Acogieron al hombre más buscado del mundo durante dos semanas, moviendo a Edward Snowden entre pequeños apartamentos del barrio más pobre de Hong Kong.
Ahora, los cuatro refugiados protagonizan una batalla judicial en Canadá. Los abogados trabajan sin cesar para traer a los cuatro refugiados y a sus hijos al país ante los temores a graves represalias por sus acciones.
“Parece que la conexión de las familias con Snowden ha convertido a estas personas en radioactivas y les pone en una situación extremadamente vulnerable”, explica Michael Simkin, uno de los abogados que está detrás del caso abierto esta semana en un tribunal federal y cuyo objetivo es acelerar las solicitudes de asilo en Canadá.
Los refugiados vivieron en el anonimato hasta el año pasado, cuando la película de Oliver Stone the Whistleblower reveló que un grupo de solicitantes de asilo en Hong Kong protegió a Snowden. Una vez que los periodistas los localizaron, los refugiados —tres de Sri Lanka y uno de Filipinas— explicaron que se conocieron por un abogado común y que sus acciones se produjeron antes de que Hong Kong reconociese la orden de detención estadounidense contra Snowden.
Desde entonces, los solicitantes de asilo denuncian que han sido interrogados en repetidas ocasiones por las autoridades para averiguar lo que saben de Snowden. Sus abogados han expresado en varias ocasiones la necesidad de reubicar a sus clientes ante las sospechas de que las fuerzas de seguridad de Sri Lanka están intentando encontrarles.
En mayo, Hong Kong rechazó sus solicitudes de asilo, abriendo el camino a la deportación a sus países de origen, donde los solicitantes argumentan que podrían ser encarcelados, torturados e incluso que podrían morir. Los abogados están actualmente recurriendo el fallo, aunque creen que tienen pocas posibilidades de éxito.
Hace dos semanas se ordenó a los solicitantes de asilo —entre los que hay un exsoldado de Sri Lanka que denuncia torturas del Ejército y una madre soltera de Filipinas que afirma que huyó del país tras ser secuestrada y acosada sexualmente— presentarse en un centro de detención de Hong Kong a principios de agosto. Sus abogados temen que los hijos acaben bajo tutela de las autoridades al tiempo que los padres esperan la deportación.
Inicio del proceso en Canadá
Desde Montreal se está siguiendo cuidadosamente el caso y un equipo de abogados ha lanzado la organización sin ánimo de lucro For the Refugees, cuyo objetivo es llevar a las familias a Canadá como refugiados apoyados económicamente por ciudadanos individuales.
Con los fondos recaudados de los donantes para cubrir los gastos de acoger a estas familias, los abogados rellenaron en enero el papeleo para trasladar a Canadá a los cuatro adultos y a sus tres hijos. “Nos anima el compromiso del primer ministro Trudeau en liderar la acogida internacional de refugiados”, afirmó en abril el abogado Marc-André Séguin.
Pero meses después, parece que se ha progresado muy poco en procesar las solicitudes, explica Simkin. “Ahora Canadá es verdaderamente su última y única esperanza”, añade el abogado. “Una vez que se detenga a las familias, se pondrá en grave peligro la capacidad de reubicarlos en Canadá. La vida de nuestros clientes está en peligro y esta puede ser su última oportunidad para escapar de un destino horrible”.
En reconocimiento de la urgencia de sus casos, Simkin señala que el ministro de Inmigración de Canadá, Ahmed Hussen —que llegó al país en la adolescencia como refugiado somalí—, se había comprometido en mayo a acelerar las solicitudes de asilo. Dos meses después, trabajadores consulares aseguran que los trámites no se han acelerado, dejando a las familias a merced de un proceso que podría llevar años.
Simkin se pregunta por qué el Gobierno de Canadá ha cambiado aparentemente de opinión. “No sabemos si EEUU ha ejercido algún tipo de presión sobre Canadá, no sabemos por qué el ministro Hussen ha revertido su decisión... lo que sí sabemos es que las familias y sus tres hijos apátridas menores de seis años están siendo castigados, y eso no está bien”, explica. “No podemos utilizar a estas familias como una forma de castigar a Edward Snowden”, añade.
Tras no obtener respuesta del Ministerio de Inmigración, los abogados afirman que no tenían otra opción que denunciar y esperar que un tribunal federal obligue al Gobierno de Canadá a procesar rápidamente las solicitudes.
Este martes, la oficina del ministro de Inmigración ha afirmado que el Gobierno se ha comprometido a asegurarse de que cada caso se evalúa de forma justa. Por el contrario, “el ministro no se ha comprometido a acelerar esta solicitud”, ha explicado un portavoz del ministro, que se ha negado a hacer más declaraciones por razones de privacidad.
La saga legal en la que se han visto los refugiados también ha llamado la atención de Human Rights Watch, que, apuntando que Hong Kong ha aceptado menos del 1% de las solicitudes de asilo en los últimos años, ha pedido a Canadá que abra sus puertas a estas familias.
“El acto caritativo de dejar entrar a Edward Snowden en sus casas nunca debería haber puesto a estas familias en peligro”, ha afirmado en un comunicado Dinah PoKempner, del departamento jurídico de la organización. “Ninguno se debería enfrentar a una vuelta a la tortura o la persecución por abrir su puerta a otra persona que se enfrentaba a lo mismo”, añade.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti