El parlamento de Israel (Knéset) ha votado a favor de la legalización con carácter retroactivo de miles de viviendas construidas en colonias ilegales en la Palestina ocupada. Esta es una medida muy controvertida, calificada de “robo de tierras” sus detractores. Aprobado en una turbulenta sesión de la Knéset a última hora del lunes, el proyecto fue rechazado por la comunidad internacional y ha sido causa de tensión dentro de la coalición de derechas con la que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, gobierna Israel.
La medida se aprobó haciendo caso omiso a la petición del secretario de Estado de EEUU, John Kerry, el domingo en la que pedía a Israel frenar la construcción de asentamientos en Cisjordania.
En su lectura preliminar, el proyecto de ley se aprobó en la cámara con 60 votos a favor y 49 en contra. Antes de convertirse en ley, tiene que pasar tres votaciones más. Durante el debate, el líder de la oposición, Isaac Herzog, lo denunció enérgicamente y dijo que su aplicación era equivalente a un “suicidio nacional”. Aunque es muy probable que el proyecto consiga el apoyo para pasar, parece inevitable que la ley sea impugnada ante los tribunales.
Para sus críticos israelíes y palestinos, la legislación es un robo de tierras que vuelve aún más remota la posibilidad de la solución de dos Estados para poner fin al interminable conflicto palestino-israelí. Según varios partidarios políticos de la medida, precisamente ese es el motivo de celebración: la medida abre el camino a la anexión de Cisjordania y pone punto final a cualquier posibilidad de crear un Estado palestino.
Entre los opositores a la medida figura el conocido grupo contra la ocupación Paz Ahora. Según los cálculos de los opositores, si la nueva ley finalmente se aprueba, serán anexados 55 enclaves ilegales y unos 4.000 hogares en asentamientos y otros puestos ilegales.
La votación tuvo lugar después de semanas de acalorado debate. En un momento, Netanyahu llegó a afirmar que la legislación podría poner a los líderes políticos de Israel en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional.
A pesar de que varios letrados con experiencia advirtieron acerca de su ilegalidad, el proyecto de ley fue originalmente impulsado por Naftali Bennett, líder del partido de derecha Hogar Judío, y por sus aliados. En un principio, se diseñó para impedir la demolición de la colonia ilegal de Amona, donde viven en caravanas unas 40 familias de colonos intransigentes. El Tribunal Supremo de Israel había fijado el 25 de diciembre como su fecha de demolición.
Según el acuerdo logrado, los 330 habitantes de Amona deberán trasladarse a un sitio cercano que Israel considera abandonado por los propietarios palestinos, aunque ya se han presentado reclamos por la titularidad de las tierras ante las autoridades israelíes. Fundado en 1955 cerca de Ramala (Cisjordania), Amona es uno de los casi cien asentamientos construidos de manera ilegal con el permiso del gobierno israelí.
Ante la amenaza de conflictos dentro de su propia coalición, Netanyahu y otros partidos se vieron obligados a alcanzar un acuerdo. A cambio de votar la regularización de los otros asentamientos ilegales, pusieron como condición la evacuación de Amona.
Bennett y otros políticos israelíes firmemente a favor de los asentamientos están envalentonados desde la elección de Donald Trump como presidente de EEUU. Tras el arreglo alcanzado en la Knéset, Bennet dijo que la votación marcaba el final de la solución de los dos Estados. En su opinión, el acuerdo y la votación serán recordados como un “día histórico”; el día en que se enterró definitivamente la solución de los dos Estados.
“Hoy, la Knéset israelí pasó de un camino que iba hacia la creación de un Estado palestino a un camino que lleva hacia la extensión de la soberanía sobre Judea y Samaria (como llama Israel a los territorios ocupados en Palestina). Que no haya dudas: el proyecto de regularización será lo que permitirá la extensión de la soberanía israelí”, dijo.
Sin embargo, como parte del trato, se quitó una cláusula que originalmente figuraba en la ley y que permitía, de manera retroactiva, revocar la decisión de la corte de demoler Amona. La nueva versión de la legislación otorga a los colonos el derecho de uso de los territorios palestinos ocupados, pero no los derechos de propiedad.
Un síntoma de la creciente debilidad de Netanyahu frente a la extrema derecha dentro de su propia coalición fueron las disculpas que presentó ante los colonos de Amona durante una reunión de su partido, el Likud. “Quiero pedir disculpas a todos los que tenían esperanzas. Estamos trabajando muy duro para buscar la solución para Amona y creo que todos los que están sentados aquí comprenden las dificultades de los pobladores”, dijo entonces el primer ministro israelí.
El enviado especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nickolay Mladenov, también condenó la votación. Dijo que la legislación tenía “como objetivo proteger los asentamientos ilegales construidos en el territorio palestino de Cisjordania”. “Es una iniciativa muy preocupante, pido a los legisladores israelíes que reconsideren la medida, que tendrá consecuencias legales de gran alcance para todo el territorio de Cisjordania”.
Traducido por Francisco de Zárate