Urszula Grycuk, activista: “El acceso al aborto en Polonia es una cuestión de clase”

Hace un año, el Tribunal Constitucional de Polonia decidió que el aborto por malformación del feto era inconstitucional, eliminando el que era uno de los pocos supuestos legales bajo la ya muy restrictiva ley del país. Urszula Grycuk recuerda la “gran conmoción” que sintió, junto a sus compañeras de organización, aquel 22 de octubre de 2020. Hasta entonces, pensaban que se trataba de un intento más para restringir el aborto, uno de los varios que llevaban sufriendo durante años, especialmente desde que el partido ultraconservador Ley y Justicia está en el poder. La situación del acceso al aborto ya era difícil, dice en una entrevista con elDiario.es, así que les parecía imposible que esta restricción pudiera prosperar.

“Nos parecía totalmente irreal que estuviera pasando”, dice por videollamada Grycuk, coordinadora de incidencia internacional de la Federación de Mujeres y Planificación Familiar (Federa), una ONG que lleva más de dos décadas luchando por la igualdad y los derechos reproductivos en Polonia. Cuenta que se sintió impresionada por las multitudinarias protestas que se sucedieron los días posteriores, con decenas de miles de mujeres en las calles de Varsovia y el resto del país, hasta en los pueblos más pequeños. “Tenía la sensación de estar en un momento muy importante de la historia de los derechos de las mujeres polacas”. Este viernes, durante el aniversario, ha vuelto a haber protestas en el país.

Aborto Sin Fronteras, seis organizaciones de varios países que ayudan a las mujeres a acceder a servicios de aborto seguro, ha atendido a 34.000 personas de Polonia durante este año e indica que más de 1.000 polacas han recurrido a clínicas en el extranjero en el segundo trimestre. Aunque la decisión del Constitucional no entró en vigor final de enero, explican que al día siguiente les llegaron las primeras peticiones de ayuda de mujeres a las que se les denegó el aborto en hospitales polacos.

En Polonia, el aborto solo se permite ahora en casos de violación, incesto o si la salud de la madre está en riesgo, lo que suponía solo un 2% de las interrupciones del embarazo legales en el momento de la sentencia, dice Grycuk. Federa y 13 entidades más denuncian que la decisión del Constitucional está causando “un daño incalculable” y ataques contra quienes defienden los derechos de las mujeres en el país.

Junto a varias organizaciones, denuncian “barreras extremas” para acceder al aborto en este año. ¿De qué barreras hablan?

Hablamos de una prohibición casi total del aborto en Polonia. Los casos de aborto por malformación fetal representaban casi el 98% de los practicados legalmente. Son estadísticas oficiales, que claramente no reflejan la realidad previa a la sentencia: las mujeres ya iban al extranjero y ya se sometían a abortos con medicamentos. Quienes buscan atención para abortar no pueden acceder a ella por casi ningún supuesto y esto provoca un dolor y un sufrimiento incalculables para muchas mujeres y sus familias. En la federación tratamos de hacerlo posible a través del supuesto de la amenaza a la salud y la vida, incluyendo la salud mental, pero va despacio por el efecto en los médicos, que pueden no estar dispuestos a asumir el riesgo en su diagnóstico. Según nuestras estimaciones, solo se han practicado 300 abortos en los hospitales polacos durante este año, lo que no es nada para un país de 38 millones de habitantes.

¿Qué otros problemas están notando?

La consecuencia terrible de esta sentencia ilegítima es el efecto amedrentador sobre los médicos, que temen la responsabilidad penal y se muestran reacios a prestar servicios de aborto, aunque haya una amenaza para la vida y la salud. Hay una gran desorientación e incertidumbre entre las personas que necesitan abortar, o que quieren ayudar a alguien a acceder a él, sobre lo que es legal y lo que no lo es. Según la ley, las mujeres no son castigadas por sus propios abortos, pero después de la sentencia no están seguras, temen por sus allegados.

Nuestras abogadas están representando a una demandante en un caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Es una mujer que tenía acceso al aborto legal (por enfermedad del feto) certificado en enero de 2021 –la sentencia entró en vigor el 27 de enero de 2021–, pero debido a la publicación del fallo, solo recibió un SMS del hospital que decía que esto ya no era legal y se negaron a proporcionarle la asistencia. ¿Se imagina el nivel de desesperación y el drama en una situación así? Finalmente, se fue a una clínica de Holanda y abortó allí. Pagó ella misma el transporte y los gastos médicos, que ascendieron a 1.220 euros.

Otra consecuencia se deja notar en el acceso a las pruebas prenatales. Los médicos prescriben menos pruebas porque, como algunos de ellos declaran abiertamente, si después una embarazada quiere abortar, no pueden. Hasta las mujeres que están en edad reproductiva y quieren quedarse embarazadas temen no recibir una atención ginecológica adecuada, especialmente si sus embarazos son complicados. Conocer las complicaciones y las enfermedades del feto es traumático en sí mismo, pero para el Estado polaco no es suficiente. Quieren quitarnos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. Es un enorme ataque a nuestra libertad, a nuestra autonomía y a nuestra capacidad de decisión. Es sencillamente humillante.

Denuncian que esta restricción está afectando sobre todo a mujeres y niñas pobres, de áreas rurales o marginadas. ¿Qué casos de este tipo se encuentran?

En Polonia hay personas que experimentan diferentes discriminaciones y desigualdades que se entrecruzan y que hacen que no tengan un acceso adecuado a la información y, a menudo, a los recursos económicos que podrían permitirles pagar un aborto. Algunas de esas mujeres ni siquiera saben que tienen la posibilidad de decidir libremente qué hacer con su cuerpo. Puede que no tengan acceso a nosotras, a otras organizaciones que proporcionan ayuda, incluida ayuda económica. A esto se suma el estigma que rodea al aborto, sobre todo en las poblaciones más pequeñas y tradicionales. Así que pueden quedarse sin ninguna ayuda. 

El acceso al aborto es una cuestión de clase: las que tienen dinero, las que viven en las grandes ciudades, pueden pedir una pastilla o abortar en el extranjero. El problema se resuelve para algunas, pero esto crea otra capa de desigualdad que debe ser abordada por el Estado, porque garantizar el acceso a los servicios esenciales de salud es un deber primordial. Me da pavor imaginar por lo que pasan las mujeres que son rechazadas en nuestras fronteras respecto al acceso a la atención médica y ginecológica. Están completamente abandonadas por el Estado.

Federa ha registrado unas 8.100 consultas en los 11 meses posteriores a la sentencia, tres veces más que en el mismo periodo de años anteriores. ¿Cómo ayudan a las mujeres en un entorno así?

Hacemos un seguimiento del acceso al aborto, actividades de sensibilización nacional e internacional y ayudamos a las mujeres a acceder al aborto legal en los hospitales polacos. Como este se limitó tras la sentencia, tenemos líneas telefónicas de ayuda con especialistas y en nuestra oficina proporcionamos información a todo el mundo sobre (según la situación, según la etapa del embarazo) cuál es la mejor solución en sus circunstancias y cómo pueden recibir ayuda.

Intentamos forjar el estado de salud metal en el supuesto de la amenaza de la salud. Estamos construyendo una red con quienes están dispuestos a afirmar que esto constituye una amenaza para su salud, para su vida, lo que podría hacer que el aborto legal sea accesible en este supuesto. Los médicos siguen siendo reticentes, pero en muchos casos las mujeres están desesperadas y angustiadas, y no es en absoluto exagerado que pueda constituir un grave riesgo para su salud. 

No solo recibimos llamadas sobre abortos, hay muchas sobre educación sexual y sobre anticoncepción, también de personas que quieren ayudar a sus parejas embarazadas a acceder al aborto. Tienen miedo y se preguntan en qué condiciones podrían ser castigadas. Dar información como tal no está penalizado, pero al mismo tiempo, con la propaganda del Estado, nos estamos exponiendo y puede ser peligroso. También hay consultas legales. Tenemos casos de víctimas potenciales en el TEDH. Estamos creando una red de ginecólogos afines. Hay mucho trabajo para las que somos, cuando esto debería ser lo básico en los servicios estatales. Y el Estado no nos apoya en absoluto.

¿Qué hacen entonces las mujeres que quieren abortar y no cumplen los supuestos legales?

En la mayoría de los casos, recurren al aborto con medicamentos o se van al extranjero, pero no es fácil. Aunque las mujeres no sean castigadas, hay dudas y miedos en torno a la ayuda al aborto, que puede ser castigada con hasta tres años de cárcel. Por ejemplo, si tu pareja pide pastillas por Internet y alguien informa a la Policía, puede haber una investigación penal. Todo esto ocurre en un ambiente de enorme estigma y opresión, y es simplemente inhumano.

Denuncian que, desde el fallo, las defensoras de derechos humanos se enfrentan a un “entorno cada vez más hostil y peligroso”. ¿Cómo es ser mujer activista en Polonia?

Es muy duro porque no tenemos apoyo. Estamos abrumadas por la cantidad de trabajo. A veces es bastante difícil tratar estas historias y ayudar a las mujeres, escuchar su angustia y tener vías de acción limitadas. Pero no dejamos a ninguna sola. No recibimos ningún tipo de apoyo económico o de otro tipo por parte del Estado. Al contrario, hay propaganda contra las organizaciones de derechos de las mujeres. La semana pasada, una compañera vio en la puerta de nuestra oficina un letrero que decía “aquí se matan niños”. Es algo simbólico, pero demuestra hasta qué punto las autoridades aceptan este tipo de comportamientos.

Las activistas de la huelga de mujeres son especialmente perseguidas, su líder se enfrenta a amenazas de muerte y a muchos procesos penales. El ambiente es muy hostil y totalmente desfavorable. Pero sabemos que estamos haciendo cosas importantes y es lo que nos importa a mí y a mis compañeras activistas. Hablamos de derechos humanos básicos, de servicios sanitarios básicos y de tratar a las mujeres como iguales. 

Desde que el partido Ley y Justicia llegó al poder en 2015, el Gobierno ha actuado repetidamente para frenar aún más los derechos de las mujeres, dicen. ¿Qué otras medidas y acciones le preocupan?

Hay muchas. El Tribunal Constitucional, el mismo tribunal constitucional que carece de legitimidad y cuyos jueces fueron elegidos sin seguir el procedimiento, va a decidir sobre la constitucionalidad del Convenio de Estambul [tratado para combatir la violencia machista]. Nuestro ministro de Justicia ha pedido este mismo Tribunal Constitucional que examine la constitucionalidad del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que daría la base para debilitar las sentencias del TEDH.

La próxima semana se va a tramitar un proyecto de ley que consiste en prohibir el Orgullo LGTBI. Organizaciones fundamentalistas han presentado una iniciativa para prohibir totalmente el aborto, tratándolo como homicidio y metiendo a las mujeres en la cárcel hasta 25 años por abortar. Este es un gobierno misógino y contrario a los derechos humanos que parece no detenerse aquí en el ataque a nuestros derechos.

Organizaciones y miembros de la oposición están recogiendo firmas para presentar un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que permitiría el aborto hasta la semana 12 de embarazo. ¿Esperan conseguirlo?

Este tipo de iniciativa requiere que los ciudadanos reúnan 100.000 firmas. Ya la hemos registrado en la comisión legislativa del Parlamento. Hay organizaciones de derechos de la mujer, incluida la nuestra, en esta comisión y diputados de la izquierda. Todos estamos recogiendo firmas, y para esto no habrá ningún problema porque hay más de 100.000 personas que apoyan la idea. Así que el proyecto de ley se presentará con toda seguridad en el Parlamento, pero luego no sabemos qué va a pasar. Tengo grandes esperanzas de que sea votado cuando pueda obtener suficiente apoyo de los diputados. Reunir las firmas es importante porque moviliza a la sociedad en torno a un objetivo común. Es un símbolo de nuestro trabajo y un proyecto jurídico concreto que puede llevar a un cambio en la legislación. Actuamos en todos los niveles.

