Trump, en apuros ante la investigación penal de sus negocios

Los fiscales de Nueva York están considerando presentar esta semana una demanda penal contra la empresa familiar de Donald Trump, un golpe financiero y político para el expresidente que podría ser demoledor.

La acusación contra la Organización Trump está relacionada con los impuestos atribuibles a las grandes bonificaciones en especie que se concedieron a altos ejecutivos, entre las que figuran el uso de coches y apartamentos, así como el pago de matrículas escolares.

No se espera una acusación personal contra el que fue el presidente número 45 de Estados Unidos, pero el drama legal podría enturbiar su regreso a la política y quebrar su empresa si perjudica sus relaciones con los bancos y otros socios comerciales.

El jueves, uno de los abogados de la Organización Trump, Ron Fischetti, tuvo una reunión online de 90 minutos con los fiscales para tratar de convencerles de que no presentasen demandas penales contra la compañía.

“Las acusaciones son absolutamente escandalosas y no tienen precedentes, si es que se presentan las demandas”, dijo el viernes Fischetti a la agencia de noticias AP. “Es sólo para vengarse de Donald Trump, vamos a declararnos inocentes y presentaremos una petición de sobreseimiento”. Según informó el Washington Post, Fischetti y su equipo tuvieron hasta el lunes para presentar sus argumentos finales contra la presentación de la demanda.

La larga investigación del fiscal del distrito de Manhattan Cyrus Vance comenzó después de que Michael Cohen, el exabogado y hombre para todo de Trump, tratara de despejar el camino de las elecciones presidenciales de 2016 comprando con dinero el silencio de dos mujeres que alegaban haber tenido encuentros sexuales con Trump (Trump niega esas afirmaciones).

La mira está puesta ahora en Allen Weisselberg (73), quien durante muchos años fue el director financiero del conglomerado inmobiliario Trump Organization. Los fiscales están examinando el uso que su hijo Barry hizo de un apartamento de Trump a coste cero o muy reducido, los coches alquilados para la familia y las matrículas pagadas en una escuela a la que asisten los nietos de Weisselberg.

El valor de esos regalos y prebendas asciende a decenas o cientos de miles de dólares y los Weisselberg podrían estar en peligro si no declararon ese dinero en sus declaraciones de impuestos y documentos financieros. Pero Fischetti insiste en que cualquier demanda penal que se base en las bonificaciones complementarias representa una arriesgada ruptura con los precedentes.

“Hemos revisado cien años de casos y no hemos encontrado ninguno en el que se haya acusado a un empleado por las bonificaciones complementarias y, desde luego, no a la empresa”, dijo a la AP. “[Para ser un delito] tendría que haber redundado en beneficio de la corporación y con el conocimiento de la corporación, y de eso no hay ninguna prueba”.

Aun así, la gran pregunta es si Weisselberg seguirá siendo leal al expresidente o se convertirá en informante con un posible testimonio en contra de Trump, el dueño de la compañía; de sus hijos Don Jr y Eric, los vicepresidentes ejecutivos; y de su hija Ivanka.

Derrotado por Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, Trump lleva tiempo tratando de etiquetar la investigación como una “caza de brujas” y sigue estando activo políticamente. El sábado volvió a dar mítines de campaña, su intención es participar activamente en las elecciones de mitad de mandato de 2022 y podría volver a presentarse para la presidencia en 2024. Pero algunos signos indican que las puertas se le están cerrando.

En su investigación sobre “una conducta delictiva posiblemente extensa y prolongada”, Vance ha estado indagando en los registros fiscales de Trump, exigiendo documentos y entrevistando a testigos, entre los que figuran ejecutivos de la empresa y personas de confianza de Trump. Recientemente se constituyó un gran jurado para examinar las pruebas.

Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York que sigue su propia investigación civil sobre los negocios de Trump, ha asignado dos abogados al equipo de Vance para la investigación penal.

La investigación civil de James trata de determinar si la Trump Organization infló los valores de algunas propiedades para obtener mejores condiciones en los préstamos, y los bajó para conseguir exenciones impositivas.

Los documentos judiciales muestran puntos en común en las investigaciones independientes de James y de Vance. Uno de ellos es Seven Springs, una finca de unas 86 hectáreas a las afueras de Manhattan adquirida por Trump en 1995. James está revisando una deducción fiscal de 21,1 millones de dólares que Trump consiguió cuando accedió a no desarrolla la propiedad después de que la oposición local frustrara su plan de construir un campo de golf y de que se abandonara otro proyecto para construir viviendas de lujo.

Trump ha denunciado airadamente las dos investigaciones. En un comunicado difundido el lunes, dijo que eran una extensión de la “caza de brujas” de los demócratas contra él. “Harán cualquier cosa para detener el movimiento MAGA (y a mí)”, dijo en referencia al eslogan de la campaña Make America Great Again. También afirmó que la Trump Organization se limitó a hacer “cosas que son práctica habitual en toda la comunidad de negocios de EEUU y que de ninguna manera constituyen un delito”.

“Tener fiscales con motivaciones políticas, personas que de verdad han sido elegidas porque 'atraparán a Donald Trump', es algo muy peligroso para nuestro país”, dice el texto del comunicado. “Al final, la gente no lo soportará. Recuerden, si pueden hacerme esto a mí, ¡pueden hacérselo a cualquiera!”.

La pérdida del poder en Washington le ha dejado a él, a su familia y a su empresa sin las protecciones legales que tenían cuando estaba en la Casa Blanca.

La oficina del fiscal general del Distrito de Columbia, por ejemplo, está demandando a la Trump Organization y al comité de toma de posesión presidencial por el presunto mal uso de una cantidad superior a un millón de dólares en un espacio para eventos del Hotel Trump de Washington durante la celebración de investidura en enero de 2017.

Ivanka, que fue asesora principal en la Casa Blanca, se sentó en diciembre en el banquillo para prestar declaración, pero por el momento no corre peligro de ser demandada penalmente.

Traducido por Francisco de Zárate.