La Comisión Europea (CE) abrió este miércoles la puerta a la activación del artículo 7 de los tratados europeos, que implicaría la suspensión del derecho a voto de Polonia en las reuniones del Consejo de la Unión Europea (UE), en respuesta a las reformas judiciales propuestas por su Gobierno.
“Estamos muy cerca de tener que activarlo”, aseguró el primer vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, en la rueda de prensa posterior a la reunión en la que se ha debatido la situación del Estado de derecho en Polonia.
Timmermans advirtió de la existencia de “un peligro sistémico para el Estado de derecho en Polonia” a raíz de las reformas al sistema judicial propuestas por el Gobierno, que tendrían “un impacto significativamente negativo”. Además afirmó que la implantación de cualquiera de las cuatro propuestas sobre la mesa “erosionaría de forma importante la independencia de la magistratura polaca”.
El comisario europeo se refiere a la propuesta de ley que este miércoles aprobó el Parlamento polaco con la que el gobierno pretende controlar los miembros del Tribunal Supremo. La reforma consistiría en que sus miembros pasarían a ser nombrados directamente por la cámara baja, en la que el Ejecutivo ultraconservador formado Ley y Justicia (Pis) tiene una aplastante mayoría absoluta.
Una violación de la normativa europea
La CE urgió al país a “suspender” las reformas judiciales y volver a establecer un diálogo con el vicepresidente del Ejecutivo comunitario “en un intento de abordar las serias preocupaciones expresadas”.
En su reunión de este miércoles, los comisarios mantuvieron una “primera discusión en profundidad” sobre los últimos acontecimientos en Polonia, sobre los que expresaron una “grave preocupación”, y revisaron “las opciones legales y políticas” que podría adoptar la Comisión en calidad de guardián de los tratados europeos.
Los comisarios retomarán la conversación sobre este asunto la semana que viene, una vez se haya realizado un análisis legal completo de las propuestas legislativas polacas y recibido “observaciones” de las autoridades polacas u otras partes interesadas.
Entre otras medidas, Timmermans apuntó a la posibilidad de emitir una tercera Recomendación sobre el Estado de derecho en Polonia o abrir nuevos procedimientos de infracción por violación de la normativa europea.
La CE inició en enero de 2016, por primera vez desde su instauración en 2014, el proceso comunitario para proteger las reglas del Estado de derecho en la UE, al requerir a Polonia que aclare el alcance de los cambios impulsados por el nuevo Gobierno, en especial con relación al Tribunal Constitucional.
Polonia se defiende
El ministerio de Asuntos Exteriores polaco calificó de “infundada” la respuesta de Timmermans. “La reacción del vicepresidente de la Comisión Europea, es infundada e injustificada, ya que el proceso de reforma del sistema judicial polaco acaba de comenzar, por lo que sus palabras son prematuras”, señaló el ministerio en un comunicado.
“Reiteramos nuestras nuestra disponibilidad para explicar detalladamente a los representantes de la Comisión Europea todos los aspectos del proceso legislativo destinado a reformar el poder judicial en Polonia”, añade el comunicado.
El ministerio destacó que “durante varios meses, se lleva a cabo en Polonia un proceso de reforma del sistema judicial sobre la base del mandato democrático (obtenido por el partido gobernante Ley y Justicia, que gobierna con mayoría absoluta desde su victoria en las elecciones de 2015) y de acuerdo a un programa electoral”.
“El Gobierno polaco está tratando de mejorar el sistema de justicia después de muchos años de negligencia y omisiones por parte de las autoridades anteriores mediante una serie de reformas en línea con las normas europeas, sirviéndose de la experiencia y las soluciones adoptadas en otros Estados miembros de la Unión Europea, y atendiendo a la idea de la separación de poderes”, subrayó.
Los expresidentes polacos en contra de la reforma
Los tres expresidentes de la democracia moderna polaca, Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski y Bronislaw Komorowski, han unido su voz en una carta abierta para denunciar también “las maniobras antidemocráticas” de Ley y Justicia, el partido nacionalista y conservador gobernante.
“Ante la amenaza que plantean una serie de decisiones antidemocráticas y anticonstitucionales del gobierno de Ley y Justicia, nos posicionamos firmemente en defensa de las libertades fundamentales de los ciudadanos y como garantes del estado de derecho de la República de Polonia”, señalan en su misiva.
Por su parte, la Iglesia católica polaca a través de un portavoz de la Conferencia Episcopal pidió a las fuerzas políticas “diálogo” a la hora de abordar la controvertida reforma judicial, para llegar a un acuerdo “en beneficio del bien común”.
Mientras tanto el bloque creado por la mayoría de la oposición parlamentaria en Polonia(Plataforma Ciudadana, Nowoczesna y Partido Campesino) aseguró que defenderá el orden constitucional del país por vía parlamentaria, en las calles y usando todas las armas legales de las que se dispongan.