La sentencia sobre el aborto procede del mismo tribunal que ha rechazado recientemente que la legislación de la UE esté por encima de la nacional. ¿Qué opina de esta decisión?

Soy abogada de derechos humanos y una persona para la que los derechos fundamentales tienen una importancia primordial. Por eso, cuando veo hacia dónde va mi país, siento que no tengo nada que compartir con él. La ley se está utilizando como herramienta política para imponer la estrategia del partido en el poder. La ley debería servir como herramienta para proteger los derechos de las personas, no para oprimir a los ciudadanos. Y en el caso de nuestro Gobierno, se está utilizando para restringirlos y cada vez va más lejos. Es decepcionante. Parece que la ley no tiene fuerza en mi país. Solo tiene fuerza política.

Piden a la Comisión Europea y al Consejo que actúen para ayudar a las mujeres polacas. ¿Cómo deberían hacerlo?

Las instituciones de la UE deberían utilizar todas las herramientas disponibles ahora mismo en muchos niveles. En el plano jurídico institucional, utilizando el artículo 7 del Tratado de la UE. Pero se trata de una herramienta política, por lo que puede ser complicado movilizar a los Estados miembros.

El dinero es importante a la hora de hablar con Polonia. El dinero debe redirigirse, porque el Gobierno lo está utilizando contra los ciudadanos con frecuencia. No protege nuestras vidas, nuestra salud ni nuestro bienestar. Las organizaciones de la sociedad civil y los propios ciudadanos están del lado de los valores de la UE y es ahí donde debería ir el dinero. Polonia entró en la Unión no solo como parte del mercado común, sino también de la comunidad de valores que nuestro país está violando descaradamente ahora. La UE se ocupa ahora de la crisis del Estado de derecho en Polonia, pero a veces parece pasar por alto que la consecuencia de esta crisis y de las instituciones estatales disfuncionales son las violaciones de derechos humanos y la prohibición del aborto es, por desgracia, un buen ejemplo de ello. No hay protección de los derechos en un Estado de derecho que ha caído. La UE tiene que actuar ya al respecto. 

La prohibición del aborto es casi total en Polonia y esto crea un riesgo tan grande para la vida y la salud de las mujeres que la UE no puede decir más que no tiene competencia sobre ello. El Parlamento Europeo ya ha dicho que el derecho al aborto es un derecho humano, pero esto debería ser reconocido y debería entrar en las políticas sanitarias de la Comisión, sobre todo, que sigue siendo muy reticente. Ya no bastan las declaraciones ni las muestras de preocupación. Hay que actuar de verdad porque Polonia es ahora una gran prueba para toda la UE. si no hay una reacción real a lo que está pasando en Polonia, habrá muchos países que le seguirán. Hay muchas fuerzas en la Unión que están en contra de la integración de la UE. Tendrá un efecto dominó.

A nivel mundial, hay ejemplos opuestos, como Argentina y Texas. ¿Qué lecciones deja la experiencia de Polonia? ¿Es el aborto un derecho en constante riesgo?

Se trata de una lucha global de las mujeres. Hay países hasta en Europa en los que, sobre el papel, el aborto es accesible pero hay algunas barreras. Mire Italia y muchos otros países europeos occidentales y cómo se abusa de la objeción de conciencia, mire los intentos en Eslovaquia de restringir el acceso al aborto.

Esto demuestra que estamos en una lucha constante. Argentina tardó 15 años en acceder al aborto legal, nosotras también lo conseguiremos. No me gusta que utilicemos esta retórica de guerra constantemente, pero, por desgracia, cuando se trata de los derechos de la mujer, y especialmente del aborto, parece una lucha constante: dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás.

Estamos interconectadas y necesitamos que la solidaridad vaya más allá de las propias fronteras. La lección es que necesitamos de verdad ser solidarias, unirnos aunque haya algunas diferencias entre nosotras, apoyarnos mutuamente en diferentes niveles. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos está bajo constante ataque. Hablamos de lo más básico y por eso nos hemos salido este viernes de nuevo a las calles de Polonia, permaneceremos unidas y continuaremos nuestro trabajo.