La Unión Europea tiene que echar a Hungría. Se ha convertido en un Estado miembro que desprecia como si nada los derechos humanos y las normas básicas de convivencia democrática, inmerso en una deriva autoritaria y sin sufrir por ello ninguna consecuencia significativa.
Revisemos la última representación en el declive húngaro hacia lo que su primer ministro Viktor Orbán se jacta en llamar una “democracia antiliberal”. El Parlamento húngaro no solo acaba de aprobar una ley que convierte a las solicitudes de asilo en algo prácticamente imposible: el mero hecho de ayudar a los inmigrantes y refugiados se ha convertido en delito. Además, se ha aplicado un impuesto del 25% a la financiación de las ONG que “apoyan la inmigración”: en la práctica, eso significa cualquier ONG que diga algo positivo sobre la inmigración.
En la misma semana en que aprobaron la ley, se canceló el musical Billy Elliot en Budapest tras una vil campaña homófoba de un periódico favorable al Gobierno que llegó a decir que el musical podía “transformar en homosexuales a los niños húngaros”.
En su guerra contra la democracia, el Gobierno de Orbán ha lanzado una dura campaña contra George Soros plagada de imágenes antisemitas. La red de Las Fundaciones de Open Society está abandonando Budapest debido a lo que consideran “un ambiente político y legal cada vez más represivo”. La Universidad Centroeuropea de Budapest también dice que la presión legal y política pueden terminar expulsándola del país. Es otro de los blancos contra los que apunta el Gobierno húngaro, que la considera un centro de resistencia antiOrbán.
Los medios de comunicación estatales promueven la propaganda del Gobierno y difaman a la oposición, los medios privados afines al Gobierno compran a las publicaciones independientes, y los medios opositores o críticos a Orbán se enfrentan a una presión creciente.
No obstante, como dice Michael Ignatieff, presidente de la Universidad Centroeuropea, la Unión Europea está dando su “complicidad y conformidad” para que ocurra todo eso. El partido Fidesz de Orbán sigue siendo miembro del Partido Popular Europeo (PPE). La agrupación de los partidos de centroderecha de la Unión Europea ni siquiera reprendió a Hungría en la reunión que celebró en Varsovia a principios de junio. Manfred Weber, líder del PPE y aliado de Angela Merkel, hasta se ha puesto a defender a Orbán.
Como mínimo deberían activar el artículo 7 del Tratado de Lisboa que exige que “todos los países de la UE respeten los valores de la UE” y que justificaría suspender a Hungría de su derecho de voto, entre otras sanciones. La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ya lo pidió, basándose en 12 infracciones cometidas por el Gobierno húngaro: desde el debilitamiento del poder judicial hasta las restricciones a la libertad de expresión.
Pero Hungría y la cada vez más autoritaria Polonia se están burlando descaradamente del compromiso declarado de la UE por la democracia y los derechos humanos. En 2016, el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo pidió la expulsión de Hungría de la UE por el trato que había dado a los refugiados. Tenía razón. Sí, a la UE le golpean muchas crisis, desde el Brexit hasta la llegada de los euroescépticos al Gobierno de Italia. Pero la mayor amenaza para su supervivencia puede ser tolerar que sus propios estados miembro sucumban al autoritarismo.
Traducido por Francisco de Zárate