“Aquí en México no llueve agua, llueven balas”
Sofía, una enfermera de Reynosa, una ciudad pobre cerca de la frontera norte de México, tiene unas costumbres matinales muy específicas.
Se despierta a las 6 de la mañana y prepara a su hijo para la escuela. Luego, revisa las noticias en las redes sociales buscando información sobre los asesinatos más recientes. Además sus amigos y familiares le envían mensajes de alerta por WhatsApp: “Hubo un tiroteo en la calle Tal”, “Han encontrado un cuerpo en el barrio Cual”, “Evitad la calle X”.
En México, hoy en día, elegir el camino para llegar al trabajo puede ser una cuestión de vida o muerte, pero Sofía compara sus costumbres a la de aquellos que miran cómo está el tiempo antes de salir de casa. “Aquí no llueve agua,” señala, “llueven balas.”
Ya han pasado 11 años desde que el entonces presidente mexicano Felipe Calderón lanzó una campaña militar contra los cárteles narcos, desplegando miles de soldados y prometiendo poner fin a la violencia y la impunidad. Pero el derramamiento de sangre continúa, el Estado de derecho sigue pareciendo una utopía y abundan las acusaciones contra las fuerzas de seguridad del Estado por abusos a los derechos humanos.
Mientras tanto, México sigue batiendo récords: más de 20.000 muertos y unos 30.000 desaparecidos, más de 850 tumbas ilegales descubiertas. 2017 será el año más sangriento desde que el gobierno comenzó a publicar estadísticas de crímenes en 1997, con unos 27.000 asesinatos en los últimos 12 meses.
Información en las redes sociales
Mucha de la violencia de los últimos años ha afectado a Reynosa y a todo el Estado de Tamaulipas, que se encuentra entre la costa del Golfo y la frontera con Estados Unidos.
De vez en cuando, un incidente especialmente espeluznante llega a los titulares del mundo entero, como fue el caso del asesinato de Miriam Rodríguez, una activista por los derechos de las familias de desaparecidos que recibió un tiro en su casa en el Día de la Madre.
Pero la mayoría de los crímenes ni siquiera son publicados por los periódicos locales: los periodistas se autocensuran para seguir vivos y los cárteles de narcotraficantes controlan la cobertura de prensa.
“No publicamos noticias sobre crímenes o sobre los cárteles para proteger a nuestros periodistas,” explica el director de un periódico local que ya fue atacado por pistoleros. En 2017, fueron asesinados ocho periodistas en México, convirtiéndose en el país más peligroso del mundo para la prensa después de Siria.
El vacío de información es cubierto por las redes sociales, que publican fotos sangrientas de escenas del crimen y donde las alertas sobre tiroteos relacionados con el narcotráfico son compartidas desde cuentas anónimas.
En Reynosa, la violencia forma parte de la vida diaria de los habitantes. Los desplazamientos matutinos se retrasan por culpa de los tiroteos, los cines bloquean las puertas si se desata un tiroteo fuera. Más del 90% de los residentes declaran sentirse inseguros en la ciudad, según una encuesta del servicio público de estadísticas en septiembre.
Por todos lados se ven señales de la guerra del narcotráfico: los árboles y las paredes de la avenida principal están llenos de marcas de balas. Se ven traficantes merodeando terrenos abandonados. Y con frecuencia las bandas rivales se enfrentan a tiros en las calles.
Videocámaras registran todo desde los tejados. Hay espías por todos lados. “Todo aquí tiene ojos,” dice una mujer, “ya sean del gobierno o de los narcos”.
Aquí, la violencia comenzó en 2010, cuando el brazo armado del cártel del Golfo, un grupo de exsoldados conocido como Los Zetas, se rebeló contra sus superiores.
Desde entonces, se han ido sucediendo olas de violencia a medida que emergen y se disuelven facciones rivales.
Violencia generalizada
Luchan por las rutas del narcotráfico y por el creciente mercado local, pero también tienen un papel las fuerzas de seguridad: a principios de este mes, los soldados mataron a siete personas, incluyendo a dos mujeres, en lo que fue descrito como un “enfrentamiento”.
Este año, el crimen llegó a niveles tan alarmantes, que la industria textil local, que cada año atrae a miles de personas a Reynosa para trabajar en las fábricas de exportación ubicadas en la ciudad, advirtió que las empresas podrían verse obligadas a trasladar sus sedes.
Pero en medio del caos continúa la vida cotidiana: los centros comerciales se llenan de familias que intentan escapar del calor agobiante. Por la noche, coches llenos de jóvenes con música a todo volumen recorren la ciudad.
“La vida debe seguir. Tenemos que salir y divertirnos un poco,” dice Alonso de León, un camarero de la ciudad. Sin embargo, añade: “Lo que nos afecta en Tamaulipas son los tiroteos. Este tipo de violencia en cualquier otro país sería considerada terrorismo.”
El gobierno rechaza cualquier sugerencia de que el país está en guerra. Cuando el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos colocó a México en el segundo puesto del ranking de los países más letales, por delante de zonas en guerra como Afganistán y Yemen, el Ministro de Asuntos Exteriores respondió enfurecido, señalando los índices de asesinatos en Brasil y Venezuela.
