Todos los días a las 16:30 horas, Virginia Laparra se mete en la ducha para no escuchar el candado. Ese ruido significa que ya no puede salir más al pequeño espacio donde entran algunos rayos de sol, donde puede leer o estirar las piernas, en la cárcel de máxima seguridad de Ciudad de Guatemala donde cumple condena. A esa hora, cuentan a las presas y vuelven a cerrar la puerta para que no salgan durante la noche. Entonces, suena el candado. Un día más. Ya lleva 19 meses en prisión.
“Su condición clínica se está agravando. Antes de ser detenida, presentaba un cuadro de claustrofobia. El nivel de estrés, ansiedad, depresión y otras enfermedades emocionales aumenta”, dice en una entrevista con elDiario.es Wendy Geraldina López, abogada guatemalteca y defensora de derechos humanos de la comunidad maya kaqchikel, durante una visita a Madrid.
López forma parte del equipo de defensa legal de Laparra, exfiscal anticorrupción condenada a cuatro años de prisión por un delito de abuso de autoridad tras un proceso que, según han documentado entidades como Amnistía Internacional (AI), no tiene fundamento y estuvo plagado de irregularidades. Hace pocos meses, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que la de Laparra es arbitraria y exigió su liberación, mientras que AI considera que se trata de una presa de conciencia y está encarcelada en represalia por su labor de investigación de casos de corrupción.
“No ha cometido ningún delito”
La exfiscal fue detenida a la salida de su trabajo a finales de febrero de 2022. “¿Por qué una orden de captura? Nada más que para tenerla en prisión, que fuera ese trofeo”, dice López. Laparra era jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, al oeste de Guatemala, y había trabajado con representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo independiente respaldado por la ONU y disuelto en 2019, que había cooperado con la Fiscalía para desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.
La abogada guatemalteca necesita sacar papel y boli, y dibujar un esquema para aclarar la maraña de procesos judiciales en contra de la exfiscal Laparra. Son al menos dos y se desprenden de su denuncia contra un juez por compartir información confidencial en 2018. “No debería ser considerado delito, al contrario, no denunciar sería también delito. Ella no ha cometido ningún delito”, dice la abogada, quien señala que el caso estuvo “en manos de jueces corruptos” y hubo una “violación al derecho de defensa”.
¿Cuándo quedará en libertad? El equipo legal, según explica la letrada, deposita su esperanza en dos opciones diferentes. En el mejor de los casos, obtener la llamada revisión de las medidas de coerción, es decir, “que se evalúe que, por la pena y el delito, puede enfrentarse al proceso” desde su casa con su familia, que salga de la cárcel y espere la resolución del recurso de casación presentado ante la Corte Suprema de Justicia. La otra opción es que salga en unos cinco meses por la aplicación del beneficio de la mitad de la condena.
Mientras que el primer escenario le da la oportunidad de seguir con su defensa, el segundo, según considera su equipo, equivale “prácticamente a aceptar la condena”. “No queremos aceptarla porque nos parece totalmente injusto. Saldría siendo culpable”.
No obstante, también muestra cierto escepticismo sobre el futuro del recurso de casación. “Virginia representa una enemiga política para los magistrados de la Corte Suprema, tiene mucha información de cómo se manejaba el sistema de Justicia”. La abogada muestra una fotografía de la exfiscal, con gesto sonriente y custodiada por cuatro guardias del sistema penitenciario. “Siempre va con un fuerte equipo de guardias del sistema penitenciario, siempre es bajo estas condiciones. Si eso no es silenciar, ¿qué es?”.
Denuncia, asimismo, que Laparra tiene visitas limitadas en la cárcel, no puede hablar con su familia –que no vive en la capital– y tardaron cuatro meses en tratarle una enfermedad ginecológica.
A finales de agosto, el equipo jurídico de Laparra sufrió un nuevo revés con la detención de Claudia González, que ejercía su defensa legal junto a López –así como del también fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. González, que trabajó en su día para la CICIG, está también procesada por un supuesto caso de abuso de autoridad. “Es únicamente el deseo de tenernos en prisión, todo ello revestido de legalidad. Tenemos un común denominador, somos abogadas. Incluso yo tengo procesos en mi contra, en mi caso por defender a Virginia. ¿Cuándo me va a tocar a mí?”, pregunta López.
