El afán de la administración de Trump por el retroceso en materia medioambiental ha permitido cumplir casi todas las prioridades de la “lista de deseos” elaborada por el Instituto Americano del Petróleo (API por sus siglas en inglés), el lobby principal en Estados Unidos para las compañías de gas y petróleo.
En un documento titulado “Observaciones sobre regulaciones específicas” enviado en mayo a la Agencia para la Protección Medioambiental (EPA por sus siglas en inglés), el API destacó ocho cambios clave que deseaba para relajar la regulación sobre contaminación del aire y el agua. Un análisis demuestra que hasta ahora la EPA ha satisfecho, bien por completo o parcialmente, seis de las ocho demandas, durante el primer año de la administración de Trump, que solicitó ayuda a un número de grupos comerciales en relación con las normas gubernamentales.
El Centro para la Integridad Pública y the Guardian han publicado recientemente una investigación sobre cómo el lobby del petróleo ha trabajado durante décadas para influenciar las políticas gubernamentales de Estados Unidos, y sobre cómo está consolidando su posición.
25 páginas de peticiones
A principios de este año, una carta escrita por Howard Feldman, director senior de asuntos regulatorios en el API, acompañó la lista de deseos del lobby, y señalaba que las compañías de combustibles fósiles están prosperando “a pesar del nivel de regulaciones federales sin precedentes que están actuando contra nuestra industria”.
Feldman pedía al gobierno federal alterar las regulaciones de manera que “promocionen el acceso a los recursos domésticos de combustible y gas natural, autorizaciones racionales y normas rentables”.
La carta estaba dirigida a Samantha Davis, una administradora asociada de la Agencia para la Protección Medioambiental, que anteriormente ejerció un papel destacado en la Asociación General Republicana de Abogados y es consejera de Freedom Partners, uno de los grupos en la red de los hermanos Koch.
La lista de 25 páginas del Instituto Americano del Petróleo con sugerencias de cambios en la regulación, pone un énfasis especial en ocho demandas clave que dejan atrás las normas impuestas principalmente por la administración de Obama. El administrador de la EPA, Scott Pruitt, un duro crítico de la agencia anteriormente y que ahora ha prometido poner en orden su “programa fuera de control y antienergía”, ha supervisado los retrasos o derogaciones en relación con seis de las ocho prioridades más urgentes de API.
“No hay duda de que los lobbies de la energía están al mando en esta administración, que ha estado demasiado dispuesta a dar marcha atrás las protecciones para la salud pública”, dice Jeremy Symons, vicepresidente del Fondo Para la Defensa Medioambiental. “Cualquiera que dude puede mirar su historial”.
Normas puestas en pausa
El 22 de marzo, Pruitt se reunió con ejecutivos de API en el hotel Trump International de Washington DC. Menos de un mes después, Pruitt escribió a Feldman, así como a otros tres representantes de la industria del gas y el petróleo, para decirles que suspendía de manera temporal la regulación que limita las fugas de las operaciones de prospección mientras que la EPA reconsidera las normas.
En junio, la EPA propuso una pausa de dos años a la norma, elaborada durante la administración de Obama en 2016 y destinada a reducir emisiones “fugitivas” como el metano, un potente gas de efecto invernadero. En julio, un tribunal federal bloqueó el intento de suspender la norma.
A la EPA le ha ido mejor haciendo realidad otras prioridades principales del API. En junio, Pruitt firmó un retraso de dos años a la regulaciones destinadas a mejorar la seguridad de las instalaciones químicas. API defendió que la norma, después de muchos incidentes desastrosos en plantas químicas, sería engorrosa y haría poco para mejorar la seguridad.
Los petroleros aseguraron que la EPA “debería revertir” una regulación que obliga a las centrales eléctricas a seguir las normas de contaminación del aire cuando están empezando, cerrando o bajo labores de mantenimiento. Pruitt, que anteriormente denunció a la EPA para frenar la norma, la está reconsiderando ahora.
La implementación de nuevos estándares para reducir el ozono, un contaminante que produce niebla tóxica, se retrasó un año por petición de Pruitt en junio, un mes después de que la API demandase reconsiderar la norma. Muchos estados y grupos de salud pública han lanzado una acción legal contra la EPA después de que se pasara el plazo para designar qué áreas del país están incumpliendo los exigentes criterios en materia de niebla tóxica, el smog.
El API también aseguró una victoria temprana en febrero, cuando Donald Trump emitió un decreto para deshacerse de la ley “aguas de Estados Unidos”, establecida por la administración de Obama para proteger los arroyos y ríos que proveen de agua potable a alrededor de un tercio de estadounidenses. Algunos granjeros, dueños de campos de golf y de naves industriales se opusieron a la regulación por ser demasiado estricta.
Muchas de las propuestas menores del API también se han cumplido, como la adopción por parte de Pruitt de nuevas normas para los miembros de los consejos científicos de la EPA, que abre la puerta a más influencia de la industria. Por otro lado, decidió no introducir nuevos requisitos de responsabilidad financiera que el API temía que podría haber afectado a la industria del petróleo.
“Pruitt y su equipo no tienen vergüenza”, dice Liz Purchia Gannon, exdirectora de comunicaciones en la EPA durante el gobierno de Obama. “Han dejado claro desde el principio que las industrias del petróleo, el gas y el carbón triunfan sobre la ciencia, el pueblo americano y las organizaciones medioambientales y de salud pública”.
Tras contactar con el API para comentar al respecto, un portavoz del instituto dijo que estaba contento con que sus declaraciones anteriores hablen por sí mismas. La EPA no respondió a la solicitud de comentario.
Traducido por Marina Leiva