Cuando Nicolas Sarkozy dio el primer mitin de su regreso, sudaba abundantemente en el pequeño escenario de una sofocante y espartana escuela del sur de Francia. La modesta elección del lugar en el que lanzó el mes pasado su campaña para convertirse en el candidato de su partido a las elecciones presidenciales de 2017 contrastaba mucho con los pomposos eventos en grandes estadios, al estilo estadounidense, que se convirtieron en la marca del hombre que un día se conoció como Presidente Bling Bling.
En 2012, cuando Sarkozy se presentó a la reelección y perdió frente al socialista François Hollande, sus mítines eran megaproducciones teatrales, coordinadas impecablemente por directores de cine entregados a la tarea, con alfombras puestas específicamente para sus salas de vestuario de lujo y decenas de miles de euros gastados en banderas francesas para que las ondearan masas de fervientes fans.
Esos mítines masivos se le han vuelto en su contra esta semana, cuando la fiscalía francesa ha recomendado que se someta a Sarkozy a juicio penal por presunta financiación ilegal de su campaña.
El caso se centra en un supuesto sistema de contabilidad falsa utilizado por la oficina de Sarkozy para encubrir un enorme derroche en la campaña –especialmente en fastuosos mítines– en 2012. El límite para el gasto en las campañas presidenciales en Francia está en los 22,5 millones de euros. Los investigadores sospechan que la campaña de Sarkozy gastó 23 millones de euros por encima de ese tope. Sarkozy siempre ha negado cualquier irregularidad en el caso. También ha dicho no saber nada de Bygmalion, la empresa de eventos que ocultó supuestamente el exceso de gasto.
La recomendación de la fiscalía de juzgar a Sarkozy es un grave golpe a su intento de recuperar el poder el año que viene con un programa de duras políticas de identidad nacional y una ofensiva de seguridad. El hombre que se presenta como modelo de “autoridad francesa” se enfrenta de repente a la posibilidad de sentarse en el banquillo.
¿Víctima de una conspiración?
Sarkozy se muestra desafiante. Ha respondido con el mismo argumento que ha usado para toda una serie de investigaciones judiciales que le llevan persiguiendo desde 2012: que es inocente de cualquier irregularidad y que es víctima de una conspiración contra él por parte de sus enemigos políticos confabulados con el sistema judicial.
“Ninguna polémica, ninguna maniobra, ninguna manipulación, por muy vergonzosa que sea, me va a disuadir de mi absoluta determinación por generar un cambio en el poder”, proclamó Sarkozy en un mitin en el oeste de París este martes por la noche. “¡Amo a Francia!”, bramó. “Intentar disuadirme de mi pasión es inhumano, ¡no es posible!”. La multitud aclamó y aplaudió. “Me gusta la gente que tiene altibajos, que no se queja, que aprieta los dientes”, dijo a sus seguidores.
Es probable que la estrategia de Sarkozy de presentarse como víctima consuele a su inagotable base de apoyo dentro de su propio partido, Los Republicanos. La noticia de que la fiscalía quiere que se someta a Sarkozy a juicio se conoció el mismo día en que se abrió un importante juicio por fraude contra el que fuera lugarteniente de Hollande y ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac, acusado de evasión fiscal y blanqueo de dinero. Esto planteó dudas en la derecha sobre la elección del momento del anuncio.
Pero más allá de esta base de apoyos tan fiel como reducida, los problemas legales de Sarkozy podrían convertirse en un lento veneno que cale poco a poco en la campaña de primarias de la derecha. Los votantes del espectro del centro y la derecha que elegirán a su candidato presidencial en noviembre podrían determinar que el fantasma de un proceso judicial es demasiado perjudicial para las posibilidades de que Sarkozy recupere la presidencia. Fabrice Arfi, periodista de investigación del medio digital Mediapart, califica las afirmaciones de Sarkozy de que está siendo víctima del sistema judicial como un “gesto berlusconiano”. Será difícil tener que estar respondiendo a preguntas sobre esto en los debates televisivos de las primarias.
No obstante, como se ha demostrado en muchos momentos, las investigaciones judiciales no tienen por qué ser un golpe mortal en la política francesa. Otros líderes de los partidos del país han escalado sin problemas en la pirámide del poder francés sin que les pesara la carga de problemas legales que les podrían haber tirado al suelo en otros países. El expresidente Jacques Chirac es un buen ejemplo de ello.
Nada impide que Sarkozy siga optando a ser el candidato presidencial de su partido. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora es un juez de instrucción quien tiene que decidir si envía al expresidente a juicio. Esta decisión puede llegar antes de la votación de las primarias o no. No es probable que haya ningún juicio antes de la campaña presidencial de la próxima primavera. En cualquier caso, si Sarkozy fuera elegido como el candidato de la derecha, se presentara a presidente y ganase, tendría inmunidad presidencial.
Presuntos sobornos, corrupción, tráfico de influencias...
El nombre de Sarkozy aparece citado en un despliegue de investigaciones judiciales tan confuso –de las acusaciones de que el difunto presidente libio Muamar Gadafi financió ilegalmente su campaña a presuntos sobornos mediante ventas de armas a Pakistán utilizados para pagar una campaña anterior– que los votantes casi han perdido la cuenta. Sarkozy también está siendo investigado por corrupción y tráfico de influencias en un caso basado en escuchas telefónicas sobre un intento del expresidente de conseguir información de un juez antes de que dictara una sentencia.
Sarkozy niega cualquier irregularidad en todos los casos. Otras investigaciones importantes contra él han sido desestimadas, como las acusaciones de que aceptó donaciones de campaña de la heredera de L'Oréal, Liliane Bettencourt, cuando ella tenía una salud demasiado delicada para saber lo que hacía.
No está claro cuánto capital político podrán obtener los rivales del expresidente de sus problemas legales. Alain Juppé, el alcalde de Burdeos y exprimer ministro que sigue siendo el favorito para las primarias de la derecha, ha prometido evitar el tema y “abstenerse de hacer ataques personales”.
Tiene motivos. En 2004, él mismo recibió una sentencia de 14 meses con suspensión de la pena y fue inhabilitado durante un año por un caso de corrupción en los años 80, en el que se puso ilegalmente a varios trabajadores del partido de Chirac a sueldo del ayuntamiento de París. La condena, sin embargo, no le ha perjudicado. Se entiende que no se benefició personalmente y se considera que más bien asumió la carga desinteresadamente por Chirac.
Pero hay otro rival, el exprimer ministro de Sarkozy, François Fillon, que no da señales de condescendencia. Incluso antes de la recomendación de la fiscalía, advirtió en un feroz discurso: “No debería permitirse que se presenten aquellos que no respetan las leyes de la república. No tiene sentido hablar de autoridad cuando uno mismo no es intachable. ¿Quién puede imaginarse por un momento al general De Gaulle bajo una investigación penal?”.
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo