Amnistía Internacional (AI) , Fundación per la Pau , Greenpeace e Intermón Oxfam , mediante la campaña “Armas bajo Control” alertan de que la crisis económica de nuestro país pueda provocar un aumento de la venta de armas a destinos irresponsables de su uso. Esto se hace tangible en un análisis que han realizado de las exportaciones de armas de España en el primer semestre de 2010.
Durante estos seis meses, en España se han exportados más de 900 millones de euros en armas, más del doble que en 2009 en el mismo periodo , la tendencia puede ser ascendente y suponer que al final de año se llegue a los 2.000 millones de euros. Esto indica la tensión entre los intereses de la industria española de defensa, que han visto el descenso de sus ventas internas, y el artículo 8 de la Ley 53/2007 , aprobada desde hace tres años y que habla del comercio de armas estableciendo limitaciones para permitir la exportación a países donde las armas son usadas para violar los derechos humanos, o en acciones que perturben la paz, estabilidad o seguridad.
El informe resultante del análisis realizado por los cuatro Organismos con ayuda técnica del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) , concluye con cifras y un estudio del contexto actual preocupante. Ya que con la crisis el Ministerio de Defensa tiene menor capacidad de adquirir armamento y de producción en el sector.
En este contexto en que se quiere consolidar este imperio industrial, que factura 3.600 millones de euros a través de 850 empresas y 18.000 empleos, el Gobierno y las empresas apuestan por el incremento de las exportaciones sin medir consecuencias. De esta manera se puede suponer que priman más los intereses comerciales frente a lo estipulado en la Ley 53/2007 la cual establece los límites en el comercio de armas, y que podrá denegar la autorización de las exportaciones en caso de que existan indicios razonables de que puedan ir destinados a territorios en conflicto o que puedan ser empleadas para violar los derechos humanos.
El informe indica que un 42,3 % corresponde a ventas a países pertenecientes a la UE y de la OTAN y el 57,7 % se reparte entre 60 países, entre los cuales están Arabia Saudí, a quién se vendió productos de defensa españoles por valor de más de 453.000 euros, especialmente en munición y paracaídas; Colombia, se ha vendido más de 285.000 euros, pese a su grave conflicto armado interno; Israel, que ha recibido más de 3,2 millones de euros en diferentes tipos de material, incluyendo proyectiles y municiones; Marruecos, ha adquirido material por valor de 4,1 millones de euros; Pakistán casi 115.000, entre otros.
En todos estos países existen conflictos internos donde se violan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegura Amnistía Internacional.
Las organizaciones ante esta situación piden dar información sobre las exportaciones con antelación para poder comprobar si hay operaciones en marcha e información de todo el material y su uso que se transporta. Además, solicitan reforzar el control de las exportaciones a destinos considerados preocupantes con mejor criterio para aprobar o no las transferencias, modificar la ley para que en caso de que una autorización previamente aprobada se pueda denegar si la situación del territorio de destino empeora y hacer un seguimiento del material en el país de destino mediante mecanismos del Gobierno.