La UE y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) han cerrado el polémico acuerdo comercial que se resistía desde hace décadas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó a Montevideo, donde se celebrarba una cumbre de Mercosur, para poner el broche final a unas negociaciones que se han prolongado durante años después de haber alcanzando un principio de acuerdo en 2019, que fue reabierto por las dudas medioambientales. “Este acuerdo no es solo una oportunidad económica, sino una necesidad política”, ha dicho la alemana en una rueda de prensa en la que, junto a los líderes de esos cuatro países, han anunciado la culminación de las negociaciones.
Ahora los países tendrán que ratificar el texto, que cuenta con el rechazo frontal de Francia, Polonia y Países Bajos. También Italia ha mostrado dudas en el último momento y todos ellos pueden armar una minoría de bloqueo en el seno de la UE. Convencerles es la tarea que tiene ahora por delante Von der Leyen: “Este acuerdo es una victoria para Europa”. “Un acuerdo político es el primer paso de un camino largo de ratificación. Es un principio del proceso, no el final”, ha reconocido el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Ollof Gill, minutos antes de que se formalizara el trato en Montevideo. No hay fecha ni para la aprobación ni para la entrada en vigor de un texto que afecta a 31 países (Bolivia aún no forma parte completa de Mercosur) y que tienen que ratificar el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo.
Von der Leyen ha puesto el énfasis en la necesidad de rubricar el que será el acuerdo comercial más amplio de la historia al abarcar un mercado de 700 millones de personas. Supondrá la eliminación gradual de los aranceles al 91% de las exportaciones de la UE al Mercosur, incluidos productos industriales y alimentarios, y al 92% de las exportaciones del Mercosur a la UE. En Montevideo, la alemana también se refirió a las facilidades para acceder a contratos públicos así como la simplificación de los trámites.
“Todo esto significa muchas más oportunidades de empleo y crecimiento en Europa”, señaló Von der Leyen, convencida de que se beneficiarán del acuerdo más de las 30.000 empresas que exportan a esa región a la que la UE exportó bienes por un importe de 56.000 millones de euros en 2023. Además, en Bruselas enfatizan la necesidad de reforzar los lazos con América Latina en un momento en el que China está expandiendo su red con inversiones en la región. De hecho, el gigante asiático es el primer socio comercial de Mercosur, seguido de la UE y de EEUU.
El acuerdo alcanzado este viernes supone un anexo a lo pactado en 2019, pero con incorporaciones fundamentalmente en materia medioambiental. De hecho, prevé la suspensión del mismo en el caso de que alguno de los países salga del Acuerdo del París sobre los objetivos climáticos de reducción de emisiones o los que no actúen “de buena fe”, según fuentes comunitarias.
El intercambio comercial entre la UE y Mercosur ya supera los 109.500 millones de euros al año, según Eurostat. Entre los principales productos exportados por la Unión Europea a Mercosur destacan materiales de transporte, productos farmacéuticos y piezas de automóviles, que en conjunto representan el 35% del valor total exportado. Por otro lado, el Mercosur exporta principalmente ganado y piensos, así como productos petrolíferos y minerales, los cuales en conjunto representan el 70% del valor total de las importaciones europeas, informa la Agencia EFE.
Alemania, cuya economía en horas bajas depende en buena medida de las exportaciones, y España han sido los países europeos que más han empujado para que el acuerdo saliera adelante. Por el contrario, Francia ha liderado la oposición -incluso con el 'no' de la Asamblea- junto a Holanda y Polonia por temor a que se acreciente la crisis del campo. Buena parte de los agricultores y ganaderos, especialmente los productores de carne de res, lácteos y cereales, han manifestado sus recelos por la competencia a precios más bajos de la producción en los países de América del Sur.
Un complicado camino por delante
El Gobierno español ha sido uno de los que más ha celebrado el acuerdo. “España trabajará para que este acuerdo sea aprobado por mayoría en el Consejo. Porque la apertura comercial con nuestros países hermanos latinoamericanos nos hará -a todos- más prósperos y más fuertes”, ha señalado Pedro Sánchez en la red social X (antes Twitter). Fuentes de Moncloa sostienen que aportará “beneficios económicos, sino también sociales, laborales, medioambientales, con un importante elemento de lucha contra la desforestación”.
Ahora los países tendrán que ratificar el acuerdo y aprobarlo en el Consejo de la UE por mayoría cualificada, es decir, 15 países (un 55% de los estados miembros que representen al menos al 65% de la población europea). La base legal del acuerdo está aún por determinar, pero en caso de que se trate de un acuerdo mix también tendrán que validarlo los parlamentos nacionales y eso supondría un problema porque ya hay al menos tres (el francés, el neerlandés y el austríaco que lo han rechazado).
Dudas medioambientales y para el sector primario
Italia ha puesto pegas hasta el último momento. “Tenemos que comprobar que los países del Mercosur cumplen las mismas obligaciones que nosotros imponemos a nuestros agricultores en materia de respeto de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente”, expresó hace dos días el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, de la extrema derecha de Fratelli d'Italia, que reclamó ajustes para poder dar el visto bueno al texto. Por la parte de Mercosur, el debate hasta el último momento ha sido respecto a la “flexibilidad” para que los países que forman parte del bloque puedan llegar a acuerdos bilaterales. Ese es el objetivo último del ultraderechista liberal argentino, Javier Milei, que quiere negociar con China y Estados Unidos.
También el Parlamento Europeo tiene que validar el acuerdo. Los Verdes y La Izquierda ya han manifestado su rechazo frontal al trato. “Ursula von der Leyen selló el acuerdo UE-Mercosur con el presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei, en una maniobra que no satisface ni las necesidades de los europeos ni las de los ciudadanos de los países del Mercosur. Una vez más, una minoría de actores de los sectores agroalimentario, automovilístico y químico se beneficiará de esta toma de poder”, señala en un comunicado la eurodiputada Saskia Bricmont: “Las preocupaciones expresadas por los agricultores europeos, la creación de empleo y la protección de los derechos sociales, la salud y los bosques en los países del Mercosur no son prioridades para la presidenta de la Comisión Europea”.
Rechazo de las organizaciones sociales
También desde el grupo de La Izquierda cuestionan el texto y advierten de la opacidad de las negociaciones. Consideran que causará “daños significativos tanto a las personas como al planeta” al poner en peligro “los derechos de los trabajadores y las empresas más pequeñas a ambos lados del Atlántico, para favorecer los intereses de las grandes corporaciones”.
Las críticas también llegan de las organizaciones sociales por la escasez respecto a los compromisos en materia medioambiental y de derechos laborales, que consideran insuficientes. La gran preocupación es que se perpetúe la explotación laboral en el sector primario de Mercosur y que se ponga en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades locales al fomentarse la producción a gran escala al priorizarse la exportación.
“25 años de conversaciones secretas a puerta cerrada, dejando de lado una y otra vez las preocupaciones de la opinión pública, han desembocado hoy en un acuerdo que aumentará el comercio de carne de vacuno, pesticidas y plásticos, con consecuencias desastrosas para la Amazonia, el clima y los derechos humanos. Es vergonzoso que los dirigentes de la UE y Mercosur sigan adelante con este acuerdo tóxico”, denuncia Lis Cunha (Greenpeace).
También la asociación de sindicatos europeos ETUC alerta en contra del acuerdo: “Aunque el acuerdo ofrece nuevas oportunidades para la creación de empleo y la cooperación entre Europa y Sudamérica, los sindicatos siguen preocupados. La falta de transparencia y legitimidad democrática en estas negociaciones se ha sumado a esas preocupaciones”.