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The Guardian en español

La muerte de varios manifestantes detenidos en Irán despierta fantasmas del pasado

Estudiantes iraníes se enfrentan a la policía durante las protestas contra el Gobierno cerca de la universidad de Teherán el pasado 30 de diciembre.

Saeed Kamali Dehghan

Irán —

Activistas de derechos humanos en Irán han cuestionado las detenciones masivas durante las protestas más importantes que ha vivido el país en la última década. Al menos tres manifestantes han muerto en una muy conocida cárcel de Teherán.

Dos diputados del parlamento iraní cercanos a los reformistas han confirmado este lunes que un detenido, Sina Ghanbari, ha muerto en la prisión de Evin.

Nasrin Sotoudeh, una destacada abogada de derechos humanos, informó a the Guardian vía telefónica desde Teherán que al menos otros dos manifestantes han muerto en prisión. Todavía no han sido identificados.

21 personas murieron tras los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante más de una semana de protestas. La mayoría de los muertos eran manifestantes y solo algunos eran parte de las fuerzas de seguridad, según fuentes oficiales. Más de 1.000 personas, incluidos al menos 90 estudiantes, fueron detenidas.

“Hablé con un preso de la cárcel de Evin y me dijo que tres reclusos habían muerto”, explica Sotoudeh. “Cuando las autoridades recurren a las detenciones masivas, no pueden asegurar sus derechos. En tal situación es imposible que el proceso judicial siga el curso debido”, añade.

A Sotoudeh le preocupa especialmente el uso de centros de detención no oficiales. Durante las protestas de 2009 tras la polémica reelección de Mahmud Ahmadineyad, uno de estos centros, Kahrizak, atrajo la atención nacional tras salir a la luz que varios manifestantes habían sido atacados sexualmente, torturados e incluso habían fallecido bajo custodia.

La versión oficial apunta a un suicidio

Políticos reformistas, incluido el diputado Mahmoud Sadeghi, han advertido contra la repetición del escándalo. “Advierto al presidente y a los miembros de inteligencia y del poder judicial contra la repetición de un segundo Kahrizak”, tuiteó.

Sotoudeh duda de la versión oficial que sostiene que Ghanbari se suicidó. La abogada sostiene que su muerte demuestra que hay en marcha una represión violenta, aunque es demasiado pronto para conocer su alcance. “En 2009 costó semanas dejar al desnudo el alcance de la brutalidad empleada en Kahrizak”, recuerda. “Las autoridades son responsables de la salud de los presos”.

Mahnaz Afsar, una destacada actriz iraní, tuiteó: “No hay excusas por la muerte de un joven de 23 años retenido en Evin”. Además, Sotoudeh sostiene que está preocupada por la representación legal de los prisioneros en un momento en el que muchos abogados de derechos humanos están encarcelados, exiliados o reciben ataques verbales.

Las autoridades iraníes culpan de las protestas a enemigos extranjeros, pero este lunes, el presidente Hasan Rohaní aludió a una brecha existente entre la visión de las autoridades y la de la juventud del país, la cual forma la mayor parte de la población. La edad media de los detenidos durante la agitación social es de 25, según fuentes oficiales.

Uno de los manifestantes retenidos en un lugar sin revelar es Kasra Nouri, estudiante de Derecho de 26 años en la Universidad de Teherán. Nouri es miembro de la orden derviche de Gonabad, una rama minoritaria del Islam no reconocida por las autoridades iraníes.

“[Nouri] comenzó una huelga de hambre el 4 de enero. Se nos mantiene completamente desinformados sobre su situación en la cárcel y sus abogados tampoco han podido acceder a él”, denuncia un familiar.

La muerte de Ghanbari ha agudizado la preocupación sobre el destino de los miles de detenidos, señala Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de Irán. “Las autoridades sostienen que se suicidó, pero sin una investigación justa e independiente eso no tiene credibilidad”, añade.

“Los iraníes recuerdan bien las violaciones y torturas sistemáticas de detenidos en 2009 en los centros de detención como Kahrizak y Evin. Hay voces claras que piden evitar una repetición de tales atrocidades”, afirma Ghaemi.

Nassim Papayianni, investigador de Amnistía Internacional en Irán, sostiene que sus investigaciones muestran “una y otra vez las condiciones inhumanas de las prisiones en Irán, saturadas, con mala ventilación y la siempre presente amenaza de tortura.

“También nos preocupa que las autoridades iraníes están negando a los familiares de los detenidos información sobre el futuro y el paradero de sus seres queridos. Las autoridades deben acabar con este muro de silencio y dar a los familiares información sobre los detenidos”.

Rohaní: “Las autoridades no son infalibles”

Rohaní, reelegido presidente por una mayoría aplastante el año pasado, está bajo presión porque las protestas estallaron poco después de anunciar un presupuesto con medidas de austeridad.

Aunque se cree que la protesta inicial el 28 de diciembre la organizó un grupo contrario a Rohaní, las manifestaciones aumentaron y se extendieron por todo el país, pasando de protestas económicas a protestas políticas que plantean un desafío a los cimientos de la república islámica.

Rohaní ha defendido su actuación económica y ha afirmado que es “engañoso e insultante” sugerir que las demandas de los manifestantes se limitan a este asunto. “La gente tiene razón al decir: 'miradnos, escuchadnos y responded a nuestras demandas'”, señaló al pedir mayor transparencia.

“Todo el mundo debería ir a la sala de cristal para que la gente sepa y pueda juzgar. Las autoridades no son infalibles y todas las autoridades pueden ser criticadas”, afirmó el presidente. Reconociendo que la gente más joven quería un cambio, Rohaní aclaró: “No se puede imponer un modo de vida a futuras generaciones”.

“[Los enemigos de Irán] quieren a nuestro país en un estado de agitación”, continuó. El presidente señaló a “alguno en la región”, probablemente en referencia a Arabia Saudí, al “régimen sionista”, terminología utilizada por Irán para referirse a Israel, y a Estados Unidos.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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