En guerra o no, el número de muertos sigue aumentando.
Proveedores de Estados Unidos
La violencia se está extendiendo: ya ha habido tiroteos y decapitaciones en zonas turísticas, y se han registrados enfrentamientos entre grupos armados incluso en la capital del país. A principios de este mes, fueron hallados los cuerpos de seis hombres colgando de puentes en la ciudad turística de Los Cabos.
Todo esto ha sido desastroso para la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, que asumió el poder en 2012 con un ambicioso plan de reformas estructurales y la idea de promover a México como una economía emergente.
La lucha contra el crimen parecía relegada a un segundo plano.
“Él pensó que los problemas de seguridad en México eran una cuestión de percepción, así que adoptó una política de silencio,” afirma Viridiana Ríos, investigadora del Centro Wilson en Washington.
El gobierno de Peña Nieto mantuvo la militarización de la lucha contra el narcotráfico y siguió intentando vencer a los líderes narcotraficantes. Pero los analistas ponen en duda su estrategia: lo que hizo el plan fue reducir los grandes imperios del narcotráfico en facciones más pequeñas –y a menudo más violentas– que luchan por el botín de guerra.
Desintegrar los cárteles también genera que los grupos criminales diversifiquen sus acciones, explica Brian Phillips, profesor del Centro de Enseñanza e Investigación Económica.
“Los nuevos grupos son más propensos a buscar dinero a través de la extorsión y los secuestros, ya que estos crímenes no requieren la logística del narcotráfico,” asegura. “Mientras la demanda de Estados Unidos siga existiendo, y el abastecimiento de drogas esté o pase por México, seguirán apareciendo nuevas organizaciones criminales.”
Cuando el año pasado volvieron a capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el jefe narcotraficante más buscado, Peña Nieto tuiteó “Misión cumplida”, pero ese triunfo no provocó ninguna reducción significativa del crimen: la extradición de Guzmán a Estados Unidos en enero despertó una nueva ola de violencia en Sinaloa, Estado del que es oriundo el narcotraficante.
Mientras tanto, sus rivales –como el cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización en rápido crecimiento que se especializa en metanfetaminas y violencia extrema– ocuparon las rutas de tráfico de Sinaloa a lo largo de la costa del Pacífico.
La legalización de la marihuana en algunos estados de Estados Unidos ha hecho que muchos agricultores se pasen al cultivo de opio, generando nuevos conflictos en el negocio de la heroína.
Elecciones presidenciales de 2018
A pesar de la creciente violencia, no parece haber planes de poner en práctica tácticas nuevas. A principios de este mes, Andrés Manuel López Obrador –el favorito para las elecciones presidenciales de 2018– fue ampliamente criticado por sugerir un posible indulto a los criminales.
La propuesta fue comparada con la paz mafiosa que existía en el país antes de 2000, año en que se puso fin a los 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que hacía la vista gorda al narcotráfico a cambio de una relativa paz.
Pero los analistas creen que ni siquiera eso funcionaría en la actualidad, ya que los cárteles se han disgregado.
“Sería un intento inútil, dado el paisaje criminal actual,” asegura Jorge Kawas, experto en seguridad. “No existe un grupo de jefes a los que reunir para negociar el fin de la violencia.”
De todas formas, la gente sigue percibiendo a los políticos como aliados de los narcos, especialmente durante años electorales.
“México no puede impedir que el dinero sucio llegue al sistema político,” dice Edgardo Buscaglia, experto en crimen organizado de la Universidad de Columbia. “Ésa es la clave para entender por qué aumenta la violencia en México.”
Este tipo de acusaciones son muy comunes en Tamaulipas, donde dos de los tres últimos gobernadores han sido acusados de narcotráfico y crimen organizado por tribunales estadounidenses.
Al mismo tiempo, los departamentos de policía han quedado dilapidados, desanimados, corruptos y con falta de fondos, ya que los políticos nacionales y estatales delegan las responsabilidades de seguridad en las Fuerzas Armadas.
A principios de este mes, el Congreso insistió en la aprobación de una polémica ley de seguridad que consolida el papel del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de las acusaciones de abusos de los derechos humanos cometidos por soldados y marines.
En Tamaulipas, los residentes están cansados de la falta de respuesta del gobierno. Pero son pocos los que hacen preguntas sobre la violencia que los rodea: sólo quieren que se ponga fin al derramamiento de sangre.
“No me importa el crimen organizado,” dice una mujer conocida en internet como Loba. “Que trafiquen todas las drogas que quieran mientras no se metan con la gente común.”
Loba es una de las activistas de internet que informan sobre hechos violentos a través de Twitter y Facebook. Es una tarea peligrosa: al menos dos ciudadanos periodistas han sido asesinados en Tamaulipas, y la propia Loba fue secuestrada por Los Zetas en 2011 durante 12 días, hasta que su familia pagó un rescate de 11.000 euros.
Cuando le preguntamos por qué se expone así al peligro, Loba responde: “Quizás pueda salvar a alguien de morir de un tiro”.
Traducido por Lucía Balducci
