El expresidente de Estados Unidos y de nuevo aspirante a candidato ha sido procesado este lunes por cuarta vez en el que puede ser el caso más extenso y complicado para su futuro. Donald Trump se enfrenta a 13 nuevos cargos penales por haber intentado cambiar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, un estado clave para mantenerse en la Casa Blanca. Trump ha sido acusado junto a otras 18 personas, entre las que se encuentran su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de gabinete Mark Meadows, de actividades de “crimen organizado”.
“En lugar de respetar el procedimiento legal de Georgia para impugnaciones electorales, los acusados se dedicaron al crimen organizado para revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia”, dijo en rueda de prensa este lunes por la noche -martes en España- la fiscal Fani Willis, que presentó su escrito de acusación después de dos años y medio de investigación ante un gran jurado (el que decide si procesar o no a alguien, no si es culpable o inocente como los jurados ordinarios). Willis es fiscal del distrito del condado de Fulton, donde está Atlanta, y donde ocurrieron algunos de los casos más graves de presión, acoso y amenazas a cargos públicos, funcionarios y empleados electorales para que alteraran el resultado de las elecciones a favor de Trump, según denuncia la fiscalía y ha documentado la investigación del Congreso e investigaciones periodísticas como la del Washington Post. El escrito de Willis describe “la conspiración” para alterar el resultado e incluye hasta 161 hechos delictivos por parte de Trump y su equipo, como el intento de abogados de Trump de manipular una máquina de recuento de votos y robar datos de la empresa fabricante.
La fiscal habla de “crimen organizado” y le acusa de violar entre otras la ley de Georgia utilizada habitualmente para procesar a bandas mafiosas y que permite agrupar los delitos en uno de “racketeering” (crimen organizado o asociación delictiva) punible con hasta 20 años de cárcel. La legislación se conoce por sus siglas, RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, algo así como ley sobre organizaciones corruptas y mafiosas).
Trump ya ha sido procesado por falsear documentación para esconder escándalos sexuales, sustraer documentos oficiales sensibles y entorpecer a la justicia, y conspirar para alterar los resultados de las elecciones con acciones que llevaron al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Este cuarto proceso por intentar revertir su derrota electoral en Georgia afecta a más personas de su entorno, no admite el perdón del presidente –si es que llegara a serlo otra vez e intentara auto–perdonarse– al tratarse de cargos estatales y no federales, y puede ir más deprisa que otros casos. Además, el juicio puede ser televisado a diferencia de lo que ocurre con los juicios federales o con los que se celebran en Nueva York, que tiene una de las legislaciones más restrictivas del país. La fiscal Willis dijo anoche que los acusados serán juzgados a la vez y que ella presentará su propuesta de fecha para empezar el juicio en los próximos seis meses.
Las pruebas contra Trump incluyen una llamada para presionar al responsable de la administración electoral y un complot para crear una lista de representantes alternativos para el colegio electoral –el grupo de electores que, según la Constitución de Estados Unidos, formalmente elige al presidente– que no votarían según el resultado de las elecciones en Georgia, sino según sus órdenes.
La llamada
“Todo lo que quiero hacer es esto. Sólo quiero encontrar 11.780 votos”, le dijo Trump al secretario de Estado de Georgia y responsable de la administración electoral allí, el republicano Brad Raffensperger, que habló con el presidente acompañado de su abogado y grabó la conversación (algo legal en Georgia si lo hace una de las partes).
La llamada del 2 de enero de 2021 fue revelada por primera vez por el Washington Post, que publicó la transcripción y el audio de la conversación completa de más de una hora.
En esa llamada, Raffensperger se atrevió a decirle al presidente que sus datos estaban “equivocados”, que no había ninguna señal de fraude y que la victoria de Biden estaba clara.
Georgia contó los votos tres veces, como permite la ley cuando el margen de una victoria es inferior al 5%. Tras el tercer recuento, el estado certificó una vez más la victoria de Biden por 11.779 votos en ese estado y por lo tanto, según el sistema mayoritario, los 16 votos del colegio electoral que le corresponden al estado (para ganar las elecciones de Estados Unidos se necesitan 270).
El presidente, que aún estaba en el cargo, insinuó que Raffensperger y el abogado de su oficina, Ryan Germany, podrían ser procesados penalmente si no atendían a sus quejas. “Sabes lo que hicieron y no lo estás reportando”, le dijo Trump al cargo republicano. “Sabes que eso es criminal, es un delito penal. Y sabes, no puedes dejar que eso suceda. Es un gran riesgo para ti y para Ryan, tu abogado. Es un gran riesgo”.
