La región sudanesa de Darfur vuelve a vivir los horrores de la guerra que, en la primera década de este siglo, dejó al menos 300.000 muertos y unos dos millones de desplazados, por el conflicto entre el Gobierno central, apoyado por milicias árabes, y grupos rebeldes locales de distintas etnias.
Esas milicias árabes han sido acusadas de cometer nuevos ataques y matanzas de civiles, en particular en los 100 días que han pasado desde el estallido del conflicto en Sudán a mediados de abril entre el Ejército nacional y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un potente cuerpo paramilitar que surgió de los combatientes Yanyauid (“jinetes armados”), que perpetraron crímenes de guerra y contra la humanidad entre 2003 y 2008.
La ONU y otras organizaciones internacionales han acusado a las FAR y milicias aliadas de ataques contra minorías étnicas de Darfur, unas de las zonas más golpeadas por el actual conflicto armado y que, a diferencia de la capital, Jartum, está lejos de los ojos del mundo y de los focos de los medios de comunicación.
Un conflicto de tintes étnicos
“Estamos preocupados porque el conflicto parece estar adquiriendo una dimensión étnica en algunas partes de Darfur, en particular, en Darfur Occidental”, dice a elDiario.es el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seif Magango.
“Hemos escuchado múltiples testimonios que corroboran que milicias ‘árabes’ están atacando, principalmente, a hombres de la comunidad Masalit”, explica el portavoz desde Nairobi. Supervivientes de los ataques han contado que los “atacantes ‘árabes’ se han referido a sus víctimas como esclavos y les han dicho que Sudán no es su país”, agrega.
Esta oficina de Naciones Unidas ha confirmado el hallazgo de una fosa común a las afueras de la ciudad de El Geneina, la principal de Darfur Occidental, con 87 cuerpos de víctimas de la etnia Masalit. “Solo podemos confirmar con seguridad la fosa común de la que nos han hablado testigos y las 87 personas que nos dijeron que están enterradas. No podemos descartar la presencia de otras fosas comunes debido al elevado número de muertes registradas en Darfur Occidental”, admite Magango.
Los testimonios recogidos por Naciones Unidas señalan que “los enterrados en la fosa común fueron asesinados por las FAR y sus milicias aliadas entre el 13 y el 21 de junio, en los distritos de Al Madaress y Al Jamarek de El Geneina”. Todo apunta a que las víctimas fallecieron en la ola de violencia que sacudió la zona después de la muerte el 14 de junio del gobernador de Darfur Occidental, Khamis Abbaker, que había sido arrestado por las FAR.
La misión de asistencia de la ONU en Sudán (UNITAMS) condenó el asesinato del líder político e informó que las FAR habían negado a la propia misión tener nada que ver con su muerte. Sin embargo, en un comunicado pidió a las FAR y a todas las partes beligerantes “cesar inmediatamente las operaciones militares” y “abordar la creciente violencia étnica” para prevenir que la situación desemboque en “un conflicto a gran escala”.
También el representante especial de la ONU en Sudán, Volker Perthes, ha admitido estar “especialmente alarmado por la situación en El Geneina tras varias oleadas de violencia desde finales de abril que cobraron dimensiones étnicas”.
En un comunicado de mediados de junio, coincidiendo con la escalada de la violencia, alertaba de que “está surgiendo un patrón de ataques selectivos a gran escala contra civiles con base en su identidad étnica, presuntamente cometidos por milicias árabes y algunos hombres armados con uniforme de las Fuerzas de Apoyo Rápido”. El representante afirmó que esos ataques “podrían constituir crímenes contra la humanidad”.
Crímenes contra la humanidad
Y es que no sería la primera vez que las FAR son acusadas de esos crímenes y otros. La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya ha acusado a varios cabecillas de los Yanyauid por su papel en la guerra de Darfur, como Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman, que se entregó en 2020 y fue trasferido a ese tribunal para ser juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad. La corte internacional emitió una primera orden de arresto contra él en 2007 por su responsabilidad en los crímenes perpetrados entre 2003 y 2004, cuando estaba al mando de miles de guerrilleros en Darfur.
El propio expresidente de Sudán, Omar Al Bashir, derrocado en 2019 por una revuelta popular tras 30 años gobernando el país con puño de hierro, es reclamado por la corte internacional por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio cometidos en Darfur. El mandatario quiso imponer su control sobre la región y someter a la población de etnia y lengua no árabes, y para ello contó con los despiadados Yanyauid, que posteriormente se transformaron en un un poderoso cuerpo paramilitar que respondía directamente a la Presidencia sudanesa.
“Si la tan repetida frase 'nunca más' tiene algún significado, debe tenerlo aquí y ahora para la gente de Darfur, que ha vivido con la incertidumbre y el dolor, y las heridas del conflicto durante casi dos décadas”, declaró a mediados de este mes el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.
Según Khan, “la ausencia de una justicia significativa en Sudán, por los graves crímenes cometidos en Darfur hace 20 años, ha sembrado las semillas de la desgracia actual de muchos habitantes de Darfur”. Por ello, dijo que la corte internacional ya está investigando la matanza de 87 personas documentada por la ONU y otras denuncias de saqueos, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y quema de casas en Darfur occidental y septentrional.
En la región norteña de Darfur, la más amplia de las cuatro que componen este vasto estado sudanés, la ONG Médicos Sin Fronteras apoya el Hospital del Sur, donde ha atendido a más de 1.000 heridos desde el estallido del conflicto el 15 de abril.
A ese hospital llegan unos diez heridos de guerra al día y unos cinco son sometidos a operaciones. Médicos Sin Fronteras relata en un comunicado que muchos de los pacientes “han llegado en condiciones críticas y algunos dijeron que, debido a la situación de seguridad, tardaron una semana en llegar hasta el hospital”, ubicado en la ciudad de El Fasher.
La asesora especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Alice Wairimu Nderitu, también se ha referido a las denuncias de ataques y ha alertado de que la violencia en Darfur occidental “puede desembocar en nuevas campañas de violaciones, asesinatos y limpieza étnica”.
En un comunicado de junio afirmó que cientos de personas han muertos y muchas más han resultado heridas en choques entre diferentes tribus en Darfur occidental, que han incluido saqueos y la quema de casas, así como un ataque contra el hospital de El Geneina. La asesora señaló que, en medio del éxodo de civiles de la zona, las viviendas de miembros de la comunidad Masalit han sido ocupadas por árabes.
Una ciudad destruida
La organización Human Rights Watch ha documentado un ataque masivo de las FAR y milicias árabes aliadas contra la localidad de Misterei, en Darfur occidental, donde residían decenas de miles de miembros de la etnia Masalit. En el ataque, el 28 de mayo, al menos 40 civiles fueron asesinados por los milicianos, que saquearon sus propiedades y prendieron fuego a sus casas, quemando la mayor parte de Misterei hasta los cimientos, tal y como relata la ONG internacional. En ese mismo periodo, al menos otras seis localidades fueron quemadas.
La directora para el cuerno de África de la ONG, Laetitia Bader, detalla en una entrevista con elDiario.es que, durante el ataque a Misterei, al menos 28 hombres Masalit fueron “ejecutados sumariamente”: 26 de ellos, en un colegio donde se habían refugiado los civiles y en el que los guerrilleros irrumpieron y buscaron a los hombres para matarlos.
“Estos crímenes son crímenes de guerra”, denuncia Bader, quien no descarta que haya habido más “ataques y abusos similares”. “Hay una tendencia prolongada en el tiempo de este tipo de ataques en Darfur occidental, que se está viendo agravada y está yendo a peor en esta región desde el estallido del conflicto en Sudán” hace tres meses y medio, asegura.
Las evidencias recogidas por Human Rights Watch apuntan que el de Misterei fue “un ataque contra una etnia”, según Bader. Por ejemplo, los asaltantes preguntaron a sus víctimas: “¿Por qué sigues aquí?”, en referencia a que ya habían sido expulsadas de otras áreas, explica la defensora de derechos humanos.
Relata que, desde la retirada de la misión de paz conjunta de la ONU y la Unión Africana en 2019, ha habido “una serie de ataques muy graves por parte de milicias de las comunidades árabes y de las FAR contra los Masalit, en concreto, contra los campamentos de desplazados” de esta minoría, que ya había sido blanco de la violencia años atrás.
“Muchos de los abusos y vivencias que estas comunidades están experimentando recuerdan los abusos que fueron cometidos contra las comunidades no árabes en los primeros años 2000 en Darfur”, dice Bader.
Human Rights Watch entrevistó a 29 supervivientes del ataque de Misterei que huyeron a Chad, país con el que comparten frontera Darfur Septentrional, Occidental y Central. También habló con otros 37 refugiados de diferentes partes de Darfur occidental, incluida la ciudad de El Geneina, que relataron abusos parecidos a los que sufrieron los primeros.
De hecho, la violencia en Darfur ha empujado a muchos de sus habitantes a cruzar la frontera y, desde el pasado 15 de abril, más de 300.000 personas han huido a Chad, que se ha convertido en el país que acoge a más refugiados por el conflicto en Sudán (el 36,5%), según la Organización Internacional para las Migraciones. También dentro de Sudán, casi 700.000 personas han abandonado sus hogares en los estados de Darfur para ir a zonas más seguras y representan cerca del 26% de todos los desplazados internos.
“Muchos de los abusos que han estado ocurriendo en Darfur están directamente relacionados con la impunidad por violaciones muy graves que ocurrieron allí. Aunque algunas se han ido, muchas de las fuerzas que actúan en Darfur son las mismas que usó el Gobierno para atacar a las comunidades no árabes” durante la guerra entre 2003 y 2008, según Bader.
“La impunidad es inherente al ciclo de violencia que estamos viendo ahora”, dice. Sin embargo, lamenta, “la respuesta internacional no refleja la gravedad de lo que está pasando”.