El PSOE y CIU han acordado que cuando entre en vigor la subida general del IVA el próximo 1 de julio, se aplicará el tipo superreducido del 4 por ciento a las prestaciones económicas vinculadas a los servicios de dependencia, es decir, a aquellos servicios privados que se contratan con fondos del sistema de la dependencia.
Así lo ha anunciado en el Congreso el portavoz adjunto de CIU, Josep Sánchez Llibre, que ha indicado que la modificación se acometerá en las próximas semanas en alguna de las iniciativas que se tramitan actualmente en el Senado.
Llibre ha intervenido en el pleno de la Cámara Baja durante el debate de toma en consideración de una proposición de ley del PP para aplicar esta medida a todos los servicios de dependencia, sean concertados o privados.
Por tanto, el IVA superreducido se aplicará, además de a los servicios concertados, a la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio
cuando no sea posible el acceso a uno público o concertado de atención y cuidado, según establece el artículo 14 de la Ley de Dependencia.
Sánchez Llibre ha justificado el acuerdo diciendo que de lo que se trata “es de ser práctico”, de modo que “la iniciativa no se quede en los cajones de la Cámara esperando la venia de sus señorías”. Según explicó, en caso de que se tomara en consideración la proposición de ley defendida esta tarde por el PP, ésta no se aprobaría hasta el final del próximo periodo de sesiones.
Ante esta situación, Llibre ha recalcado que su grupo “ha optado por intentar llegar acuerdo con el Grupo Socialista para recoger el espíritu de los acuerdos de Zurbano”. “Nos podemos congratular todas las formaciones políticas porque existe este compromiso y riguroso de presentar esta enmienda en el Senado y que vuelva al Congreso antes del 30 de junio”, ha añadido.
Al margen del acuerdo, la proposición de ley que traía a la cámara el Partido Popular solamente ha recabado el apoyo del PNV, pues CIU se abstendrá mientras que el PSOE y las formaciones de izquierdas votarán en contra.
Así, el diputado socialista José Javier Mármol (tras confirmar el acuerdo alcanzado con CIU) ha preguntado al PP si la rebaja del tipo a las entidades privadas rebajaría los precios al consumidor final. “Creo que deberíamos de estar de acuerdo en que no existe ninguna garantía”, ha añadido.
En cualquier caso, ha señalado que la proposición de ley del PP tendría un coste de 60 millones de euros y reclamó a este grupo parlamentario que “si tan prioritaria es la Ley de Dependencia” pidan a “sus compañeros de Madrid, Valencia o Murcia que apliquen la ley y no la boicoteen”.
Por su parte, la diputada del PP Lourdes Méndez Monasterio ha defendido su texto diciendo que supondría “un ahorro para la administración”. “La bajada del IVA al 4 por ciento crearía empleo”, ha añadido.
Con todo, Méndez denunció que la subida del IVA “encarecerá la teleasistencia, los geriátricos y los centros de día”. “Las personas a las que más afecta son las que más sufrirán la crisis”, ha añadido diciendo que los pensionistas sufrirán “pérdida de poder adquisitivo”, que cifró en más de 800 euros anuales.
“Es ridículo ver a un presidente del Gobierno aferrado a un discurso que contradicen los hechos”, ha apuntado antes de señalar que “estamos ante el recorte social más grande de la democracia”.
Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá ha manifestado ante la propuesta popular que “lo prioritario debe ser lo público; lo subsidiario, lo privado concertado y luego lo privado”. “Hay lista de espera en centros concertados y existen centros privados que no tienen todas las plazas cubiertas y no se animan a concertarse”, ha agregado.
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha mostrado su rechazo a la proposición por “no estar de acuerdo con una política que se abone a la demagogia fiscal”. Así, ha criticado al Grupo Popular por “proponer un endurecimiento del concepto de estabilidad publicitaria y expender la aplicación del IVA superreducido a todas las empresas”. “Difícilmente es posible”, ha concluido.