Raffensperger no fue procesado, pero sí sufrió amenazas contra su vida y la de su mujer y tuvo que llevar escolta. El republicano es un ingeniero que entró en política pasados los 50 y tiene un historial de voto conservador en la Cámara de Representantes de Georgia. En 2022, se presentó a la reelección y varios republicanos que negaban el resultado de las elecciones se presentaron contra él en las primarias. Raffensperger ganó en las primarias y en las generales contra su rival demócrata, que le llamó para felicitarle tras su derrota e incluso le alabó por su inspiración.
Los “falsos electores”
El acoso a los empleados y administradores electorales por parte de miembros del equipo de Trump es parte de la acusación. Varias personas contaron ante el Congreso después las amenazas de muerte y las visitas a su casa de seguidores del presidente para acusarlas de amaños imaginarios. Rudy Giuliani, abogado de Trump, reconoció haber mentido sobre una trabajadora electoral y su hija al decir que habían metido votos en una maleta y utilizar un vídeo manipulado (Raffensperger también alertó de que era falso y estaba editado por el equipo de Trump).
Mientras trataban de “encontrar” más votos a su favor, los abogados de Trump sugerían trucos para cambiar el resultado o al menos retrasar el proceso de certificación del resultado antes de que el nuevo presidente tomara posesión el 20 de enero.
La votación del colegio electoral un mes después de las elecciones es habitualmente una formalidad y los representantes elegidos por el partido ganador en cada estado dan los votos al ganador (salvo algún rebelde anecdótico contra el candidato de su propio partido que no ha cambiado el resultado). Pero uno de los planes de Trump era presentar en varios estados que había perdido listas de electores “falsos”, no la de los demócratas según correspondía por el resultado, que por ejemplo darían los 16 votos de Georgia a Trump y se presentarían ante el vicepresidente Mike Pence, que entonces tenía que presidir la certificación ceremonial en el Congreso.
La justificación de los de Trump es que una vez que sus quejas ante los tribunales fueran escuchadas cambiaría el resultado. El objetivo era al menos crear confusión y retrasar la certificación de las elecciones prevista para el 6 de enero de 2021. Pero el plan no funcionó, Pence se negó a las demandas del presidente, y el Congreso logró certificar el resultado a las cuatro de la mañana del 7 de enero pese al asalto al Capitolio de los seguidores de Trump por el que el ex presidente también está procesado.
Las denuncias del equipo de Trump fueron rechazadas por los tribunales en Georgia por carecer de base o retiradas por el propio equipo del republicano. Por todo el país, el equipo de Trump perdió decenas de querellas para cuestionar los resultados.
Un informe encargado por la campaña de Trump mostró que una de sus afirmaciones sobre el supuesto fraude en Georgia por miles de votos en nombre de personas muertas también era falsa. El informe es del día antes de la llamada a Raffensperger, según reveló el Post.
Favorito de los republicanos
Trump negó los hechos y atacó de nuevo a los testigos en el caso. Varios líderes republicanos salieron en su defensa, entre ellos Kevin McCarthy, el republicano que preside la Cámara de Representantes, que en enero de 2021 acusó a Trump de ser responsable del asalto al Capitolio, pero ahora dice sin pruebas que el proceso por lo que pasó es “una farsa”.
Pese a las imputaciones, Trump sigue siendo el favorito en los sondeos para las primarias republicanas, que empiezan el próximo 15 de enero con la primera votación en Iowa. Sus más fieles no creen que haya cometido delitos o haya hecho “nada malo”, según explica a elDiario.es Don Levy, director del instituto de investigación demoscópico del Siena College, que hace las encuestas sobre las elecciones primarias y presidenciales para el New York Times. Los críticos dentro del Partido Republicano son ahora una minoría.
“Cuando preguntas a los republicanos, hay un pequeño grupo en nuestra encuesta, alrededor del 17 %, que cree que Trump cometió delitos federales graves y es poco probable que voten por él. Pero casi las tres cuartas partes de los republicanos con los que hablamos dicen que Trump no cometió delitos federales y los republicanos deben apoyarle”, dice Levy en la entrevista. “En todo caso, estamos viendo que Trump se vuelve más fuerte a medida que hay más acusaciones”.