Las autoridades del Pentágono permitieron que sus subordinados usaran tarjetas de crédito del Gobierno para pagar casi 100.000 dólares en gastos en clubes de striptease y “establecimientos de entretenimiento para adultos” y casi un millón de dólares en casinos, todo ello sin recibir castigo por ello, según ha revelado un informe.
Incluso después de que el supervisor oficial del Departamento estadounidense de Defensa criticó esos gastos, los altos cargos no tomaron medidas disciplinarias “apropiadas”, de acuerdo con un informe del inspector general del departamento publicado esta semana.
Una inspección a 30 titulares de tarjetas del Gobierno ha determinado que los responsables de Defensa no supervisaron de forma adecuada las dietas de viajes antes de reembolsarlas ni han emprendido acciones para “eliminar más malos usos”. En realidad, la mayoría de los investigados –22 de los 29 que conservaban sus dietas– recibieron “sobrepagos” por los reembolsos solicitados de casinos o establecimientos de entretenimiento para adultos, por un total de 8.544 dólares.
Las tarjetas gubernamentales están previstas para usarlas en gastos en los que se incurre por asuntos oficiales del Gobierno, especialmente durante viajes oficiales. Además del bochorno por el hecho de que las autoridades del Pentágono usen esas tarjetas en clubes nocturnos y casinos de forma impune, el inspector general ha manifestado que la gestión del Pentágono “no ha tenido en cuenta las implicaciones que tiene para la seguridad el uso personal inapropiado de las tarjetas”, dice el informe.
El inspector considera que el Pentágono ha experimentado “potenciales vulnerabilidades de la seguridad nacional” por la notificación tardía o insuficiente de los gastos inapropiados por parte de los supervisores.
El inspector general descubrió los gastos en casinos y entretenimiento para adultos con tarjetas del gobierno en 2015. A raíz de eso abrió esta nueva investigación para determinar cómo los superiores pidieron cuentas a quienes hicieron los gastos.
Aquella primera investigación halló que trabajadores del Departamento de Defensa cargaron al presupuesto público 900 “transacciones de entretenimiento de adultos” por valor de 96.576 dólares y 4.437 transacciones en casinos por un total de 952.258 dólares.
Un teniente coronel del Ejército con diez “transacciones de casino de alto riesgo” no informó de los gastos a sus comandantes, a pesar de haber asegurado el año anterior al inspector general que lo haría. A otro teniente coronel, de la Fuerza Aérea, a quien “aconsejaron verbalmente” y animaron a pedir ayuda por un problema con el juego, le siguieron dejando utilizar una tarjeta de viajes gubernamental con un límite de retirada en cajeros de 1.000 dólares, notablemente mayor del tope habitual de 665 dólares. Un sargento de primera clase pudo seguir usando su tarjeta oficial de viajes incluso después de dejar el Ejército.
A un infractor reincidente, reservista de la Fuerza Aérea convertido en civil, le redujeron la suspensión de su autorización a una semana después de que declarase a un supervisor que usó la tarjeta para evitar “morir de hambre, verse en la calle o quedarse tirado en el desierto por falta de gasolina”. Tras acumular más de 35.000 dólares en gastos oficiales y ser sancionado dos veces por uso inapropiado, sus jefes posteriores “nunca fueron notificados del mal uso de la tarjeta ni de las sanciones”.
Militares de alto rango sancionados
Ha habido generales de cuatro estrellas caídos en desgracia por menos. El general del Ejército William “Kip” Ward, exjefe del Comando África de las Fuerzas Armadas estadounidenses, fue despedido en 2011 por usar transporte militar para viajes personales y ordenar a subordinados que comprasen dulces para su mujer.
Además, la Armada está pasando por una amplia crisis entre su cuerpo de oficiales por aceptar sobornos y prostitutas de un trabajador contratado conocido como “Fat Leonard”. Al menos 14 oficiales han sido acusados de delitos y hasta 200 están siendo investigados en un escándalo que ha dejado al exjefe de inteligencia de la Marina incapacitado para acceder a información clasificada durante años, mientras lo investigan.
Un empleado civil de la Armada destacado por el inspector general por haber incurrido en 258 gastos inadecuados no ha recibido medidas disciplinarias más allá de tener que recibir asesoramiento, a pesar de haber gastado 29.000 dólares del dinero público en casinos. Sus supervisores “no revisaron el historial de transacciones del titular de la tarjeta en busca de más usos inapropiados”, ha detectado el inspector general, y el infractor gastó otros 3.453 dólares “después de que avisáramos a sus superiores del posible uso personal en diciembre de 2014”.
El primer informe del inspector general determinó que un suboficial de la unidad de élite Navy Special Warfare Command –que dirige a los Navy Seals– utilizó su tarjeta gubernamental en el “Dreams Cabaret, Jaguars Gold Club, Tequila Sunrise, and Red Parrot Gentlemen's Club” de El Paso. Un aviador de alto nivel de un escuadrón de mantenimiento de Carolina del Norte gastó más de 4.600 dólares en el Sapphire Gentlemen's Club, cerca de Las Vegas, incluida una excursión a la sala VIP para él “y algunas amistades”.
En el nuevo informe, el inspector general ha señalado que un empleado de la Armada que gastó 1.417 dólares en un establecimiento de entretenimiento “para adultos” no identificado tuvo como única sanción el “asesoramiento/recapacitación/nueva declaración de entendimiento/PG-13”. Un aviador cuya inspección posterior halló otros 6.000 dólares (unos 5.400 euros) de gastos en casinos, más allá de lo que ya encontraron los inspectores en 2015, solo recibió una “carta de asesoramiento” tras el segundo descubrimiento.
Carrie Wibben, responsable de la dirección de contrainteligencia y seguridad en la Subsecretaría de Inteligencia, del Departamento de Defensa, certificó ante el inspector general que no halló “ningún error factual” en las conclusiones de los inspectores. Wibben señaló que su oficina ha actualizado un manual de seguridad del personal para incluir medidas más duras de control del gasto público y que espera que se publique antes de que acabe este año.
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo