La corrupción de la empresa Odebrecht puede provocar la destitución del presidente de Perú
Perú está al borde de una crisis política. Su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, se enfrenta a un proceso de destitución tras salir a la luz que ocultó vínculos de negocios de 10 años con la empresa brasileña de construcción Odebrecht, que ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción de Sudamérica. Se espera que los legisladores voten este jueves si expulsan al presidente, de 79 años de edad, por “incapacidad moral permanente”.
En declaraciones a periodistas el pasado domingo, Kuczynski acusó al principal partido de la oposición de intentar acelerar el proceso de destitución tan solo 16 meses después de que empezara su mandato de cinco años. Si se le expulsa, Kuczynski será el primer presidente en Sudamérica en ser destituido por el escándalo Odebrecht, que se extiende por 12 países en el continente.
También sería el primer presidente peruano en ser destituido desde Alberto Fujimori, que fue expulsado del cargo en el año 2000. Fujimori, que fue presidente desde 1990, está actualmente en la cárcel por corrupción y por supervisar las matanzas de escuadrones de la muerte.
En un acuerdo de culpabilidad negociado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht admitió haber pagado 800 millones de dólares en sobornos en toda la región para asegurarse contratos públicos, incluidos 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014.
El rastro del dinero de Odebrecht en Brasil ha tocado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ha recurrido una condena por corrupción relacionada con la empresa, y al actual presidente, Michel Temer, que fue acusado a finales del año pasado de aceptar sobornos de Odebrecht, pero que hasta ahora se ha resistido al impeachment.
Pero algunos expertos advierten de que los efectos secundarios del escándalo en Perú tienen paralelismos con la destitución de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, que fue expulsada del cargo por supuestamente engañar con las cuentas del Gobierno.
Los críticos de la maniobra contra Kuczynski sostienen que es parte de una estrategia para tomar el poder por parte del principal partido de la oposición, Fuerza Popular, liderado por la hija de Alberto Fujimori, Keiko, que perdió las elecciones de 2016 contra Kuczynski por un margen muy estrecho.
“El Congreso le dio un ultimátum: 'O renuncias o te expulsamos'”, sostiene Pedro Cateriano, primer ministro del anterior gobierno de Perú. “Como no renunció, están poniendo en práctica esta amenaza, violando su derecho a la defensa, a un juicio justo y a la presunción de inocencia”, añade.
Kuczynski niega cualquier delito, pero confiesa que hizo “algún dinero” como accionista de los acuerdos que su compañía, Westfield Capital, negoció con Odebrecht. El presidente sostiene que no estaba involucrado en la administración de la compañía durante su etapa como ministro en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
El pasado viernes, los legisladores votaron abrumadoramente a favor de empezar el proceso de impeachment. Una decisión que Kuczynski calificó durante una entrevista televisiva el domingo de “asalto contra el orden democrático”.
Gustavo Gorriti, que lidera la investigación periodística a políticos peruanos implicados en el escándalo Odebrecht, calificó la decisión sobre el impeachment de “tergiversación absoluta de la ley y del debido proceso”.
En declaraciones a the Guardian, Gorriti, presidente de IDL Reporteros, señala que las investigaciones preliminares indican que los pagos que recibió Kuczynski no venían del 'departamento de sobornos' de la gigante brasileña de construcción.
Odebrecht ha apoyado esta versión mediante una carta abierta enviada el sábado a un periódico peruano. La constructora sostiene que los negocios realizados con la empresa de Kuczynski fueron legales y gestionados por su socio Gerardo Sepúlveda.
Sin embargo, el partido opositor Fuerza Popular sostiene que el presidente ha mentido en repetidas ocasiones sobre sus vínculos profesionales con Odebrecht. Su principal congresista, Luz Salgado, señaló a Reuters que no intentarán destituir a su posible sucesor, el vicepresidente Martin Vizcarra.
Cateriano sostiene que las prisas por destituir a Kuczynski forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer el partido de Fujimori al tiempo que también intentan expulsar a miembros del tribunal de más alta instancia del país y al fiscal general. Mientras tanto, los fiscales investigan supuestas donaciones ilegales de Odebrecht a las campañas presidenciales del partido opositor en 2011 y 2016.
El expresidente Toledo está intentando evitar actualmente la extradición a Perú, ya que está acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña. Ollanta Humala, el último presidente de Perú (2011-2016) está en detención preventiva junto a su esposa, Nadine Heredia, acusado de blanqueo de dinero proveniente de la empresa brasileña.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti
