El juicio a Karadžic por crímenes de guerra: el más importante desde Núremberg

Cuando Radovan Karadžić conozca su veredicto este jueves en La Haya por los asesinatos masivos de la guerra de Bosnia, será la sentencia de crímenes de guerra más importante en Europa desde Núremberg.

También será la hora de la verdad para el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), 23 años después de su creación como experimento ad hoc para aplicar el derecho internacional humanitario y obligar a los criminales de guerra a rendir cuentas. Cómo se acabe juzgando al tribunal afectará profundamente a cómo responda el mundo a las atrocidades masivas actuales y a las que están por venir.

Hay pocas dudas de que Karadžić será declarado culpable. Estuvo al frente de una “república” serbobosnia separatista, infame por sus “limpiezas étnicas”: ese eufemismo para los asesinatos y el terror masivos. La incertidumbre está en el nivel de responsabilidad, especialmente en la cuestión de si los crímenes llegaron a ser genocidio.

Sea cual sea el resultado, provocará angustia y amargura en la región. Por mucha satisfacción triste que se hubiera podido sentir en Bosnia, donde murieron 100.000 personas entre 1992 y 1995, el paso del tiempo la ha atenuado. Visto desde Sarajevo, la justicia con veinte años de retraso no es en realidad justicia.

Mientras tanto, en la mitad de Bosnia conocida como República Srpska, y en la propia Serbia, un veredicto de culpabilidad se verá como una prueba más de que el tribunal es intrínsecamente antiserbio, a pesar de sus anteriores condenas a croatas, bosniacos (musulmanes bosnios) y kosovares y del hecho de que los crímenes cometidos en nombre del nacionalismo serbio fueron de mayor magnitud.

En todos los lados, es probable que la fijación con la cuestión del “genocidio” enturbie cualquier valoración desapasionada del veredicto, como si los crímenes contra la humanidad no fueran suficientemente horribles. Se tardará en aclarar la confusión y la furia, antes de que sea posible una estimación adecuada de la aportación del tribunal. Incluso entonces, cualquier valoración estará manchada por las expectativas de lo que pueden conseguir el tribunal y la justicia internacional.

Un tribunal que nació sin expectativas

Teniendo en cuenta las expectativas que había cuando nació, que estaban por los suelos, el TPIY ha sido un éxito. Este tribunal y su gemelo para Ruanda fueron los primeros juzgados internacionales para crímenes de guerra desde Núremberg, y se convirtieron en un ensayo sobre la culpa. Las atrocidades masivas no se habían evitado, pero al menos sus responsables podrían ser juzgados.

Pocos de los países que dieron vida al TPIY en 1993 tenían alguna expectativa de que llegase a funcionar bien. Reino Unido y Francia en especial trataron de privarlo de financiación en sus comienzos. Al principio no podía permitirse alquilar un edificio ni pagar intérpretes. Los fiscales y jueces que se contrataron, sin embargo, no se conformaron con interpretar papeles secundarios en un teatro legal. Obligaron a las capitales occidentales a tomárselo en serio y llevar a los acusados a La Haya, de forma voluntaria o no.

Al final, todos los 161 acusados de la lista del TPIY se enfrentaron a la justicia de una forma u otra. Muchos de ellos fueron encontrados en una búsqueda internacional sin precedentes por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas especiales de Occidente.

El tribunal cumplió uno de los objetivos de la justicia con solo sacar a criminales peligrosos de la región en la que habían tenido puestos de liderazgo, y su salida ayudó a estabilizar el acuerdo de paz de Dayton de 1995. A pesar de la magnitud de los asesinatos que habían sucedido antes y los temores de las fuerzas de paz de la OTAN, apenas se disparó ningún tiro después de que se firmara el pacto.

Además, el tribunal ha creado una lista histórica esencial de los crímenes cometidos que ocupa millones de páginas, con muchos testimonios de testigos presenciales y pruebas forenses. Ese archivo será más importante a cada año que pase, frente a la negación nacionalista y la amnesia patrocinada por el Estado.

Una justicia incompleta

También se espera que la justicia proporcione algo de consuelo a los supervivientes y a las víctimas, que les dé la sensación de que su sufrimiento ha sido escuchado y entendido y ha tenido consecuencias penales para sus perseguidores. Desde ese punto de vista, la justicia que se ofrecía en La Haya estaba destinada a ser incompleta. Más de 130.000 personas fueron asesinadas durante la desintegración de Yugoslavia, la mayoría de ellas víctimas civiles de crímenes de guerra en Croacia, Bosnia y Kosovo.

Frente a unos asesinatos de esta magnitud, la lista de 161 sospechosos de La Haya fue más representativa que completa. No es culpa de la justicia que parezca tan insignificante frente a crímenes tan atroces. Se suponía que los acusados de menor rango serían juzgados en los tribunales nacionales de la región, y ese proceso continúa, aunque de forma parcial y dolorosamente lenta.

La mayor decepción del TPIY ha sido que nada de los testimonios, investigaciones y dictámenes que se desarrollaron en la sala de juicios ha llevado a ninguna reconciliación real a los Balcanes. Croacia y Serbia se entienden de mala gana por necesidad, pero Bosnia y Kosovo están más divididas que nunca. Los niños en los diferentes enclaves étnicos crecieron con relatos radicalmente diferentes de lo que había ocurrido en sus pueblos y ciudades.

Esta misma semana, el sucesor de Karadžić como presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, lo ha homenajeado inaugurando una residencia de estudiantes que lleva su nombre.

Curar esas heridas era una carga demasiado pesada para poner sobre los hombros de un simple proceso judicial, pero el tribunal no se ayudó a sí mismo. Su compromiso con la región fue tardío e infrafinanciado, y el proceso completo duró demasiado. Casi todo el mundo en el tribunal –la fiscalía, la defensa, los magistrados y la administración– tenía puesto el contador para facturar y tenían pocos motivos para acelerar el proceso, que tuvo un coste medio de más de 200 millones de dólares al año.

Es un esfuerzo caro y a menudo un derroche, pero el precio de la impunidad es increíblemente mayor. Esto último incluye los cientos de miles de millones gastados para responder a una amenaza terrorista cuyos orígenes y ferocidad se remontan a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Siria, Irak, Libia y otros lugares.

Pese a sus defectos, el TPIY ha supuesto el punto álgido de siglos de esfuerzos para controlar los excesos más brutales de la humanidad. Ha marcado una referencia con la que se compararán todas las iniciativas futuras.

Traducido por: Jaime Sevilla