Accidente mortal en Nalda: La Fiscalía defiende la “voluntad de matar” del acusado y la defensa dice que fue “culpa exclusiva” del fallecido

El Ministerio Fiscal ha visto hoy, en su informe final, “claramente” demostrada la intención de D.S de provocar el accidente mortal ocurrido el 27 de julio del 2018 en la N-111, a la altura de Nalda. “Fue a alcanzarle, estamos ante una voluntad de matar”, ha aseverado.

En la última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial desde el pasado miércoles, la fiscal ha pedido al jurado popular que se base en la “realidad material”, no en “suposiciones”, y “no entren en el juego de la duda” porque “si hubiera habido un adelantamiento incorrecto por error”, el acusado “hubiera rectificado” y no lo hizo.

En la sesión de hoy, el Ministerio Fiscal, tras reconocerle las dos atenuantes, ha rebajado a once los trece años de cárcel que pedía en un inicio. En cuanto a la acusación particular, pide quince y ha añadido “temeridad manifiesta”.

Esta última, además, pide que, si el jurado no entiende que ha sido un homicidio doloso, se le aplique una pena de cinco años por homicidio imprudente. En cuanto a las dilaciones, ha considerado que “han sido causadas por la defensa” que llegó a no comparecer en un acto y, por tanto, ha rechazado que se le aplique esta atenuante. Tampoco acepta que se pueda aplicar la atenuante de alcoholismo porque, “en cualquier caso, además iba bebido”.

“El mal existe”, ha clamado la fiscal buscando una explicación “a lo inexplicable”, porque “el dolor que ha causado” es inasumible. Así, ha señalado, ese día, cuando invadió el carril contrario, “quiso llevarse por delante a quien venía”, por lo que “podría haber matado a una familia completa”.

Ha pedido al jurado que “no se dejen embaucar” por la defensa, que mantiene que el siniestro “tuvo que ver con la actitud de la víctima”. Así, ha destacado, ésta “fue vista a lo lejos por un testigo”, que dijo que “venía correctamente” y le fue “imposible evitar la colisión por la voluntad del acusado, que fue a cazarlo”.

En cuanto a si pudo, la víctima, hacer algún “adelantamiento inadecuado” antes, como dijo un testigo, ha apuntado que “eso es ajeno” a lo que ocurrió, “no cambia el siniestro”. Tampoco el cannabis que se le pudiera encontrar en sangre, porque “la invasión completa” de la calzada “la hizo el acusado”. Ha pedido al jurado que “no les hagan ver que” la víctima “acababa de adelantar un coche porque es imposible” que, de haber sido así, no hubiera “más vehículos implicados” en el siniestro.

El testigo que el accidente, ha relatado, “no se inventa nada” y, así, en la calzada no quedó “huella de frenada” por parte del acusado, como se vio en la pericial de la Guardia Civil, porque, ha aseverado, el acusado “quería llevarse por delante” al otro conductor. “Escucharon cómo el testigo se expresaba, dijo que” el acusado “iba buscando un accidente, lo tenía clarísimo”, ha indicado preguntando “qué interés” podía tener el testigo. Además, momentos antes, ha recordado, “se puso delante” a este testigo “de forma brusca, sin intermitentes”.

Incluso, ha recordado, el juez que hizo la instrucción hablaba de homicidio doloso. De este modo, ha visto, “si alguien tenía en la cabeza que podía ser un accidente, quítenselo”, aunque “es desagrable pensar que alguien puede intentar matar para suicidarse”.

La fiscal ha reconocido que “la instrucción” del caso “es francamente mejorable”, porque su desarrollo “coincidió con la pandemia” y, después, con la huelga de letrados y la instrucción no estuvo lista hasta noviembre del año 2023 (cuando el suceso era de julio del 2018). Son circunstancias que van “acumulando plazos” y, por eso, le reconoce al acusado la atenuante de dilaciones. También, que “al hacer la barbaridad que hizo estuvo influenciado por el alcohol” y, por eso, le reconoce la atenuante de alcoholemia.

Acusación particular: “Hablan las pruebas”

La abogada de la familia, por su parte, ha considerado que tenía “poco que decir porque han hablado las pruebas”. Para esta letrada, “sólo hay una verdad” y, frente a ésta, como el acusado “tiene derecho a mentir lo ha hecho, diciendo que no se acuerda de nada”. “No nos liemos”, ha añadido, “las intenciones internas del acusado no las podemos tener pero da igual si el accidente fue por suicidarse, por mala leche o porque estaba enfadado ese día”. Lo importante, ha visto, es que “no fue una maniobra de adelantamiento”.

Al testigo del accidente, ha resaltado, “no le tembló la voz y es un ciudadano cualquiera” y “dijo que el único que podría haber evitado el accidente, igual que lo provocó, es el acusado”. Con respecto a que la víctima diera positivo en cannabis en una analítica en sangre, ha indicado que “el porro se lo podía haber fumado tres días antes” del accidente. Además, “la maniobra fue tan a la caza” por parte del acusado que no había posibilidad de reacción por parte de la víctima.

El dato objetivo es que el acusado, ha seguido, dio 0,52 de alcohol en sangre a las 18,14 horas, en el hospital. A este respecto, durante el juicio, la defensa ha discutido el error de la Guardia Civil para calcular el alcohol en sangre en el momento del accidente, que sería 0,66 y no 0,72 como figuró en el informe.

En cualquier caso, ha quitado importancia a este hecho rechazando que pudiera ser un atenuante (como dice la fiscal) porque “no hay otra causa” del accidente “que la voluntad del acusado” y así ha quedado “claro en el informe técnico”.

“Da igual 0,66 que 0,72, los hechos han estado acreditados, fue una invasión de la vía intencionada”, ha espetado resaltando cómo los agentes de la Guardia Civil vieron que fue una “maniobra sorpresiva” del acusado.

Abogado de la defensa: “El informe de la Guardia Civil estuvo teledirigido”

El abogado de la defensa de D.S, al que Ministerio Fiscal y acusación particular acusan de homicidio doloso tras el siniestro ocurrido el 27 de julio del 2018 en la Nacional-111, a la altura de Nalda, en el que falleció un joven de 31 años, ha señalado que la Guardia Civil “encaminó” las pruebas para acusarle.

En la recta final del juicio, el letrado ha defendido que los agentes hicieron el atestado con “una investigación inductiva, no deductiva” en base al hecho de que el acusado presentaba, en la analítica, un consumo de alcohol y benzodiacepinas, afirmando que el informe estuvo “teledirigido y manipulado por error”. Para el letrado, los agentes “cogen la declaración de un testigo y obvian” algo en lo que él ha mostrado su “convencimiento”, como es que el conductor fallecido “pudo tener la culpa exclusiva”. Sin embargo, “todo va encaminado” a su defendido y, de este modo, se centran en el relato de uno de los testigos, el que lo define como “un kamikaze drogado”.

Luego los agentes, en su declaración en el juicio, “van a defender su informe sea como sea”; pero, en su opinión, “hay cosas que llaman la atención” como el lugar del impacto (parte derecha del coche del acusado y parte izquierda el del fallecido) que, para este letrado, es consecuencia de que el vehículo del fallecido venía de adelantar un camión.

También ha afeado que no se tenga en cuenta la velocidad que podría llevar el coche del fallecido que, en su opinión, era mayor tras adelantar al camión y por eso desplazó al vehículo del acusado tras el impacto. Ha calificado de “desfachatez” que sólo se considere “relevante” el testimonio del conducto que calificó de “kamikaze” al acusado. De este modo, se ha preguntado si “no cabe posibilidad de que hiciera una maniobra temeraria” el fallecido “y chocara con” el acusado mientras éste estaba “adelantando”.

Ha sumado que el acusado “iba entre 80 y 100 kilómetros por hora”, considerando que no es velocidad para alguien que va a suicidarse y añadiendo que llevaba el cinturón puesto. “Les pido criterio, la Guardia Civil no lo ha hecho bien”, ha clamado al jurado popular. Para el abogado, todo esto hace pensar que “a lo mejor no hubo concurrencia de culpa”, como alegó el primer día del juicio “sino culpa exclusiva” del fallecido y el acusado se lo encontró cuando intentaba adelantar.

Con respecto al testigo que hizo un relato del accidente, ha visto que “lo que ha contado es una película; su película” con “datos que sólo se soportan en la confabulación”. Lo que cuenta, ha dicho, son “sensaciones” de un “justiciero de la carretera” que llega hasta a “señalar” al acusado en el juicio. “Este señor ha mentido y ha quedado probado”, ha dicho relatando que en su primera declaración, el 2 de agosto, “no vio” el coche del fallecido “hasta momentos antes de la colisión” y “nueve meses después dice que fue a cazarlo”, con lo que “cambia de forma sustancial”.

También ha pedido al jurado popular “valorar” que el hospital no hizo, para este abogado, la prueba de alcohol y sustancias por motivos terapéuticos, como afirmaron los sanitarios, sino para el informe de la Guardia Civil, a pesar de que no había consentimiento del juez, por lo que no debería tenerse en cuenta.

“Habrán mirado el periódico estos días”, ha dicho a los miembros del jurado con la “esperanza y creencia de que no se van a dejar influenciar por lo que se ha podido leer, que ofrece sesgos importantes, porque sólo se ha escrito lo que va en perjuicio del acusado”. También, de que no van a “sacralizar a los agentes de la autoridad”. “No crean que sea dogma de fe lo dicho por la Guardia Civil”, ha dicho pidiendo tener en “cuenta que tiene sesgos, carencias y errores”.

En este sentido, el abogado de la compañía aseguradora ha pedido al jurado que “sopesen todas las circunstancias del accidente de ambos conductores, cómo estaba conduciendo cada uno”.

El letrado se ha referido al hecho de que un testigo alegara que el fallecido “circulaba bastante pegado intentando adelantar todo el tiempo y realizando una conducción arriesgada”. Este testigo, que no ha querido declarar en el juicio al afirmar que había pasado mucho tiempo y no recordaba lo que sucedió, dijo que el fallecido, en su circulación antes del siniestro, hizo un “doble adelantamiento muy apurado”, provocando que los que venían en dirección contraria se echaran hacia un lado.

Por último, el abogado del padre del acusado ha advertido de que, en caso de que tenga que hacerse responsable subsidiario por ser el propietario del coche que conducía su hijo, esto supondrá su “muerte civil”. Ha defendido que “ha actuado con diligencia, como buen padre de familia” y esto “no significa que tenga que vender el coche, o poner un vigilante” porque “queda claro que existía un prohibición de utilización” del coche, alegando a un “error de transcripción o comunicación” que en el informe de la psicóloga apareciera que le reclamó que le devolviera el coche.

Por último, ha apuntado que en el análisis de la víctima aparece, además de THC, otra sustancia, que son moléculas cuando metabolizando, que se ha consumido cannabis con anterioridad.