¿Teme ser detenida también? “No sé lo que puede pasar. Mi denuncia lleva nueve meses y no hay nada. En Guatemala es delito hasta que respiremos”, responde. “Somos defensoras, somos abogadas. No soy una criminal y ellas tampoco son criminales como para hacer este tipo de acciones”, dice. “Hay toda una red de corrupción. Estar en contra de toda esa estructura estatal es ser opositor y están persiguiéndonos por eso”.
Tres opciones
La abogada es clara al enmarcar los procesos de “criminalización” de sus compañeras en la campaña de persecución de profesionales jurídicos, entre ellos los que trabajaron o cooperaron con la CICIG, lo cual ha despertado la preocupación de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas –este último ha criticado la “continua erosión del Estado de Derecho” en Guatemala.
López explica que decenas de fiscales, jueces y magistrados que han contribuido a la lucha contra la impunidad están siendo criminalizados desde el año pasado. “Guatemala nos ofrece tres opciones: exilio, cárcel o muerte civil. Con la muerte civil, logran que se silencie tu voz y que, incluso estando vivo, te desaparezcan de todo el entorno social y estés recluido en el peor de los olvidos para que ya no existas”, dice la letrada.
“Hay varios patrones: nos ven como enemigos políticos; la Fundación Contra el Terrorismo y la Procuraduría General de la Nación se encargan de presentar las denuncias contra los fiscales o los exoperadores de Justicia; desconocen totalmente todo tipo de pronunciamiento de organismos internacionales; hay un respaldo total por parte de la Corte Suprema de Justicia, que vemos coludida con el Congreso de la República, el Ministerio Público y, obviamente, el Gobierno central, que no se pronuncia y tacha de injerencia internacional, la observación del debido proceso por parte de los entes internacionales”.
“Necesitamos que los ojos del mundo miren a Guatemala, que nos apoyen”, dice la abogada, que antes de viajar a Madrid en septiembre pasó por Ginebra. “Reclamo que haya un debido proceso y que los gobiernos fiscalicen de una mejor forma los fondos que se dirigen a nuestro país”. Denuncia que muchos compañeros “han recibido amenazas directas del 'pacto de corruptos'”, que define como el grupo de actores –jueces, magistrados, diputados, funcionarios– que están al servicio de mantener la corrupción en el país centroamericano.
“Estamos en un momento de autoritarismo”
La defensora guatemalteca expresa asimismo su preocupación por el momento político que atraviesa el país, que también ha sido objeto de condena por parte de la comunidad internacional. Desde que el candidato progresista Bernardo Arévalo de León avanzó a la segunda vuelta por la presidencia, la Fiscalía ha intentado inhabilitar su partido, Semilla. Arévalo de León se impuso en las elecciones el 20 de agosto, pero ha suspendido temporalmente el proceso de transición después de que la Fiscalía actuara contra el Tribunal Supremo Electoral en lo que él ha calificado como “un golpe de Estado”.
“Estamos en un momento de autoritarismo. Hay una explicación probablemente política y es que la persona que ganó, en este caso Bernardo Arévalo, no va a cambiar el Estado de la noche a la mañana, pero sí va a fijar los pilares que pueda establecer un Estado democrático, una base para que se pueda refundar. Es la esperanza de todos”, dice López. “Semilla representa esa voz de Guatemala, ese grito de que estamos cansados, el despertar de muchos jóvenes y también de muchas personas adultas”.
Precisamente, esta semana se han registrado protestas encabezadas por comunidades indígenas en varios puntos del país, en contra de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, que ha sido sancionada, junto al resto de la cúpula de la Fiscalía, por Estados Unidos por “socavar” la Justicia en su país desde 2021. Los manifestantes piden ahora su dimisión por intentar interferir en el resultado de las presidenciales, después de que la semana pasada la Fiscalía decomisó cientos de actas de votos de los comicios, en un nuevo allanamiento –el cuarto– del Tribunal Supremo Electoral.
Está previsto que Arévalo de León, junto a su compañera de fórmula, Karin Herrera, tome posesión el próximo 14 de enero. Pero a la abogada le cuesta ser optimista sobre la transición debido a las acciones de la Fiscalía. “Hay una consigna dentro del país: o se da la toma de posesión o el pueblo se levanta. Y ese levantarse creo que va a traer mucha sangre. Sería lo peor”, dice.
“Alejandro Giammattei ha dicho que va a entregar el poder el 14 de enero a quien sea, y eso es muy peligroso. Si legalmente Semilla no está, ¿a quién se lo va a entregar? ¿Al Congreso? En Guatemala se escucha que puede ser al diputado del partido oficial Manuel Conde. No me atrevo a decir si se dará o no la toma de posesión de Arévalo”.