El 15 de mayo de 2016, tres amigos de Fairfield, Iowa, condujeron durante cinco horas para llegar a una refinería de petróleo en las costas del lago Michigan para participar en lo que era una serie de protestas y actos de desobediencia civil para luchar contra el cambio climático. Su intención era la de ser arrestados. Lo que no se esperaban era acabar en un archivo del FBI por participar en una protesta pacífica.
Según los documentos a los que ha tenido acceso The Guardian a través de un juicio por la Ley de Transparencia (Foia, por sus siglas en inglés), el archivo sobre los activistas de Iowa era parte de un esfuerzo más amplio del FBI de evaluar el peligro que planteaba el grupo de activistas contra el cambio climático 350.org en el marco de una serie de acciones que formaban parte de la campaña Break Free from Fossil Fuels (Liberarnos de los combustibles fósiles). El FBI sacó a la luz siete páginas, pero retuvo otras 25.
Aunque no hay pruebas de que el FBI haya abierto una investigación contra 350.org, uno de los documentos, clasificado como parte de un caso de terrorismo interno, reza: “350.org aparece en muchas investigaciones y evaluaciones por sus protestas y acciones planificadas”. El archivo también hace una referencia aparente al fundador de 350.org, Bill McKibben.
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McKibben, que fue vigilado por la derecha y recibió inquietantes amenazas de muerte por internet, afirma que el aparente fracaso del FBI para distinguir entre desobediencia civil no violenta y terrorismo interno es indignante.
“Uno no debería ser vigilado por el Gobierno por intentar luchar contra la peor crisis que ha sufrido la humanidad”, sostiene McKibben. “Pero cuando gran parte del Gobierno parece trabajar para la industria de los combustibles fósiles, esto parece algo normal”, añade.
El FBI tiene prohibido investigar a grupos o individuos sólo por sus creencias políticas, pero en el pasado ha sido criticado por tratar la desobediencia civil pacífica como una forma de terrorismo. En 2010, la Oficina del Inspector General difundió un informe que detallaba cómo el FBI, especialmente después de los ataques del 11S, había vigilado de forma inapropiada a grupos de activistas como Greenpeace y Trabajo Católico, por participar de protestas no violentas.
La campaña 'Break Free' se realizó durante dos semanas en mayo de 2016 e incluía protestas y actos de acción directa no violenta en seis continentes. Participaron más de 30.000 personas y decenas fueron arrestadas por violar la propiedad privada y por bloquear el acceso de un ferrocarril a refinerías, en lo que los organizadores describieron como el mayor acto de desobediencia civil coordinado en la lucha contra el cambio climático.
En la protesta del 15 de mayo en Whiting, Indiana, participaron unos mil activistas que marcharon hacia la refinería de BP, una de las mayores procesadoras de crudo del país. Cuando llegaron a la entrada, 41 de los manifestantes formaron un círculo dentro del recinto y cantaron una canción protesta.
Para Jonas Magram, Thom Krystofiak e Inga Frick, todos de más de 60 años, fue el primer arresto de su vida. Frick, que tiene 67 años, dijo que era una activista poco común, pero que sintió que no podía dejar de participar por la urgencia de luchar contra el cambio climático. “Creo que lo más importante que está ocurriendo ahora en el mundo es la omisión de la lucha contra esto”, afirma Frick.
Magram, que es profesor de Matemáticas a media jornada y que ha cumplido 70 años esta semana, era uno de los organizadores de No Bakken Here, un grupo activista con base en Iowa que luchaba contra el oleoducto de Dakota. Parte del oleoducto pasa por el condado de Jefferson, en Iowa, el cual incluye a la pequeña ciudad de Fairfield.
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El archivo que hace referencia a los tres residentes de Fairfield fue redactado por la oficina del FBI de Omaha, que supervisa los estados de Nebraska y Iowa. Aunque sus nombres figuran tachados, Magram, Krystofiak y Frick fueron los únicos residentes de Fairfield arrestados en Whiting durante la protesta, según Krystofiak.
El documento identifica la investigación como una “cuestión de investigación sensible”, lo cual suele referirse a casos que involucran a organizaciones políticas y por ende requieren un mayor nivel de escrutinio del FBI.
