “Sangre”, dice mientras se abre camino por matorrales manchados de sangre junto a la pared llena de cicatrices. “Te acostumbras. Cuando empecé (hace 20 años), ¿sabes lo que eran las noticias sobre seguridad?”, pregunta. “Alguien atropellado por un camión”, responde.
Negar la evidencia como una tendencia global
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, pone buena cara a la carnicería enmarcándola como parte de una tendencia global. “Desafortunadamente, el mundo está en crisis. Enciendes la televisión y ves violencia en Asia, ves violencia en Europa, en Latinoamérica... Es lamentable que todos estamos pasando tiempos difíciles”, sostiene el gobernador.
Márquez afirma que le sorprendió el aumento de los asesinatos. Cree que el próximo presidente de México necesita hacer de la crisis de seguridad “una prioridad nacional”.
Pero los ciudadanos que cumplen la ley rara vez se ven afectados, asegura, dado que el 70% de los asesinatos en el Estado están vinculados a una lucha entre cárteles del crimen organizado por el control del mercado de robo de combustible, valorado en 1,6 millones de dólares.
Las autoridades mexicanas a menudo alegan que la mayoría de las víctimas de violencia están involucradas en el crimen –una afirmación que los analistas independientes cuestionan–.
“Es una disputa entre ellos”, insiste Márquez presumiendo de sus inversiones en la lucha contra el crimen, incluyendo un centro de mando de alta tecnología valorado en 150 millones de dólares y llamada C5i. “Lamentablemente, esta disputa ha creado una mala impresión, pero lo importante es que daremos la vuelta a las cosas”, añade.
Mientras el gobernador habla, las morgues en Guanajuato se siguen llenando en la semana más violenta jamás registrada en la historia reciente del Estado. 75 asesinatos en tan solo cinco días. Ha sido “una semana aterradora”, reza un periódico local junto a una foto gráfica de un joven de 19 años asesinado y tumbado boca abajo en un charco de sangre.
De vuelta en la redacción de Zona Franca, en la ciudad de León, Cuéllar está deprimido. ¿Cómo se atisba el futuro? “Mal”, suspira.
“Esto es un desastre y todo el mundo piensa que cambiar al presidente de la república va a traer una solución... Pero cualquiera que venga se va a enfrentar a los mismos problemas, pero con menos experiencia”, señala Cuéllar. “El crimen organizado no tiene elecciones”, añade Cuéllar. “Siempre trabajan con los mismos temas”.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti