El Gobierno de Siria ha constituido, por orden del presidente Bashar al Assad, una comisión judicial que deberá llevar a cabo las “investigaciones inmediatas” sobre la muerte de “civiles y militares” en las localidades de Deraa y Latakia, los dos epicentros de las movilizaciones antigubernamentales.
La comisión “se someterá a las disposiciones legales en vigor” y tendrá “derecho a contar con los recursos que considere adecuados para cumplir su misión y reclamar cualquier información o documento”.
Aparte, el Gobierno ha creado otra comisión, también por orden de Al Assad, cuya misión será estudiar “el problema del censo de 1962 en Hassaka”, una región del este de Siria en la que alrededor de 150.000 kurdos se han visto privados de la nacionalidad siria a causa, precisamente, de aquel censo.
La revisión del censo en Hassaka fue recomendada en el último congreso del partido único del país, el Partido Baaz Árabe Socialista. La comisión debe haber concluido sus tareas antes del 15 de abril.
Además Bashar al Assad, ha ordenado una comisión jurídica que deberá preparar, antes del 25 de abril, una nueva legislación que garantice la seguridad y la lucha contra el terrorismo como “paso previo para la anulación de la ley de emergencia”.
Hace justamente una semana, Al Assad se comprometió a estudiar “lo antes posible” el levantamiento del estado de emergencia y a poner en su lugar nuevas leyes que garanticen la seguridad. Asimismo, se comprometió a elaborar una nueva ley de partidos y una nueva ley de prensa.