En 2015, the Guardian reveló que el FBI había violado sus propias reglas al no conseguir la autorización requerida para abrir una investigación sobre unos activistas de Texas que luchaban contra el oleoducto de Keystone XL. La agencia investigo a muchos activistas durante más de un año, incluido uno que luego supo que estaba en una lista de vigilancia del Gobierno de vuelos internos.
Nebraska ha estado en el centro de los esfuerzos para bloquear la construcción del oleoducto de Keystone XL, ya que los activistas y agricultores temen que amenace al acuífero de Ogallala, una de las mayores fuentes de agua subterránea del mundo. Ahora que se está discutiendo otra vez el oleoducto de Keystone XL –Donald Trump dio marcha atrás a la decisión del gobierno de Obama de detener el oleoducto–, los activistas se han comprometido a realizar actos de desobediencia civil pacífica en caso de ser necesario. Según los archivos públicos obtenidos por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ya se están coordinando esfuerzos de seguridad contra las protestas por el oleoducto.
Magram dijo que no le sorprendió saber que había sido incluido en un documento del FBI, pero de todas formas le parece inquietante. “Es muy, muy pertubador que los que estamos comprometidos a proteger la vida en nuestro planeta a través de la protesta pacífica seamos vistos como enemigos del Estado”, señala.
Mike German, exagente del FBI y miembro del Centro Brennan, cuenta que le sorprendió saber que el FBI había monitoreado los arrestos de residentes de Iowa en Indiana.
“El hecho de que el FBI esté monitoreando los arrestos por desobediencia civil y cargando esa información en los informes es bastante inquietante”, afirma. Y añade que al no haber pruebas que indiquen que hay un acto violento planificado, no se justifica crear este tipo de archivos sobre un activista, y que esto es precisamente lo que se advertía en el informe de 2010 del inspector general.
La oficina del FBI en Los Angeles no ha respondido a preguntas en detalle sobre estos archivos. Un portavoz respondió por teléfono y afirmó: “Supongo que el documento habla por sí mismo, si fue difundido por la Foia”. La oficina del FBI en Omaha no ha respondido a ninguna llamada o correo electrónico.
Según los documentos que salieron a la luz, la investigación del FBI sobre la planificación de la campaña Break Free a cargo de 350.org comenzó con una petición de la oficina de Los Angeles sobre las protestas que se avecinaban. Parece que el FBI se basó principalmente en material de fuentes públicas en su descripción de las protestas, que incluían una conferencia web organizada por 350.org el 6 de abril.
El archivo, con fecha del 13 de mayo, incluye una detallada descripción de la protesta planificada en Los Angeles, que se llevó a cabo al día siguiente. El FBI también señaló que se les pedía a los participantes que llevaran carteles, megáfonos, instrumentos musicales, comida y agua, y que el material promocional buscaba voluntarios “dispuestos a realizar actos de desobediencia civil y correr el riesgo de ser arrestados por bloquear el acceso a puertos o por ‘detener los trenes bomba’ –trenes que transportan combustible–”. En Los Angeles no se realizaron arrestos.
El archivo del FBI de Omaha describía la acción en Indiana como “una protesta pacífica” que terminó con arrestos después de que un pequeño grupo de activistas “se separó del grupo principal”, bloqueó el tráfico e invadió la propiedad privada de la refinería. Sin embargo, Krystofiak rechaza la descripción del FBI de los eventos de aquel día.
Como la marcha estaba permitida, los agentes de seguridad bloquearon casi 5 kilómetros de calles y estaban en contacto constante con los organizadores. Krystofiak dijo que no había tráfico que bloquear. Roy Dominguez, abogado y antiguo sheriff del condado Lake, que incluye a Whiting, negoció en nombre de los manifestantes y cuenta que no hubo incidentes. Incluso algunos agentes de seguridad manifestaron su apoyo a los manifestantes, recuerda Inga Frick.
German señaló que la demonización de grupos de protesta que realizan acciones directas pacíficas, como 350.org, ha ayudado a alimentar la reacción policial como el uso de cañones de agua o balas de goma en Standing Rock. “Se genera un círculo en el que las advertencias por riesgos potenciales llevan a un tipo de respuesta que aumenta la violencia policial en estas protestas”, afirma German.
Traducido por Lucía Balducci